“Que las empresas no aflojen, que mantengan la guardia alta”, dijo inspector general del Trabajo

El 13 de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) activó el operativo Trabajo Responsable, que pone el acelerador a fondo en los controles a empresas, a raíz de un incremento de casos de covid-19 en el país. 

En ese marco, se hizo una evaluación a 100 empresas en Montevideo y en el interior a los tres días de comenzar con el operativo, que arrojó que 40% de estas tenía algún tipo de incumplimiento. Cuando llegaron a 400 empresas inspeccionadas en una semana, el 56% tenía incumplimiento en algún aspecto del protocolo. Y en la segunda semana, que acaba de finalizar, el indicador se elevó a 59% para un total de 247 inspecciones. En total, en el operativo se despliegan cien inspectores.

“La situación es preocupante”, dijo a El Observador el abogado Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y la Seguridad Social. El jerarca advirtió que se entra en un “período crítico” por el arranque de la temporada estival.

Sobre las disposiciones a cumplir, apenas se decretó la emergencia, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat) dictó la resolución 52, que fueron las primeras líneas de protocolo, y días después salió la 54, con las formas de aplicación.

Los distintos sectores tienen protocolos específicos según el área de actividad, muchos de los cuales fueron definidos en consenso, como el de la construcción, en el que participaron las cámaras empresariales vinculadas al rubro, el Sunca y el MTSS. A esto se le agrega la normativa general en materia de salud y de seguridad que ya tiene el país.

A continuación, un resumen de la entrevista que Teijeiro concedió a El Observador. 

¿Cómo surgió el operativo Trabajo Responsable?
Tenemos información del Ministerio de Salud Pública sobre dónde surge la mayor cantidad de los casos de covid-19. Sabemos que la mayoría surge en ambiente intrafamiliar, en espacios vinculados al trabajo, o para laborales, como la típica juntada al salir de trabajar. En virtud de eso, resolvimos apretar un poco más las clavijas de las inspecciones, tener más presencia en la calle y por eso inauguramos el operativo Trabajo Responsable. Apuntamos a que las empresas no aflojen, que mantengan la guardia alta que tenían al principio de la pandemia. 

¿Qué resultados están viendo?
Los primeros resultados nos dieron bastante preocupación. Hicimos una evaluación a 100 empresas de distintos sectores en Montevideo y en el interior a los tres días de comenzar con el operativo, y nos dio que 40% de las empresas tenía algún tipo de incumplimiento. Cuando llegamos a 400 empresas inspeccionadas en una semana, encontramos 58% de incumplimiento en algún aspecto del protocolo. Esas 400 empresas emplean a unos 10 mil trabajadores. 

¿En qué aspectos se dieron los mayores incumplimientos?
Eso nos preocupó aún más, porque algunas empresas ni siquiera tenían protocolo, lo cual a esta altura de la evolución de la pandemia, es difícil de aceptar. También había unas cuantas empresas que no habían hecho inducción al personal, que parece algo liviano, pero no lo es. Hay empresas que no cumplen con las medidas de higiene en lugares de alta concurrencia, o falta de tapabocas, o sin respeto por la distancia mínima o el aforo. Esto nos llevó a prender varias luces de alerta, porque hay trabajadores en situación de riesgo. 

¿Cómo es el procedimiento de las sanciones?
Primero se inspecciona, se genera un acta si hay incumplimiento y se intima. A los días se vuelve a controlar sin previo aviso. El proceso administrativo va transitando y puede llevar a una multa que dependerá de la clase de incumplimiento, la cantidad de trabajadores implicados y el riesgo asumido, entre otros factores. Todo acorde a la normativa vigente.

¿A cuánto ascienden las multas?
Es variado, las multas van desde las 10 UR ($ 12.289) y pueden elevarse mucho más, según el caso. También hay que tener en cuenta que, cuando los inspectores van por el tema covid-19, si encuentran otra circunstancia que pone en riesgo a los trabajadores, también lo registran. Así entra a correr el procedimiento administrativo. Pero la pena máxima que puede haber es la clausura inmediata, si la situación es grave. 

¿Cuál el monto máximo de las multas y cuánto tiempo puede llevar un procedimiento? 
Se puede decir que el monto máximo en las multas es de 150 UR (unos $ 184.335). Lo que pasa es que no hay un sistema de infracciones estrictamente estipulado para covid-19, los casos entran en el régimen general, que tiene muchos elementos a considerar, no es sencillo. Sobre tiempos del procedimiento administrativo, si se trata de un caso de incumplimiento –digamos– estándar y sin oposición, puede estar entre los tres meses y un año. 

¿Cuántas clausuras hicieron hasta ahora?
Ninguna vinculada al covid-19 en la operativa Trabajo Responsable. Todas las empresas que incumplieron fueron intimadas y reciben un control posterior. El problema está en los granitos de arena, porque si uno va a un lugar de esparcimiento donde no se cumple al aforo, luego va al supermercado donde en la cola no se respetan distancias y después la gente se amontona en la carnicería, al final del día se suma. 

¿La gente está aflojando?
Sí, se está aflojando, se perdió el miedo original que se tenía al virus, pero esto es una causa nacional. Apelamos a la responsabilidad de las empresas y de los trabajadores.

¿Hay sectores más vulnerables en este momento?
No me gusta nombrar sectores, porque parece discriminatorio en un momento en que la economía ha sufrido mucho. Alcanza con decir que estamos entrando en la época más linda del año, la época de las fiestas de fin de año y de esparcimiento. Las empresas vinculadas con todo eso deberían poner la guardia más alta. 

¿Qué pasa con los ómnibus, en los que no se respetan las distancias entre los pasajeros? 
Ese es otro tema que preocupa y está en estudio en el Conassat. En lo que tiene que ver con esta inspección, tenemos procedimientos previstos para ver las condiciones de los trabajadores del transporte.

¿El operativo pone énfasis en otros aspectos además de los protocolos de sanidad?
Sí, aumentamos en 60% el control de temas de condiciones generales de trabajo, en comparación con el mismo período de 2019, en especial lo que tiene que ver con los instrumentos nuevos de seguro de desempleo. Allí encontramos que entre 12% y 14% de las empresas tenían alguna irregularidad a ese nivel. Básicamente lo que notamos fue un mal uso del instrumento; el trabajador que hace uso del seguro parcial, por ejemplo, termina trabajando a tiempo completo. 

¿Cuáles son los próximos pasos?
Intensificaremos los controles, aunque no está previsto aumentar el número de inspectores.