¿Qué proponen Martínez, Lacalle Pou y Talvi sobre los combustibles?

Los tres presidenciables que lideran las encuestas tienen ideas distintas sobre cómo lograr precios más competitivos que los actuales

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24 de septiembre de 2019 a las 05:04

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¿Qué conviene más? ¿Refinar o importar combustibles para abastecer al mercado local? La pregunta reaparece con asiduidad en el debate político cuando se ponen sobre la mesa los precios que los uruguayos pagan para acceder al combustible que comercializa Ancap y se comparan con otros países de la región. 

También a nivel académico son varios los analistas que han señalado la necesidad de revisar el esquema de las tarifas públicas y la gobernanza de las empresas. 

El monopolio de los combustibles también se ha vuelto un tema recurrente de la actual campaña electoral que divide a las posiciones más liberales en lo económico de las más estatistas.

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, considera que es más conveniente refinar los combustibles en el país que importarlos. En tanto, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, plantea como idea central liberalizar la importación. Por su parte, el colorado Ernesto Talvi no habla de importar, pero sí de llevar los precios a paridad de importación en planta y que sean las distribuidoras las que fijen los valores libremente.

Cada año los cálculos que realizar la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dan cuenta de sobreprecios millonarios por los combustibles. Ese ejercicio toma en cuenta la diferencia entre el precio de venta en los surtidores de las estaciones y el que se hubiera pagado si se hubieran importado.

Sin embargo, Ancap tiene diferencias con algunos aspectos de la metodología que utiliza la Ursea y se entiende que el sobreprecio es menor al estimado mes a mes por el organismo.

La actual presidenta de Ancap, Marta Jara, ha repetido en más de una oportunidad su posición favorable de refinar combustibles en la planta de La Teja como la mejor forma para abastecer la demanda del país.

"Lo dicen los números. Desde el punto de vista del costo de abastecimiento refinar en Uruguay con una refinería que ya tenemos, que está en una región donde hay un déficit de destilados y donde los fletes del crudo son mucho más económicos que los fletes de parcelas pequeñas de productos, es bastante intuitivo que conviene hacer ese proceso localmente”, afirmó días atrás en la Expo Prado. 

Además, se asegura que en caso de que se liberase la importación difícilmente alguien podría ingresar al negocio y competir con el ente. Un importador debería asumir riesgos y hacer inversiones, por ejemplo, en terminales para recibir los combustibles y almacenarlos. También tendría que tener una estructura para gestionar ventas, entre otros puntos antes de ponerse a competir con Ancap y esos costos debería cargarlos al precio final.

“Si alguien empezara a vender gasoil a otros precios yo tendría que ajustar mis subsidios cruzados. Al importador lo dejo fuera (de mercado) en dos minutos porque yo tengo la forma de abastecer más económica”, había asegurado Jara en un encuentro con periodistas a mediados del año pasado.

Daniel Martínez

Diego Battiste

Martínez es defensor de que Ancap siga importando el crudo y refinándolo en el país. “Una cosa es traer un millón de barriles y refinarlos en el país, y de ahí redistribuirlo a toda la nación, y otra cosa es traer 500 barquitos con cada derivado, como gasoil, nafta de uno y otro tipo, de querosén, de gas licuado de petróleo. Eso es mucho más caro”, justificó días atrás en rueda de prensa.  

En ese sentido, considera que decir que liberalizar la importación de combustibles es mejor para el país porque es más barato, responde a una cuestión ideológica que no se fundamenta en datos técnicos. El frenteamplista es partidario de que los valores de refinación converjan de manera gradual a los precios de paridad de importación.

Su asesor Ramón Méndez ha señalado que no siempre la competencia hace reducir los costos. “Para importar combustibles habría que hacer o una nueva terminal portuaria o enormes tanques de almacenamiento. Los costos de infraestructura son enormes”,  afirmó días atrás a Radio Universal. Además, el asesor del candidato oficialista cuestiona la paramétrica utilizada por la Ursea que define como un “precio de escritorio” que no refleja valores reales de mercado.

Luis Lacalle Pou

Leonardo Carreño

La idea principal del candidato blanco se basa en autorizar la importación de combustibles por parte de privados. Ese paso estaría incluido dentro de la primera ley macro de urgencia consideración que enviará al Parlamento en caso de asumir como presidente en marzo próximo. 

En su programa de gobierno se argumenta que “se trata de un sector monopólico en la importación y refinación, que luego cuenta con una red de distribución regulada en todos sus aspectos (precios, márgenes, ubicación de las estaciones, fletes)”. “En una palabra, no existe competencia en ningún tramo de la cadena”, agrega.

Entre otras propuestas impulsadas por el Partido Nacional, también se destaca una rebaja parcial del precio del gasoil para los departamentos fronterizos del país, como ya se hizo con la nafta, que tuvo una rebaja del Imesi en un 24% para las zonas limítrofes con Brasil y 8% para las que limitan con Argentina.   

Ernesto Talvi

Diego Battiste

Para el candidato colorado una de las prioridades es llevar los precios de combustibles a “paridad de importación, de acuerdo con los cálculos que realiza la Ursea.

Su partido propone un precio de venta en la planta de distribución ajustado por el precio internacional del crudo y el tipo de cambio, pero que a partir de ese valor los distribuidores Axion, Ducsa y Petrobras en conjunción con las estaciones de servicio sean las que finalmente fijen “libremente los precios a los consumidores”. 

Esta propuesta se justifica bajo la premisa de “incentivar la competencia en los eslabones finales de la cadena posteriores a Ancap”, apuntó el asesor de Talvi en temas energéticos, Alejandro Stipanicic.

“La fijación del precio en paridad de importación en la planta de distribución forzará la mejora de la gestión y reducción de costos de Ancap (abastecimiento de crudo, refinanciación y distribución primaria) y la competencia en la distribución promoverá la movilidad de puntos de venta, cambios de bandera de estaciones y una oferta más amplia de productos y servicios”, explicó Stipanicic.

La Ursea deberá encargarse de controlar que no existan abusos en la fijación de precios en la cadena de valor (fletes, estaciones de servicio y venta al público), así como deberá velar “porqué ningún actor pueda hacer uso de abuso de su posición dominante, sobre todo en zonas remotas o sin competencia”. 

Otra propuesta impulsada por el Partido Colorado es eliminar el fideicomiso del gasoil que subsidia al boleto urbano de pasajeros con unos US$ 100 millones al año. En sumatoria, desde el PC entienden que llevar el precio a paridad y eliminar el fideicomiso implicaría una baja de $ 6,5 el litro del gasoil.  

 

 

 

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