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¿Qué sucederá con las propuestas sobre relaciones laborales?

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17 de octubre de 2019 a las 05:03

En 2014 propuse diez acciones de mejora de las relaciones laborales. Entre otras, expuse que se debería ir por el camino de (i) fomentar relaciones laborales cooperativas, mediante la actuación efectiva de equipos bipartitos a todo nivel, con el fin de armonizar intereses, aumentar la productividad y el salario real; (ii) privilegiar la negociación colectiva bipartita de condiciones de trabajo (incluidos los aumentos de salarios), con participación subsidiaria del gobierno, como garantista del salario mínimo por sectores si no hay acuerdo; (iii) promover medios de prevención y solución de conflictos previos a las medidas; (iv) comprometer al gobierno a que actúe con equilibrio, y asuma su rol legal de garantizar el ejercicio de los derechos. 

Los partidos opositores señalan que el gobierno favoreció al sector sindical, provocando que las relaciones laborales no fueran equilibradas. El Frente Amplio no reconoce que esto haya ocurrido. Si continúa en el poder, debería rever su política y actuar con equilibrio cuando sea llamado por los actores sociales. En este cambio puede ayudar el perfil moderado del candidato. La oposición se compromete a mantener equidistancia entre los intereses de los actores sociales, restablecer la confianza, practicar el diálogo permanente, construir relaciones laborales cooperativas, y reforzar los medios de prevención y solución de conflictos.

Otro tema clave es qué va a suceder con la negociación colectiva. La ley impone una negociación tripartita obligatoria por ramas de actividad en los Consejos de Salarios (CS). Aquí se negocian todas las condiciones de trabajo, con protagonismo del gobierno, que desde el inicio fija los lineamientos de los ajustes de salarios. Varios artículos de la ley se contraponen a dos Convenios Internacionales del Trabajo (CIT). Estos CIT establecen que la negociación colectiva debe ser bipartita. Esto fue señalado por la OIT desde el 2010 en adelante y sus recomendaciones están pendientes de cumplimiento.

El gobierno  y el actor sindical se oponen a dar curso a lo que pide la OIT en este tema. Si algún partido de la oposición accede al gobierno, trabajará para cumplir con la OIT. Para ello, debería proyectar modificar la ley en aspectos centrales sobre la operativa de la negociación colectiva y los CS.

Es poco factible que en el próximo tiempo se construya un acuerdo social y político para cumplir con la OIT tras diez años de diálogo sin llegar a nada. El partido oficialista, si deja de estar en el gobierno, es probable que forme una alianza con el sector sindical para impedir cualquier intento de la oposición de modificar la ley y nuevamente tendremos confrontación. 

Los actores sociales deberían superar esta situación, pensar en el futuro de sus relaciones, y responder a esta pregunta: ¿Están preparados para negociar en forma bipartita en todos los sectores de actividad sin la tutela del gobierno? Los empleadores dijeron sí y esto implica un firme compromiso de practicar siempre la negociación colectiva.

Del lado sindical, hay datos que apoyarían una respuesta afirmativa: (i) experiencia de negociación colectiva de 15 años (siete rondas), con actuación de sindicatos en todas las ramas; (ii) central sindical potente (400.000 afiliados), con gran influencia en la sociedad; (iii) actividad sindical promovida y protegida por la Ley 17.940 (nulidad del acto antisindical, licencia sindical, cartelera sindical, etc.); (iv) medidas de conflicto que nadie tiene (derecho de huelga, huelgas articuladas, trabajo irregular, ocupaciones, piquetes). ¿Qué más se puede pedir? La libertad sindical funciona a pleno.

Los actores sociales deberían confiar en sí mismos y negociar de buena fe en forma directa, como ocurre hoy en varios sectores de actividad. Es cuestión de asumir el desafío de extender esta práctica de negociación bipartita a otras ramas, que hoy están ancladas en los CS. La experiencia enseña que la gran mayoría de los acuerdos firmados en los CS, se construyeron previamente en forma bipartita. Los acuerdos son un éxito de los actores sociales. 

Otro tema: ocupación del lugar de trabajo. El partido oficialista, si continúa en el poder, no piensa derogar el Decreto 165/006, que declaró que la ocupación es una modalidad de huelga. Los partidos opositores concuerdan en derogar dicho decreto, porque la ocupación vulnera derechos constitucionales (libertades de trabajo y de empresa, derecho de propiedad).

El decreto debería derogarse. Entiendo que no se debería debatir sobre si la ocupación es o no una “extensión” del derecho de huelga.  Los derechos tienen un núcleo esencial que los identifica y no se pueden crear “extensiones”. Ello implicaría cambiar su identidad y naturaleza. Si la huelga es no trabajar (conducta pasiva) y esto es lo que se protege, toda otra conducta que no encaje en este núcleo, no es huelga. La ocupación por esencia no encuadra dentro de la huelga por ser una conducta activa. Es una medida que es ilegítima, que impide el ejercicio de derechos constitucionales. Lo mismo sucede con los piquetes. La Justicia dijo que ambas medidas son contrarias a la Constitución.

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