"Si la decisión política es que la prisión debe ser obligatoria, será así"

Con casi 30 años de carrera judicial a sus espaldas, casi todos ellos en penal, William Corujo cambió de rumbo y es desde el 4 de abril ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el órgano encargado de controlar la legalidad de los actos administrativos. Llegó al cargo, equiparado al de ministro de la Suprema Corte de Justicia, por el voto de todos los partidos políticos. Desde su nuevo rol reclama que en esta Rendición de Cuentas se apruebe una reforma procesal para crear cinco juzgados de primera instancia y lograr que sólo lleguen al TCA determinados casos en apelación. Pero desde su larga experiencia como juez penal también se refirió a la situación de inseguridad, hizo autocrítica por fallos en los que participó –dijo que fue un error haber absuelto por el caso de abuso sexual al empresario Javier Moya– y admitió que en otros tuvo que resolver en contra de su voluntad por motivos jurídicos, como fue el caso Gelman.

Mientras el Código General del Proceso se ha reformado dos veces, sumamos el Código del Proceso Penal con reformas sustanciales que conllevaron costos, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Aduanero, el Código Tributario. Sin embargo, el TCA ha sido el último orejón del tarro. ¿Por qué? Porque no moviliza masas. Pero sería un buen cierre parlamentario avanzado el siglo XXI dejar todas a las instituciones actualizadas a la realidad. Además, desde hace diez años el TCA no logra incremento del gasto en la Rendición de Cuentas. Es ésta o nunca.

Estamos solicitando cuatro o cinco juzgados de primera instancia. En mi opinión haría dos juzgados regionales para no someter al abogado de Rivera o de Bella Unión a que tenga que venir a Montevideo a presentar los escritos. Pero si los quieren crear en Montevideo, que estén en Montevideo. Para que esto salga, el tribunal está dispuesto a aportar dos tercios de esos cargos con sangre propia. Quedarían, por lo tanto, tres juzgados para contratar los funcionarios que, aparte, se pueden distribuir de otras reparticiones del Estado. El costo de eso, sin los salarios, es de US$ 210 mil por año –una cifra irrisoria para el erario público– si se incluyen los salarios la cifra se duplica. De todas maneras en el costo-beneficio es una suma muy pequeña.

Es un tema a conversar. La idea es que disminuya la carga y se haga razonable lo que llegue al TCA en la apelación. Tenemos desde expedientes donde se impugnan multas de tránsito por $ 8.000 hasta licitaciones de US$ 100 millones, pero también tenemos objeción de conciencia, concursos, reforma de la Aduana, todo lo que se le ocurra está. Este tipo de juzgado vendría a disminuir esa carga.

Es verdad y eso fue lo primero que pregunté cuando llegué acá. Pedí los datos, el tribunal llegó a intimar a la administración tres veces y hubo una discordia. Uno de los ministros entendió que es posible imponerle astrientes (sanción monetaria) cuando no cumplen pero fue uno a cuatro. Hasta ahora no se ha aplicado.

Yo no voy a opinar sobre la sentencia porque no la integré y porque no sé si voy a acompañar y tal vez el TCA haya cambiado de opinión. Es una de las posibilidades.

Por razones éticas –yo llegué hace dos meses– no me parece adecuado referirme a la situación. Cualquier cosa que diga va a ser entendida como un juicio de valor acerca de mis colegas.

Sé que se pidió información y se respondió.

Layera es un buen policía, es una persona que me merece mucho respeto. Dio una opinión de carácter técnico que conlleva mucho de política, y política entendida como administración de cosa pública. Va a llevar mucho tiempo lograr detener ese proceso porque en primer lugar hace mucho tiempo que ingresó la droga en Uruguay y da mucho dinero. En esas zonas hace falta Estado, Estado y más Estado. Eso supone el ingreso de la Policía a zonas de las que el Estado se ha ido retirando para evitar enfrentamientos.

No. Creo que hay zonas que para evitar enfrentamientos las van monitoreando o controlando. Es una forma de control social. Sí hay que reprimir –y hablo porque entre los años 1977 al 1984 conocí la represión como militante gremial estudiantil–. Uno le tiene miedo a la palabra represión, pero cuando la cosas llegan al límite como en esas bandas que hoy es Juan, mañana es Pedro porque mataron o encerraron a Juan, y no existe coordinación entre ellos... Pero allí también vive gente trabajadora que no quiere vivir con miedo, ni ampararse al estatus de testigo protegido porque saben que los matan en sentido literal. Estado, Estado y más Estado porque usted necesita tener una escuela donde al profesor vaya y no lo maten a pedradas, o a patadas, o a cachetazos, y no lo roben. No digo de retirar la asistencia social, hay que ver con qué contraprestación pedirla. Y no es posible que un chico trabaje de vendedor en un shopping y cobre $ 10 mil por mes contra los $ 30 mil, $ 40 mil, $ 50 mil que ganan los jóvenes que se dedican a vender droga.

Ya en el año 1995 el presidente Julio María Sanguinetti crea la ley de seguridad ciudadana que preveía el copamiento, porque entraban a casas, ataban a las personas, las robaban y se iban, y se previó la creación del testigo protegido. Quiere decir que la cosa viene brava desde hace más de 20 años. Yo no le puedo pedir a ese sector de la sociedad que comparta mis valores. No es cuándo empezó, sino cómo lo termino y cómo no dejo que crezca, aunque por los índices de inclusión social estamos lejos de Guatemala o de Honduras hoy.

Es una pregunta que no es para mí sino para quienes están encargados de combatir ese flagelo, lo que yo creo es que algo hay que hacer. Con represión sola no solucionamos este problema, si no que hay que instalar los servicios de salud, educación, de aportes sociales.

Justicia es una palabra –siempre lo digo– que nos hace mucho mal porque usted transmite más que un concepto semántico, un concepto óntico. Yo no le doy justicia, si vino por justicia vino al lugar equivocado. Yo le doy aplicación de la ley. Como juez reivindico mi derecho a equivocarme, a mí no me pagan para ser infalible. Yo le aplico a usted una ley y las leyes se hacen en el Palacio (Legislativo) entre seres humanos y hay leyes que son justas y hay leyes que son injustas. Si a mí, ayer cuando tenía la instrucción, un fiscal me pedía el archivo, como pasó en un caso muy sonado, el tribunal tenía que clausurar.

Al caso Gelman. El (entonces) fiscal Enrique Moller hizo una extensísima obra jurídica diciendo que no iba a accionar ni por 'a' ni por 'b' ni por 'c', y nos vimos obligados a archivarlo. Pero volviendo al tema de la instrucción, yo investigo con los insumos que la policía me aporta, yo no salgo calle por calle. Ahora, el Poder Judicial tiene mecanismo de control que otros organismos no tienen, porque cuando me equivoco tengo al fiscal, controla la defensa y las resoluciones son apelables. Entonces mi error es subsanado, o no, pero está sujeto a varios ojos.

No tengo claro si este proyecto vuelve al sistema anterior o no porque no lo conozco, lo que si está muy claro –yo lo escribí en la revista Judicatura que publicó fundación de Cultura Universitaria– es que el derecho penal nunca se pudo descolgar de que esto es un tema político y los temas políticos tienen un costo y los costos se llaman votos y los paga el gobierno de turno sea en el año 85 con (Francisco) Forteza, sea con (Juan Andrés) Ramírez en el año 90 o sea (Eduardo) con Bonomi hoy.

El sistema negociado que es un sistema creado en el Reino Unido y desarrollado al extremo por los Estado Unidos, a mí en algunos casos me puede llegar a simpatizar. Hace pocos días a mi hijo menor de edad le rapiñaron la bicicleta con un arma en la rambla de Montevideo a las 9 de la noche. Yo no intervine para nada y después pregunté a un amigo cómo había resultado el juicio. La pena fue de un año y cuatro meses y luego libertad vigilada. Y me pareció justo con respecto a lo injusto que había cometido. Si yo le aplico el Código Penal son 5 años y 4 meses y yo podría aprovechar para decir 'mire que escándalo', 'qué vergüenza', y estoy seguro de que la gente que lee El Observador va a decir 'estos son los jueces que tenemos'. Hay que tener proporcionalidad con la persona que comete el delito. Si bien tenía un arma blanca, ver si era merecedor de 5 años y 4 meses de prisión.

No mis compañeros, hágame responsable a mí... Cuando se publicó esa noticia había una intencionalidad.

No. Eso sería agarrársela con el mensajero. Se publicó como que le echábamos la culpa a la sociedad y no era así, ni la persona quedó libre ni le echábamos la culpa a la sociedad. Era un muchacho de 23 años, sin padre ni madre, había ido hasta cuarto de escuela, había estado internado en el INAU desde los 12 años por hurto. Nunca había estado por un delito violento. Había robado $ 1.000. El fiscal había pedido 2 años y 2 meses y nosotros le bajamos 2 meses. Si a un estudiante universitario le pagan $ 10 mil por ocho horas en una tienda, ¿qué queda para este que llevaba un año en la cárcel? Alguien se tiene que hacer responsable de que fracasó la familia, fracasó el sistema formativo, el sistema de represión que es la cárcel, ¿y eso se lo endilgamos todo a él? No. Mensuremos.

Cuando vea el proyecto le contesto, creo que la sociedad está demandando lo que siempre tuvimos como regla que era al reiterante, al reincidente y al habitual la prisión preventiva, después pasamos a un CPP donde la libertad es la regla y al artículo 27 de la Constitución se le dio una interpretación de que no era obligatorio imponer la prisión. Ahora si la decisión política es que en esos casos hay que volver al código anterior, y bueno, así será.

Mientras se está haciendo una ley en el Parlamento, la ley es más o menos clasista que el Parlamento que se la da, por lo tanto suda política, está empapada en ideología. Mi rol no es venir a enmendarle la plana al legislador por la separación de poderes, mi rol es aplicar la ley que ya viene empapada de política. Una sentencia de desalojo es una sentencia política, una cosa es que una ley que diga 'a' se interprete 'b' porque tengo una manifestación en la puerta del juzgado. Lo político prima sobre lo jurídico en el Parlamento, cuando lo tiene que resolver un juez prima lo jurídico sobre lo político. El día que resolvamos en función de las multitudes habremos dado un paso al frente, pero al abismo. El caso Gelman era humana y políticamente infame pero no podíamos hacer otra cosa. Si primaba lo político le seguíamos dando para adelante pero no lo hicimos. Nos atuvimos a lo jurídico. Sin embargo, el tribunal de apelaciones ha tenido que tomar decisiones muy polémicas, sabiendo que atentaba contra beneficios propios y mi eventual carrera judicial. Por eso digo en el ámbito judicial que prime lo jurídico si la norma le da un margen de interpretación, interprétela conforme a los principios generales del derecho.

El tema no es arrepentirse, es decir fue un error. Como decía el deportista Mohamed Ali 'cuando tienes razón nadie lo recuerda, cuando te equivocas, nadie lo olvida'. Había estudiado el caso... yo sigo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el caso de (el jugador del Real Madrid, Karim) Benzema sometido a proceso porque había mantenido relaciones mediante remuneración con una menor de edad, había sido sobreseído por el tribunal correccional de París porque hubo un error en la edad, no sabían que era menor. Tal vez lo apliqué mal. Punto. La persona sigue privada de libertad por los controles que yo le digo. Cometí un error claramente y así se los hice saber.

Lo he dicho en distintos ámbitos. Pero además, es un tema que se solucionó, no hubo daño. Sin embargo, hay gente que lo lleva como mácula, quiero creer que no y agradecerle al Parlamento la distinción de haberme designado para el TCA. De hecho cuando estuve en el Parlamento por mi designación les exliqué a los legisladores que tuve una amplia participación en otros temas de género como la aplicación de las tobilleras. En 2012 se realizó una reunión con Bonomi y otras autoridades del Ministerio del Interior con jueces de Familia de Montevideo. Salvo una jueza, todos se oponían. Me designaron presidente de una comisión y finalmente se logró unanimidad. Hoy gracias al uso de las tobilleras se salvan vidas.