30 de octubre de 2012 19:46 hs

El dinero para financiar los abortos legales provendrá del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Este es uno de los aspectos ya definidos del decreto reglamentario de la ley que despenaliza el aborto, en el que trabaja el Ministerio de Salud Pública (MSP). Las mutualistas deberán costear la práctica al momento que se presente una usuaria, pero luego recuperarán lo invertido a través de las cápitas que reciben del Fonasa mensualmente.

Esto no significará un mayor descuento para los uruguayos. Los que no tienen hijos a cargo seguirán aportando 4,5% de su salario, y los que sí tienen continuarán contribuyendo con 6%.

Aún no se sabe cuánto costará la nueva prestación que se incluirá en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), pero se procurará que el valor quede cubierto en el aumento de la cápita mutual. El cálculo lo está realizando Economía de la Salud, del MSP.

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El costo de los abortos lo asumirá el Fonasa. Este fondo se compone del aporte de los trabajadores, más un porcentaje (entre 2 % y 3%) que proviene de Rentas Generales. El Fonasa lo administra la Junta Nacional de Salud (Junasa), y funciona como un banco acotado que puede, por ejemplo, adelantar cápitas a una mutualista que lo solicite.

El presidente de la Junasa, Luis Gallo, adelantó a El Observador que los abortos “tendrán un impacto menor” en el Fonasa porque “buena parte del proceso ya está financiado” desde que funcionan los servicios de salud sexual y reproductiva. Lo que se agrega es el costo del aborto en sí, que siempre que se pueda se realizará con fármacos y no a través de procedimientos quirúrgicos, que son más caros.

Gallo estima que con el dinero que hoy entra al Fonasa se podrán absorber los gastos, aunque no descarta que se deba incrementar el aporte de Rentas Generales.

“Nos tomaremos los 30 días”

Según informó el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, en el Consejo de Ministros del lunes el ministro de Salud, Jorge Venegas, afirmó que el decreto reglamentario estaría pronto este viernes o a principios de la semana próxima.

Sin embargo, los técnicos que trabajan en el tema consideran “imposible” cumplir con lo que prometió el ministro. “Nos vamos a tomar el mes” previsto desde la promulgación de la ley, dijo a El Observador la coordinadora de Salud sexual y reproductiva del MSP, Leticia Rieppi. “No porque seamos tontos y tengamos ganas. Es que son muchas cosas las que debemos hacer, y queremos presentar el decreto junto al protocolo o guía clínica”, argumentó. El plazo vence el 23 de noviembre.

La comisión que trabaja en la reglamentación se reúne casi a diario. Además de la financiación, otro de los aspectos ya definidos es que el MSP habilitará la mefipristona, un fármaco abortivo que se utiliza en Europa y que administrado junto al misoprostol logra altos niveles de eficacia.

Algo que preocupa al MSP es cómo asegurar que se cumplan los plazos establecidos en la ley para atender a la mujer que quiere interrumpir su embarazo. La clave, dijo Rieppi, será el control que se realice a las mutualistas que incumplan y la “fiscalización” que ejerza el ministerio.

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