Economía y Empresas > LUCHA CONTRA SUBA DE PRECIOS
Acelera la carrera entre precios y salarios en Argentina y ya se habla de hiperinflación
La palabra “hiperinflación” ya no suena extraña en Argentina. Con el 23% acumulado en cuatro meses y la perspectiva de que las próximas mediciones no serán mejores, ya son muchos los economistas que hablan del riesgo de que la inflación llegue a los tres dígitos, una situación que no se veía desde los turbulentos años ’80.
De momento, las encuestas que realiza el Banco Central entre los principales bancos y consultoras económicas arrojan una proyección de 65% de inflación acumulada hacia fin de año. Pero estas cifras se revisan prácticamente todas las semanas, a tal punto que ese pronóstico –resultado de un sondeo realizado hace un mes– hoy ya luce como de difícil cumplimiento: sería necesario que entre mayo y diciembre haya un IPC mensual promedio de 3,8%, una cifra que hoy es vista como optimista.
Pero, más allá de los números, lo que inquieta a los analistas es que se empezó a reeditar un viejo fenómeno de las crisis argentinas: la carrera nominal de variables. En otras palabras, el proceso por el que los precios, los salarios, los servicios, los contratos de alquiler y, en definitiva, los principales indicadores de la economía, empiezan a jugar una carrera nominal que hace que la inflación se vaya espiralizando.
Para colmo, a diferencia de lo que ocurrió en otros tiempos, hay variables que tradicionalmente oficiaron como “anclas” y que ahora también se están moviendo, como el tipo de cambio, la tasa de interés, los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.
Es cierto que estos cuatro últimos se mueven por debajo de la inflación, pero se mueven. Y su capacidad de “contagio” al resto de los precios es extremadamente alta.
En lo que refiere al dólar el Banco Central aceleró la tasa devaluatoria, atento al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, sobre no retrasar al tipo de cambio. El año pasado, por cada tres puntos de IPC, el dólar deslizaba un punto. Ahora, esa relación se corrigió en dos a uno –en realidad, tres a dos, si se corrige la devaluación por el factor de la inflación de EEUU–.
Los combustibles y las tarifas de servicios públicos también se están moviendo, si bien a menor velocidad, pero la necesidad del gobierno por disminuir el costo fiscal del subsidio energético hace que la corrección sea inevitable –además de que, también, es un pedido del FMI–.
En compensación, la tasa de interés acaba de ajustar por quinta vez en el año, y en el mercado dan por descontado que habrá otra suba el mes próximo si el dato de la inflación de mayo vuelve a acercarse al 6%. Es una medida criticada por parte de la coalición gubernamental, porque le asignan el potencial de enfriar la economía, pero la obsesión del Central es impedir que los ahorristas huyan de las colocaciones en pesos y busquen refugio en el dólar paralelo.
Retoques salariales pisan el acelerador
Pero el tema central del debate argentino es el de los ingresos de la población. Las cifras que antes impresionaban como muy altas en las paritarias de los gremios poderosos, ahora ya lucen desactualizadas.
Ocurre con el acuerdo salarial de los bancarios, que cerró en 60% y motivó la felicitación de Cristina Kirchner a la dirigencia sindical, que antes había acusado al ministerio de Trabajo de apoyar la postura de los bancos.
Cristina envió un claro mensaje de discrepancia con la política de ingresos del gobierno, al apoyar además una suba de 60% para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, exministro de economía durante la gestión cristinista.
Además, la vice presionó al gobierno para que revisara el esquema de aumento del salario mínimo, que preveía un incremento escalonado hasta llegar a un 45% en diciembre. Ahora, el ministro de economía, Martín Guzmán, aceptó adelantar ese esquema a agosto.
Y el salario mínimo es un indicador fundamental, porque es la referencia con la cual se ajustan los planes de ayuda social, como la Asignación Universal por Hijo, o el plan Potenciar Trabajo, que con un monto de medio salario mínimo alcanza a 1,2 millón de beneficiarios.
E incluso los acuerdos con cifras más altas, como el cerrado por el poderoso sindicato camionero, hoy ya no causan la impresión de hace algunas semanas. Los liderados por Hugo Moyano plantearon incrementos que implican, para un período semestral, una suba de 31%. Y la realidad es que hay altas posibilidades de que la inflación de los próximos seis meses también deje atrás a ese número, dado que tendría que haber un promedio del IPC en 4,5% mensual, una meta de dudosa concreción.
Reclamos para “desindexar”
Además de la permanente reapertura de la negociación salarial, el gobierno se vio forzado a otorgar bonos extraordinarios para jubilados y desocupados, que implicarán un costo fiscal de 0,3 puntos del PIB.
Todavía no se terminó de pagar ese bono cuando, ya, el sector kirchnerista dentro de la coalición del gobierno, está reclamando la implementación de una nueva ayuda.
El gobierno viene transitando un camino intermedio: por un lado, resistió las presiones para fijar por decreto un bono salarial general, incluyendo al sector privado. Pero, por otra parte, entiende que la tensión social generada por la inflación va cobrando intensidad y es necesario dar respuestas.
En esa situación, se está dando otro fenómeno al que los economistas le teman más que a la magnitud de los aumentos: el período entre cada corrección salarial es cada vez más corto. Es así que los acuerdos, que típicamente tenían una duración anual –y que en algún momento de la gestión macrista se había fantaseado con que se extendieran a 18 meses– pasaron a ser semestrales y hoy ya se ven acuerdos por tres o cuatro meses.
Para los analistas, esta es una de las características típicas que llevan a los procesos hiperinflacionarios. Y es uno punto en el que no solamente machacan los economistas de la oposición sino también los que adhieren al gobierno.
Por ejemplo, Emmanuel Álvarez Agis, uno de los “ministeriables” al que el mercado sigue con atención, acaba de hacer una advertencia sobre el tema. “No puede ser que en el gobierno haya 10 tipos que dicen vamos al norte y otros que dicen vamos al sur, y eso pasa con la puja de precios y salarios, porque hoy tenés a Cristina Kirchner que te dice que hay que aumentar salarios y un gobierno que dice en por la macroeconomía y el acuerdo con el FMI tiene que aumentar electricidad gas y tipo de cambio”, argumenta.
E hizo un llamado de atención sobre la carrera nominal de precios y salarios: “Se requiere un gobierno unido que vaya a un esquema de política anti inflacionaria que va a tener componentes heterodoxos, pero al que le tiene que agregar un componente ortodoxo, que es la desindexación”.
En la misma línea, aunque más incisivo en su crítica, otro “ministeriable”, pero de la oposición macrista, Luciano Laspina, afirmó: “El plan del gobierno no es bajar la inflación sino acelerar el ritmo de indexación”. E hizo alusión a la suba nominal de salarios impulsada por Cristina Kirchner, a la presión por mayores subsidios sociales que reclama el líder piquetero Juan Grabois y a la actualización impositiva que empuja Sergio Massa, el “tercer socio” en la coalición oficialista.
“En su versión final, el kirchnerismo hace ‘populismo nominal’. Ya no reparte mejoras reales, apenas ‘concede’ compensaciones nominales”, argumentó Laspina, uno de los que avizora una posible inflación de tres dígitos.
Guzmán, optimista, pese a todo
Sus críticos destacan que, además de la inercia de precios y salarios, sigue estando presente un motivo fundamental de la inflación: la “maquinita” del Banco Central como financiador del gasto público.
Ocurre que, Guzmán empezó a tener dificultades para obtener en el mercado de deuda los fondos necesarios para financiar el déficit y es por eso que, después de tres meses de “abstinencia”, hubo que volver a recurrir a la emisión del Banco Central.
En lo que va del año, ya se acumula en el año una asistencia monetaria por unos 297.000 millones pesos argentinos, una cifra que equivale al 44% del “cupo” al que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que le exige acotar a un punto del PIB la financiación monetaria del déficit. Es una meta difícil de lograr, si se tiene en cuenta que el año pasado se recurrió a la maquinita por 3,7% del PIB, y los analistas ya están especulando con que será la primera meta incumplida con el Fondo, para lo cual habrá que pedir un “waiver” dentro de tres meses.
Pero Guzmán no se da por vencido: en su última licitación logró un respiro, al renovar uno de los vencimientos más abultados de su cronograma anual y, además quedarse con un pequeño “excedente” de 7%. Claro, no le resulta fácil convencer a un mercado desconfiado: la mayoría de los inversores sólo le presta en instrumentos indexados por inflación y, además, a un plazo muy corto –más precisamente, con vencimiento anterior al cambio de gobierno de diciembre 2023–.
Aun así, el ministro cree que el tiempo juega a su favor: por un lado, porque ya pasó el período del año en que se producen las mayores subas estacionales de precios. Además, cree que ya se produjo el momento de mayor impacto sobre los alimentos, causado por la guerra en Ucrania.
Pero, sobre todo, porque en los próximos meses se combinan dos factores positivos: es el momento de mayor ingreso de dólares proveniente de la exportación agrícola, y además se empezará a sentir con mayor fuerza el “apretón monetario” realizado en el arranque del año.
