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Fiscalía acusará por varios delitos a jerarcas de INR responsables de muerte de recluso

Tras casi 10 meses de investigación, la fiscal Nidia Morosini buscará imputar a los funcionarios por abuso de funciones, omisión de asistencia y más cargos

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05 de agosto de 2019 a las 05:00

La fiscal de Libertad Nidia Morosini solicitará a la Justicia imputar este lunes a tres jerarcas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) responsables de la represión al motín desatado el 10 de octubre del año pasado en el Penal de Libertad y que culminó con la muerte de un preso debido a un disparo realizado por la guardia policial a corta distancia. Entre los responsables de esa muerte, se encuentra quien era el jefe de servicio de esa cárcel, que enfrentará –como los otros dos– los cargos de abuso de funciones y omisión de asistencia, entre otros delitos.

Ese hombre –con antecedentes por desobedecer órdenes dentro del INR y ejercer la autoridad en forma arbitraria– es el más comprometido de todos, y el que dio la versión falsa al entonces director del INR, Gonzalo Larrosa, de que el recluso había muerto apuñalado por otro interno, según dijeron a El Observador fuentes del caso.

Siguiendo la cadena de mando, Larrosa transmitió esa información primaria a la Unidad Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, que sostuvo la versión apócrifa en una nota publicada en su sitio web que recién fue dada de baja casi un mes y medio después, cuando se conoció un informe del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Ese informe daba cuenta de que el recluso Carlos Alberto Núñez Santos había sido víctima en realidad de un disparo efectuado "innecesaria e irregularmente cuando se encontraba indefenso y sin posibilidad alguna de agredir a nadie". Al otro día de presentadas esas conclusiones, Larrosa fue destituido.

En paralelo a la investigación del comisionado parlamentario, la Fiscalía de Libertad ya investigaba el caso. Tenía a su disposición más de cinco horas de grabación de una de las cámaras Go Pro que llevaban algunos de los policías que actuaron repeliendo el motín, y decenas de testigos para interrogar, entre funcionarios policiales y reclusos.

Pero el caso era muy complejo. 

Para empezar, las declaraciones no contribuían a esclarecer lo ocurrido, y tanto las imágenes como los audios que registraron el enfrentamiento eran caóticos, por lo que no era posible –y de hecho no se logró– determinar responsabilidades individuales en el asesinato: es decir, quién fue la persona que disparó a pocos metros de distancia contra el recluso Núñez, o quiénes lo patearon en el suelo, cuando la víctima agonizaba.

A todo eso se agregaba que por las características propias del proyectil no letal que mató al recluso no había forma de saber de qué arma había sido disparado, como sí ocurre con las balas regulares.

Lo único que se sabía, por las pericias de la escena del crimen, era que al menos 15 policías habían disparado durante la represión del motín.

Al principio, la investigación estuvo a cargo del fiscal Césare Cingia, hasta que en diciembre se retiró por licencia médica. La causa pasó entonces a las manos del fiscal Raúl Iglesias, pero fue trasladado en marzo al departamento de Artigas, y en su lugar quedó Morosini, que tuvo que estudiar el caso desde cero. Allegados la fiscal dijeron a El Observador que ella dedicó todas las mañanas desde marzo hasta este lunes para preparar esta audiencia.

La única investigadora que estuvo desde un comienzo y que sigue investigando el crimen casi 10 meses después es la fiscal adscripta Sonia Pritsch. Ella estará presente en la audiencia de este lunes, que no será abierta al público en atención a la "presión política y social" que despertó el caso, y en la que Morosini no solicitará que los funcionarios vayan a prisión preventiva una vez que la investigación sea formalizada. Las razones, dijeron las fuentes, es que no se cumplen los requisitos para pedirla –como la posibilidad de que los imputados se fuguen, atenten contra las pruebas de la Fiscalía o amenacen a testigos–, lo que de todas formas no quiere decir que no se pida otro tipo de medida cautelar.

La sonrisa

La primera vez que declaró el jefe de servicio del penal de Libertad –un comisario de carrera dentro del INR– fue a las 48 horas del motín. En los meses siguientes fue interrogado cerca de cuatro veces más, y siempre se mostró "simpático y sonriente, como si estuviera en una reunión social", narraron las fuentes, sin aceptar nunca la responsabilidad de haber dejado morir a Núñez en un calabozo, mientras rogaba por su vida. 

La muerte del interno, que estaba con las manos en alto al momento de recibir el disparo, era inminente porque estaba perdiendo mucha sangre: un proyectil diseñado para ser disparado en barricadas contra muros u objetos contundentes había enterado en el bazo.  Pero pese a los gritos de ayuda, Núñez murió luego de más de una hora de agonía. "Fue el último interno en ser atendido esa noche cuando terminaron los incidentes, perdiéndose toda posibilidad de atención. Murió al llegar al centro médico del penal”, había escrito Petit en su informe.

El jerarca en cuestión –el máximo responsable de la cárcel por las noches, entre las 22 y las 7– en Libertad como castigo desde fines de 2015, porque Larrosa lo había trasladado desde la cárcel de Canelones, en donde era subdirector, luego de constatar que no ejecutaba las órdenes que le daba, según supo El Observador.

Este funcionario había sido apartado del cargo producto de una investigación administrativa que también inició el INR por el homicidio de Núñez, pero ya fue incorporado al sistema y cumple funciones en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), dijeron las fuentes.

 

 

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