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26 de mayo 2023 - 5:04hs

Trata de personas, matrimonios forzados, esclavitud sexual, servidumbre por deudas y trabajo infantil son apenas algunas de las muchas formas que puede adoptar la esclavitud en el siglo XXI. En forma abierta o encubierta, la negación del imperativo de considerar a las personas como un fin en sí prolifera en el silencio. Desde la antigüedad hasta hoy, la lucha contra la esclavitud ha sido larga, y no ha terminado.

La cantidad de personas que viven bajo las distintas formas de esclavitud aumentó en 10 millones en un período de cinco años. Así lo advierte la última edición del Índice Global de Esclavitud que elabora la organización internacional de Derechos Humanos Walk Free, con sede en Australia, en base a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El trabajo, que recoge información estadística de la OIT sobre la situación en 160 países y 68 indagaciones cualitativas a nivel nacional realizadas por la OIM y la encuestadora Gallup, arroja que al menos 50 millones de personas estaban sometidas a esclavitud en 2021. Una cifra que incluye 28 millones de seres humanos obligados al trabajo forzado y 22 millones de jóvenes, en su inmensa mayoría mujeres, obligados a contraer matrimonio.

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Se trata, por definición, de personas engañadas, coaccionadas psicológicamente, forzadas físicamente o simplemente empujadas por una cuestión de supervivencia a condiciones de explotación que no pueden rechazar o abandonar.

Aunque Corea del Norte, Turquía, Rusia, Eritrea, Arabia Saudita y Afganistán son los países que exhiben una mayor tasa de prevalencia, la reducción a la servidumbre no es patrimonio exclusivo de los países pobres o de mediano desarrollo. También se verifica, por ejemplo, aunque en mucha medida, en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Japón.

¿Qué factores explican el agravamiento  del flagelo? “El aumento de conflictos armados que son cada vez más complejos, el impacto de la pandemia y las consecuencias del cambio climático”, enumera Grace Forrest, directora de Walk Free.

Aunque pasible de controversia por la escala del relevamiento y la opacidad estadística que se verifica en muchos casos, el índice elaborado por la oenegé refiere, por ejemplo, que Corea del Norte registra la tasa más elevada de esclavitud moderna, con 104,6 personas por cada 1.000 habitantes. Le siguen Eritrea, con una tasa de 90,3/1.000, y Mauritania, con el 32/1.000, país este último que recién en 1981 declaró ilegal la esclavitud hereditaria.

“Muchos de las sociedades más afectadas son las que se encuentran en regiones de alta volatilidad, en contextos de conflicto e inestabilidad política, o que tienen una importante población vulnerable, como refugiados, desplazados internos o trabajadores migrantes”, puntualiza el informe. Es el caso de Turquía, que alberga millones de refugiados sirios, pero también de  Tayikistán, Rusia y Afganistán.

La “kafala”, apenas un ejemplo

La legislación también cuenta. La “kafala” es, tal vez, el mejor ejemplo. Un modelo de explotación que, conocido por el eufemismo de “sistema de patrocinio”, permite tener bajo control a los trabajadores migrantes. La práctica, extendida en Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Líbano y Omán, redunda en impagos, accidentes y pésimas condiciones de vida. Además, restringe la libertad de movimiento de las personas sometidas.​

En el derecho islámico, “kafala” refiere al apadrinamiento de un menor por parte de una persona mayor que no es su padre biológico. A diferencia de la adopción, en la “kafala” el menor no renuncia a su familia de origen ni adquiere parentesco con su tutor. ​A comienzos de la década de 1970, los estados árabes del Golfo atrajeron inmigrantes no calificados bajo la condición de que otra persona, normalmente el empleador o una agencia, se responsabilizara del visado y del permiso de residencia.

"La esclavitud moderna es la antítesis del desarrollo sustentable. Sin embargo, sigue apuntalando la economía mundial. Es un problema creado por el hombre, relacionado tanto con la esclavitud histórica como con la persistente desigualdad estructural. En una época de crisis acumuladas, es clave contar con una auténtica voluntad política para acabar con estos abusos", dice Forrest.

Las guerras y la esclavitud

El informe destaca que cada año, las personas que viven en zonas de guerra y las que huyen de ellas están sujetas a la violencia y a todo tipo de precariedades que alimentan la explotación sexual, el matrimonio forzado y el reclutamiento por parte de organizaciones, oportunistas o incluso actores estatales.

Si bien los conflictos prolongados constituyen un multiplicador de riesgo conocido, la comprensión de la intersección entre el conflicto y la esclavitud moderna está comenzando a ser matizada. “Inmediatamente después de una crisis, cuando los gobiernos y los sistemas colapsan, se observa una suspensión temporal de la esclavitud y los delitos relacionados. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga, el riesgo se dispara”, puntualiza el informe.

Los autores señalan que esto sucede porque las personas buscan protección y satisfacer sus necesidades básicas. El conflicto daña la infraestructura e interrumpe los servicios. Al mismo tiempo, la ruptura del estado de derecho permite que los perpetradores actúen con mayor impunidad, lo que explica la prevalencia del fenómeno en Afganistán, Siria, Nigeria, República Democrática del Congo, Malí, Pakistán, Irak, República Centroafricana, Sudán y Libia.

En Kivu del Norte, una de las nuevas provincias de República Democrática del Congo, uno de cada cinco desplazados internos encuestados experimentó el trabajo forzoso, el reclutamiento a la fuerza o fue víctima de secuestradores en los últimos cinco años. En Sudán del Sur uno de cada 20 y en el noroeste de Nigeria uno de cada 60. En los tres escenarios, los perpetradores fueron en su mayoría miembros de grupos armados o fuerzas regulares que los utilizan para promover sus objetivos.

“En el noreste de Nigeria, el grupo terrorista islámico Boko Haram y sus facciones han reclutado a miles de niños para que asuman roles de apoyo o participen en la violencia, incluidos ataques suicidas. El grupo también ha secuestrado a niñas para casarlas a la fuerza o para someterlas a servicios sexuales en favor de sus integrantes”, puntualiza el documento.

El cambio climático, otro factor

La degradación ambiental se cruza con la esclavitud moderna de múltiples maneras. “En general, la investigaciones realizadas por la Sociedad Internacional contra la Esclavitud y el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo demuestran que el cambio climático actúa como un multiplicador de estrés para los factores que impulsan a la esclavitud moderna", explica Walk Free.

La situación, que se agudiza años tras año, no reconoce fronteras. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo de expertos de Naciones Unidas (ONU), proporciona evidencia científica. Los eventos severos están empujando a las personas a migrar en la mayoría de las regiones del mundo. En 2021, los desastres relacionados con el clima provocaron el desplazamiento de casi 24 millones de personas.

La mayoría de los desplazamientos se atribuyeron a fenómenos meteorológicos repentinos, como tormentas, inundaciones e incendios forestales. Según el Banco Mundial (BM), a menos que se tomen medidas urgentes, más de 200 millones de personas se habrán visto obligadas a desplazarse dentro de las fronteras de sus países hacia 2050.

Walk Free cita varios ejemplos. Uno de ellos es el superifón Rai, que azotó Filipinas en diciembre de 2021. Desplazó a cientos de miles de personas, diezmó los medios de subsistencia de la población y exacerbó drásticamente las vulnerabilidades, en particular de las poblaciones indígenas. Con posterioridad al evento, se comprobó un aumento de la explotación sexual y del trabajo bajo condiciones de servidumbre.

En Bangladesh, es otro ejemplo. Los fenómenos meteorológicos extremos aumentaron el número de matrimonios precoces entre las familias empobrecidas. Una práctica que se considera como un medio para aliviar la presión económica y brindar protección contra el mayor riesgo de violencia sexual, especialmente en momentos de crisis.

Pero no solo los eventos extremos y repentinos favorecen el trabajo esclavo. También los de evolución lenta, como las sequías y el aumento del nivel del mar, proporcionan un terreno apto para las diversas formas de esclavitud. Un estudio de 2022 del Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) en el distrito de Palamú, en la India, demostró un aumento de la prevalencia de la trata de personas entre quienes se vieron obligados a migrar. El 46% de las familias encuestadas manifestó haber sido víctima de alguna forma de explotación.

Países ricos, países pobres

Walk Free calcula que los países del G20 importan anualmente unos US$ 468.000 millones en mercancías que pueden haber sido producidas gracias al trabajo forzado, frente a los US$ 354.000 millones de dólares estimados en 2016. Los productos electrónicos encabezan una larga la lista de bienes en la que figuran también las prendas de vestir, además de un infinidad de otros artículos de consumo masivo y suntuarios.

“Aunque el trabajo forzado es más común en los países pobres, hay relaciones profundas con la demanda de los más ricos”, subraya el informe, según el cual las dos terceras partes de los casos de trabajo forzado están relacionados con las cadenas internacionales de suministros.

Incluso las industrias más necesarias para la transición hacia a la energía limpia contribuyen a las formas modernas de la esclavitud. Walk Free retoma datos de otros estudios y destaca el caso de la cadena de valor de la energía solar. En las minas artesanales de cobalto de la República Democrática del Congo, los menores constituyen la principal fuerza laboral. En la región uigur de China, la población local es obligada por el estado a trabajar en la extracción de polisilicio, utilizado en electrónica y en la fabricación de células fotoeléctricas.

La voluntad política, ausente

“En los últimos años, algunos países, como Australia, Canadá, Alemania y Noruega, han introducido legislaciones para responsabilizar a las empresas y a los gobiernos por la explotación que se produce en las cadenas de suministro globales. Si bien es un paso en la dirección correcta, los países del G20 deberían usar su influencia para pasar de la intención a la acción concreta”, reclama Forrest.

La lectura de Walk Free destaca que el mundo conoce la escala del problema y tiene el conocimiento y las herramientas para actuar. Lo que falta es voluntad política. “La esclavitud moderna está presente en todo el mundo. Es una manifestación de desigualdad extrema que se impregna en todos los aspectos de nuestra sociedad. Está en el tejido en nuestras vestimentas, en los aparatos electrónicos que acompañan nuestra cotidianeidad y también en nuestra alimentación", concluye Forrest.

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