La reciente aprobación de las modificaciones propuestas a la Ley de Alquileres, que originalmente se sancionó en junio de 2020, ha desencadenado un renovado debate en el sector de los corredores inmobiliarios. Expertos anticipan que estos cambios podrían dar lugar a una sustancial disminución en la disponibilidad de propiedades para arrendar y, como resultado, a un aumento en los costos de los nuevos contratos. Además, se han estancado acuerdos que estaban al borde de concretarse.
La nueva ley debería entrar en vigencia alrededor de la primera quincena de noviembre, una vez que se publique en el Boletín Oficial.
En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto originario del Senado, consolidando así la victoria del partido oficialista. Estas modificaciones representan un hito en el mercado inmobiliario argentino, generando expectativas y preocupaciones entre los actores involucrados. Entre las transformaciones más significativas, se destaca la prolongación de la duración de los contratos a tres años y la sustitución del Índice de Contratos de Locación (ICL) por el coeficiente Casa Propia, el cual es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y se utiliza desde 2021 para la actualización de créditos del programa Procrear II.
No obstante, en las agencias inmobiliarias se palpa un clima de incertidumbre a medida que se reduce la oferta de propiedades. Muchos propietarios, insatisfechos con la ley vigente desde junio de 2020, han optado por vender, ceder en préstamo o dejar vacantes sus propiedades a medida que las recuperan.
Los expertos argumentan que las reformas aprobadas en Diputados no estimularán un aumento en la oferta de viviendas en alquiler. Además, se prevé que las decisiones de los propietarios que tienen unidades disponibles para alquilar no se verán alteradas por estos cambios, y no se espera que haya un incremento en su voluntad de alquilar bajo las nuevas regulaciones.
Hasta septiembre de 2023, los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires han experimentado aumentos de más del 143%, con incrementos anuales que superan el 200% para departamentos y casas, considerablemente más altos que el 115% anual proporcionado por el ICL en octubre.
A pesar de los incentivos fiscales ofrecidos a los propietarios, las perspectivas son cautas. La reforma ha incorporado una adición al artículo 9, que establece que los ingresos provenientes del alquiler de hasta dos propiedades estarán exentos del pago del monotributo.
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