Argentina tras el acuerdo de la deuda: alivio de corto plazo y siguen las tensiones de fondo

Eso explica por qué el ministro de economía, Martín Guzmán, fue aplaudido en la reunión del gabinete de ministros, a pesar de los muchos rumores que circularon en los últimos meses sobre su salida inminente por su presunta falta de pericia para manejarse en el mercado financiero.
Y hasta exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri –es decir muchos de los que emitieron bonos que ahora se están reestructurando– tuvieron palabras de elogio para la concreción del acuerdo.

En el mercado fue evidente el optimismo, que se reflejó en una fuerte alza, tanto de los bonos como de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, con alzas continuadas de dos dígitos en los días posteriores al acuerdo.
Y hasta el kirchnerismo duro, que siempre reivindicó el hecho de que Cristina Kirchner nunca haya querido negociar con los “buitres”, elogió los términos del acuerdo y consideró una victoria política el hecho de que se haya logrado quebrar la inflexibilidad de un peso pesado de las finanzas como el fondo BlackRock.

Claro que el acuerdo no salió gratis para Argentina: el recorte sobre la deuda, que originalmente se aspiraba que fuera de más del 60%, terminó siendo del 45%. Y la contracara de la liviandad de vencimientos en el corto plazo es la acumulación de obligaciones para el siguiente período de gobierno.

Pero lo cierto es que se alejaron los fantasmas de un nuevo default y otro largo litigio legal con los fondos de inversión. En palabras del propio presidente: “Ahora tenemos despejado el horizonte”.

El recordatorio de los problemas vigentes

Sin embargo, ahí termina el alivio, porque así como hubo señales positivas, también vinieron recordatorios en el sentido de que con el acuerdo de la deuda se evitó un empeoramiento de la crisis, pero no se eliminaron los motivos de fondo de esa crisis.
Para empezar, el mismo lunes en que se comunicó el acuerdo, se produjo una demanda récord de dólares por parte de los pequeños ahorristas que querían comprar su cuota de US$ 200 mensuales al precio oficial (más el impuesto de 30%). Se llegó al punto que las páginas web de los bancos colapsaron por la cantidad de gente que saturaron los sistemas.

Esa demanda, que aumenta mes a mes, es el reflejo de uno de los mayores motivos de preocupación del gobierno: la persistente fuga de capitales, en un mercado hiper regulado donde todos quieren comprar y nadie quiere vender dólares. Se estima que en julio la demanda por divisas al precio oficial habrá superado los US$ 800 millones y que en agosto la cifra será mayor aun.

Y en el mercado paralelo, el dólar blue, que había dado una pequeña tregua de un día, de inmediato retomó su tendencia alcista y se ubica en torno de los 140 pesos argentinos, es decir casi el doble de la cotización oficial.

Nadie duda respecto de cómo hay que interpretar ese fenómeno: décadas de turbulencias cambiarias indican que cuando ocurre esta situación es porque en el mercado hay una expectativa de que el tipo de cambio oficial no se corresponde a la realidad. Y hay motivos que parecen confirmar ese punto de vista. Aun con un “cepo” cambiario y restricciones a la compra, y a pesar de estar en plena etapa de liquidación de las exportaciones agrícolas, el Banco Central no logra comprar dólares para reforzar las reservas. Por el contrario, luego de una breve tregua, volvió a tener que intervenir en el mercado con ventas de unos US$ 40 millones por día.

Y todo eso, a pesar de contar con una inédita situación a favor: por la pandemia, casi ha desaparecido el déficit de la cuenta de turismo. Como referencia, el año pasado los gastos de turistas argentinos que viajaron al exterior ocasionaron un rojo de US$ 2.150 millones en ese rubro.
Ahora las reservas están en un nivel de US$ 43.000 millones, pero cuando se descuentan los dólares que no pertenecen al Banco Central –los encajes bancarios, los swap de monedas con otros países, los préstamos de organismos internacionales– lo que queda en la caja para hacer frente a situaciones de urgencia no llega a US$ 10.000 millones.

Es por eso que el gobierno se fijó como uno de sus principales objetivos de este año forzar –al costo de reprimir importaciones– un superávit en la balanza comercial, que se estima será de US$ 18.000 millones. 

La intención es que la mayor parte posible de ese ingreso termine engrosando las arcas del Banco Central, pero esa meta se ve dificultada por esa indetenible demanda de dólares por parte de los ahorristas.

Esta situación es la que llevó a que economistas de tendencia liberal que siempre criticaron el intervencionismo le pidieran que suspendiera las ventas de US$ 200 al precio oficial. La sugerencia es un desdoblamiento del mercado, con un dólar oficial que solo funcione para el comercio exterior y otro mercado libre para los ahorristas y el turismo. En otras palabras, que se legalice el dólar blue.

Pero el Banco Central no ha querido saber nada con esa recomendación. Ni tampoco aceptó las sugerencias de acelerar el ritmo devaluatorio, porque tiene miedo del impacto inflacionario que pudiera tener una suba del dólar. 

En ese marco, las tensiones cambiarias se siguen acumulando, y la gran apuesta del gobierno es que, como consecuencia del acuerdo para el canje de la deuda, empiece a notarse un ingreso de divisas, como consecuencia de la mejora en el acceso al crédito para las empresas privadas. 

Ahora, la negociación con el Fondo Monetario