Argentina y una agresiva propuesta de canje, convencida de que la crisis global le juega a favor

Pero algo convenció al gobierno de Alberto Fernández de que este era el momento correcto. Y ese algo fue el coronavirus. Apenas tres meses atrás, una propuesta que implicara un recorte de 62% en los intereses y, además, tres años de gracia sin pagos de capital ni de cupón, habría sido inaceptable para cualquier fondo de inversión. Pero el mundo cambió, de tal forma que ahora, en medio del desplome general de los activos, esa oferta no es percibida como algo tan fuera de tono.

Y es más, el gobierno logró algo que parecía insólito: que el principal patrocinador de su plan de reestructuración fuera nada menos que el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo, a instancias de Argentina, publicó hace dos semanas un informe en el que concluye que el país no puede pagar nada hasta 2024 y que para retomar una senda de crecimiento debería lograr un alivio de su deuda de unos 
US$ 85.000 millones en el transcurso de la próxima década.

El gobierno presentó este informe como una especie de aval para una propuesta dura a los acreedores. Y es cierto que, como muchos observan en el mercado, el FMI es parte interesada, porque también es acreedor de Argentina –desembolsó US$ 42.000 millones sobre un total del acuerdo stand by por US$ 58.000 millones, el mayor préstamo soberano en la historia del organismo–.

Pero también es real que bajo la gestión de Christine Lagarde difícilmente el Fondo hubiese sostenido un argumento de ese tipo. Ahora, en el contexto de la pandemia y con Kristalina Georgieva, que aparece sensible a la cuestión social y tiene diálogo fluido con el papa Francisco, este “nuevo” FMI parece mejor acomodado a las necesidades del gobierno argentino.

El otro gran espónsor de Argentina es Joseph Stiglitz, el premio nobel de economía 2001, que siempre se mostró crítico de Wall Street y que viene preparando el terreno para que los acreedores se hagan a la idea de una fuerte pérdida de capital. Guzmán, antes de asumir como ministro, fue ayudante de cátedra de Stiglitz en la Universidad de Columbia.

En definitiva, las circunstancias parecían adecuadas para que el gobierno no solo hiciera una propuesta dura sino que, además, la presentara como una demostración de realismo y responsabilidad.Claro, nada garan tiza que del otro lado del mostrador opinen igual, con lo cual no está despejada la posibilidad de una ruptura en las tres semanas que se fijaron como plazo para una respuesta de los acreedores, que nunca ocultaron el desagrado por tener que tratar con funcionarios que son ajenos a los usos del mercado financiero y que “hablan otro idioma” diferente al de los inversores.

Acreedores con espalda ancha

Fue en ese contexto que el gobierno hizo su presentación dirigida a los fondos de inversión extranjeros, entre los cuales figuran varios pesos pesados de las finanzas globales, como BlackRock, Templeton, Fidelity, Pimco y Allianz. El monto a ser refinanciado asciende a US$ 66.000 millones en bonos y títulos emitidos bajo legislación de Nueva York.

A diferencia de los títulos emitidos bajo ley argentina, esta porción de la deuda no puede ser “reperfilada” unilateralmente, como ocurrió recientemente con unos casi US$ 10.000 millones cuyos vencimientos fueron congelados hasta el año próximo. Si el gobierno argentino tomara una decisión que implicara alterar las condiciones originales, las agencias de riesgo crediticio considerarían oficialmente que el país está en default.

Aunque el propio Alberto Fernández reconoció que el país está en una situación de “default virtual”, lo cierto es que –por ahora– no cayó en default real. Y la diferencia es importante: mientras haya negociaciones el país está a resguardo de juicios. Lo que implica que todavía no entraron en escena los actores que jugaron un rol protagónico durante el gobierno de Cristina Kirchner: los fondos buitre.

La oferta presentada por el ministro Guzmán implica un recorte de intereses por nada menos que US$ 37.000 millones. El funcionario explicó sin eufemismo que el país, en este momento, “no puede pagar nada”.An unció que recién después de un “período de gracia” se retomará el pago de intereses, que empezará con 0,5% y se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar una tasa promedio del 2,33% anual. Como se preveía, anunció un extenso lapso en el cual los acreedores no recibirán un centavo, ni por capital ni por intereses. Aunque es cierto que la noticia no cayó tan mal, porque el período de no pago será de tres años y no cuatro, como había trascendido.

Ese será uno de los principales puntos a negociar, porque a los fondos acreedores les irrita especialmente que no haya un “endulzante” en la propuesta. Sostienen que ante una fuerte pérdida de valor, por lo menos el gobierno debería compensar con un pago en efectivo ahora mismo. La parte menos agresiva de la propuesta es el recorte nominal sobre el capital, que es casi simbólico, de 5,4%. Los analistas afirman que esto puede generar una diferenciación entre los bonistas de corto plazo y los de largo. Para aquellos que tenían vencimientos próximos, el hecho de que haya poco recorte del capital les implica una pérdida real menor. En cambio, para los que tienen bonos largos, cuyo atractivo residía en la tasa de interés, la reestructuración supone un golpe duro. En los cálculos preliminares, la pérdida real podría rondar el 60% del valor de los bonos.

Negociaciones a cara de perro

La primera reacción de los mercados pareció positiva. Los bonos argentinos tuvieron un rebote de 8% al día siguiente del anuncio, lo cual fue interpretado por los analistas como que los fondos de inversión se habían preparado para una oferta más dura de la que finalmente se anunció. Sin embargo, la negociación real recién está por empezar. El elemento central es la llamada “tasa de salida”, la que descuenta el flujo futuro de los fondos a pagar por Argentina, de tal manera que determina cuánto es el valor presente de los bonos.

Y no es un número indiscutible, porque depende de la visión que cada parte tenga respecto de cómo evolucionará el mercado y la economía argentina en los próximos años. El gobierno argentino cree que ese descuento podría ser de 4% o 5%, mientras que los fondos opinan que podría llegar al 13%. Por eso, ya con la “letra chica” de la propuesta, que incluirá los plazos de vencimiento de los nuevos bonos, los fondos tendrán más elementos como para saber qué tan lejos están de un acuerdo.

Por lo pronto, todos prevén que en las conversaciones de las próximas semanas los fondos harán valer su gran espalda financiera. El mensaje que le pasan al gobierno es que ellos pueden darse el lujo de esperar para cobrar, a diferencia de lo que ocurría en el canje de 2005, cuando la mayor parte de la deuda en default estaba en manos de pequeños ahorristas.

En otras palabras, eso significa que, si la oferta no es convincente, estos fondos no descartan hacer caer el acuerdo, forzar a que Argentina caiga en default y seguir conversando en un juzgado de Nueva York , donde llevan las de ganar. Argentina, por su parte, tiene una carta a favor: a diferencia de lo ocurrido en la última negociación, ahora ya no es necesario convencer a todos los acreedores.

La nueva legislación implica que si tiene de su lado dos tercios, el resto más belicoso tiene que aceptar. Si hay algo seguro es que  habrá conversaciones “a cara de perro”. 

Un cambio de estilo en el discurso: sin aplausos y con presencia opositora