Arizona prevé un 40% de aumento de ingresos por la frontera sur a partir del 21 de diciembre

Con la administración Biden no fue derogada hasta que Emmet Sullivan, juez federal del distrito de Columbia, dictaminó a mediados de noviembre pasado el fin del Título 42. Esa norma fue utilizada para expulsar personas con el pretexto la pandemia.

En su fallo, Sullivan describió como "arbitraria y caprichosa" esa norma, que comenzó a aplicarse en 2020 y que se mantuvo en la administración Biden, donde la crisis migratoria es aún mayor por el fin de las restricciones del Covid y el aumento de la pobreza entre los migrantes de países centroamericanos.

El efecto de la decisión de Sullivan empieza a regir el 21 de diciembre y anula la orden emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) que permite la expulsión de cientos de miles de migrantes por “motivos sanitarios”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se había presentado a la justicia pidiendo el fin del Título 42  por el peligro de vida de los migrantes y “porque viola la ley de asilo estadounidense”. La norma tiene origen en una ley del siglo XIX diseñada para detener "la introducción" de enfermedades contagiosas en Estados Unidos.

El origen de esta disposición legal se remonta a la década de 1940,  que tiene un párrafo de 128 palabras que permite a las autoridades denegar la entrada de personas “para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.” En marzo de 2020, Donald Trump invocó la norma y dispuso que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) expulsara migrantes indocumentados sin concederles el derecho a pedir asilo, algo garantizado por la legislación estadounidense.

México aceptó esas expulsiones tanto para mexicanos como para personas provenientes de Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras, Nicaragua y Haití.

Sin embargo, funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no estuvieron de acuerdo. A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) reclamó por la ilegalidad de la disposición de Trump.

El gobierno de Biden no derogó el Título 42, aunque sí detuvo la expulsión de menores no acompañados. Y la mayoría de las 2.400.000 veces que las autoridades estadounidenses expulsaron migrantes por esa norma fueron en la administración Biden. En muchos casos son las mismas personas que intentan cruzar nuevamente.

El CDC trató de poner fin al Título 42 en mayo de 2022 sin éxito porque los fiscales generales de los estados gobernados por republicanos decidieron que continuara la medida. Biden mismo ignoró la ilegalidad de esa norma. Contó con el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que aceptó las expulsiones a su territorio, devolvió a sus países a quienes no eran mexicanos y trata de frenar el ingreso de migrantes por su boscosa y selvática frontera sur.

Crisis humanitaria

Más del 90 % de los expulsados por el Título 42, fueron enviadas a México, donde organizaciones de derechos humanos documentaron asaltos, robos, violaciones y secuestros extorsivos. En marzo de 2022 la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) una organización humanitaria creada en 1974 de gran prestigio, visitó ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos y verificó cómo grupos del crimen organizado esperan todos los días cerca de los puentes fronterizos, vigilando a las personas migrantes expulsadas para secuestrarlas.

Durante el año fiscal 2022 (de setiembre 2021 a setiembre 2022), la Patrulla Fronteriza arrestó a 300.000 migrantes. Muchos de ellos deambulan en el norte mexicano, ateridos de frío, sin acceso al agua potable, acosados por mafias, a la espera del fin del Título 42 y presentarse para pedir el asilo en Estados Unidos, algo amparado por la ley pero que pondrá a prueba la capacidad del país para asistir a decenas o cientos de miles de personas que deberán ser alojadas y atendidas mientras dure la resolución de sus casos.

Arizona tendrá el 5 de enero una gobernadora demócrata, formada como trabajadora social. Katie Hobbs llegará con los fríos del invierno y miles de migrantes pidiendo asilo. Nieves Riedel, la alcaldesa de San Luis, dijo que la situación que vive su ciudad es una "crisis humanitaria y de salud pública". El condado de Yuma, donde varias de sus municipalidades de Arizona, como San Luis, ya decretaron el estado de emergencia. 

"En los últimos días hemos visto que hasta más de 1.000 migrantes han llegado aquí a la frontera de Yuma", según Claudia Ruiz, voluntaria de una iglesia local que asiste a los migrantes. Ruiz declaró que hay entre 300 a 500 migrantes esperando ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

Los migrantes esperan en una larga fila a lo largo del muro fronterizo y "muchos no tienen comida, ni agua, es lamentable su situación", apuntó Ruiz. "Una vez que termine el Título 42 el próximo 21 de diciembre, se proyecta un aumento de hasta un 40 % en la migración irregular", adelantó la alcaldesa Riedel.

El aumento del flujo migratorio, así como casos de Covid-19 y gripa preocupa a Riedel, quien asegura que ni los hospitales, ni el Departamento de Bomberos cuentan con los recursos suficientes para enfrentar esta emergencia.

"La cantidad de migrantes que está cruzando ya ha puesto a prueba los servicios humanitarios proporcionados localmente por organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales", enfatizó.

Ahora que la medida desaparecerá, los solicitantes de asilo serán entrevistados por funcionarios de asilo que determinarán si tienen un "temor creíble" de ser perseguidos en sus países de origen. Si la amenaza que denuncian para pedir asilo es creíble, podrán permanecer en Estados Unidos hasta que se tome una decisión definitiva. El proceso puede durar años. Aunque algunos migrantes son detenidos mientras se desarrolla su proceso de asilo, la mayoría son liberados en Estados Unidos con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración o presentarse ante las autoridades.

"Sólo esperemos que el país esté preparado para ofrecer un proceso correcto, humano; que se les dé a los migrantes la oportunidad de presentar sus casos y no nada más los deporten", comentó Pimentel.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron a la cadena CNN que de 9.000 a 14.000 migrantes podrían intentar cruzar la frontera sur diariamente una vez que termine el Título 42.