Minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero fue abordada por dos personas en moto cerca de Bulevar Artigas y General Flores. Intentaron robarle la cartera y en el forcejeo la fiscal cayó al suelo. La arrastraron varios metros. Sin conseguir su objetivo, los dos delincuentes huyeron en la moto.
Ferrero fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Policial. Allí constataron que tenía fracturado el hombro izquierdo y quedó en observación para tratamiento traumatológico. Ferrero debe tener custodia policial las 24 horas. Por tanto, luego del intento de robo la Fiscalía de Corte pidió información de carácter urgente al Ministerio del Interior para conocer cuáles fueron las fallas en la seguridad y la custodia durante el incidente.
La Justicia no tiene indicios de que el intento de rapiña tenga vinculación con el trabajo de Ferrero, pero su figura no pasa desapercibida por su labor al frente de la Fiscalía de Estupefacientes.
La última actuación de Ferrero culminó hace pocos días con la imputación de cuatro delincuentes que cumplían órdenes de la poderosa banda criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).
La investigación comenzó en julio de este año cuando la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) aportó información a las autoridades uruguayas. Allí empezó la operación “”Magnesio”. Entre los datos brindados figuraba el nombre y el número de teléfono de Fernando Otalivio Frabasil Gómez, líder de la célula uruguaya del PCC.
Durante meses, los investigadores liderados por Ferrero intervinieron las llamadas telefónicas de Frabasil y así fueron tomando conocimiento de las acciones y la organización del PCC, el grupo que tiene su centro de operaciones en el sistema carcelario brasileño con más de 100 mil integrantes. El miércoles pasado Frabasil fue imputado por el delito de asociación para delinquir, pero no fue enviado a la cárcel porque se encuentra cumpliendo una pena de prisión domiciliaria, por razones de salud, por un homicidio.
Al día siguiente, su segundo, Mario Bentancor, fue acusado por el mismo delito y enviado a prisión por 90 días como medida cautelar. También fueron condenadas la pareja de Frabasil y Bentancor por asistencia a la asociación para delinquir. Ambas cumplirán prisión domiciliaria; la primera durante 10 meses y la segunda lo hará nueve.
Así quedó desarticulada esta célula del PCC en Uruguay.
A principios de agosto, la fiscal Ferrero comenzó a investigar el caso de 4.500 kilos de cocaína que habían sido embarcados días atrás en el puerto de Montevideo. La droga fue incautada en Hamburgo, Alemania.
El viernes 30 de agosto, activó la investigación penal contra el empresario Martín Mutio por un delito de asistencia al narcotráfico y solicitó como medida cautelar la prisión preventiva.
El 24 de octubre, la fiscal solicitó a la jueza Beatriz Larrieu que fuera cambiada la tipificación del delito y que el empresario fuera acusado de coautor de exportación de estupefacientes. Sin embargo, Larrieu desestimó el planteo. Y además decretó que Mutio cumpliera prisión domiciliaria. A principios de noviembre, el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno revocó la decisión de la Justicia. Mutio debió volver a prisión.
El miércoles 10 de octubre, un hombre de 50 años fue capturado por la policía en un monte ubicado en la zona de Paso Antolín, en Colonia. Había intentado colaborar con una banda de narcotraficantes bolivianos para sacar del país casi 400 kilos de cocaína. Pero la maniobra falló y la droga fue incautada en una vivienda del barrio privado Cumbres de Carrasco, en un operativo policial.
La fiscal Ferrero pudo condenar al delincuente —un uruguayo que vivía en Argentina hacía un tiempo— a dos años y ocho meses de prisión por los delitos de asistencia a las actividades del narcotráfico en reiteración real, tráfico interno de armas de fuego y municiones y receptación en calidad de autor.
Ferrero fue una de las fiscales que encabezó la batalla judicial contra la banda criminal Los Chingas. En mayo de este año, luego de investigaciones realizadas en conjunto con la fiscal de Homicidios Mirta Morales, la Justicia dictó 60 días de prisión preventiva por un delito de violencia privada a Mónica Sosa (“la Moni”). La pena impuesta fue por amenazas de muerte.
La mujer era señalada como la líder de Los Chingas y ya tenía antecedentes judiciales. A fines de 2017 había sido condenada por el delito de extorsión en calidad de cómplice por su participación en la expulsión de vecinos en el barrio Los Palomares. En agosto de 2018, recibió condenas por delitos de hurto de energía y agua potable y usurpación.
El miércoles 4 de diciembre, Christian Anthony Céspedes (“el Pachuli”) fue enviado a prisión preventiva durante 180 días por un delito de secuestro, dos de lesiones personales agravadas y otro por posesión de droga. Las investigaciones habían sido lideradas por Ferrero. El delincuente de 21 años fue detenido el miércoles 3 en un operativo policial.
Era hombre de confianza de “Ricardito”, el jefe de una banda con el mismo nombre, que se encuentra en prisión. De acuerdo a la investigación fiscal, “el Pachuli” es responsable directo del primero de una serie de al menos tres secuestros que ocurrieron en noviembre en el Cerro.
Según filmaciones en poder del Ministerio del Interior, el líder narco tomaba imágenes de sus víctimas mientras las agredía y luego las enviaba a sus familiares para extorsionar y obtener el pago del secuestro.
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