Gobiernos de la región cargan una mochila con las atrocidades de las dictaduras
Los gobiernos democráticos que le sucedieron a las dictaduras se pararon como pudieron ante los militares y civiles que ya no eran tan prepotentes como cuando tomaron el poder.
Las soluciones que encontraron fueron variadas y no todas lograron cerrar las heridas. En algunos casos, como en Brasil, se miró para el otro lado, se dio vuelta la página y los reclamos de justicia quedaron encajonados. Algunos de los líderes del quiebre constitucional están muertos, otros presos y otros hacen lo imposible para seguir viviendo esquivando las rejas y los escraches.
También hubo impunidad y hay golpistas a los no se les tocó. Los procesos judiciales iniciados en la región tomaron como base los juicios de Núremberg donde se juzgó a los nazis de la Alemania de Adolf Hitler que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial. En ese caso varios terminaron en la horca.
En Argentina se creó una Comisión que investigó violaciones a los derechos humanos, también se intentó la vía parlamentaria con leyes como la de “punto final” y se encarceló a los comandantes golpistas. En tribunales de Buenos Aires se procesa hoy un juicio por el llamado Plan Cóndor.
En Uruguay, el camino fue sinuoso. Hubo leyes de amnistía para los bandos enfrentados. Por dos veces los ciudadanos respaldaron la caducidad; el reclamo popular de justicia sigue hasta al presente; todos los años se realizan “marchas del silencio” para no olvidar a los desaparecidos; hubo una Comisión para la Paz que recabó información de lo sucedido, y 20 años después cayeron presos algunos de los militares por violaciones a los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una ley interpretativa de la Caducidad y ahora varias de las investigaciones sobre DDHH pueden postergarse.
En Brasil se hizo la vista gorda tras el último golpe de Estado y no se juzgó a nadie. En Paraguay se exilió al dictador Alfredo Stroessner y unos pocos estuvieron detrás de las rejas. En Chile, los militares tejieron una red que les aseguró ya entrada la democracia cuotas de poder que fueron perdiendo con el correr del tiempo. Y varios de los que acompañaron al dictador Augusto Pinochet cayeron en prisión.
ARGENTINA
La dictadura, para los militares fue un “Proceso de Reorganización Nacional”, empezó en marzo de 1976 con el derrocamiento de la presidente María Estela Martínez de Perón.
El golpe se mantuvo hasta 1983, luego de la derrota de Argentina en el conflicto militar contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas, cuando Raúl Alfonsín logró una victoria en las urnas en un país donde el peronismo gobernó casi siempre. Alfonsín formó la Comisión Nacional de Desaparecidos con la intención de investigar violaciones a los DDHH e impulsó juzgamientos de las Juntas de Comandantes militares.
Por esa vía cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos en fallos que eran seguidos de cerca por la comunidad internacional. Paralelamente el país veía nacer a Organizaciones No Gubernamentales para denunciar atropellos y defender a las víctimas del llamado proceso.
En un clima interno complicado, Alfonsín, tres años después de asumir impulsa las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que cerraron los juicios por delitos de lesa humanidad. Su sucesor, Carlos Menem indultó en 1989 a militares golpistas y a jefes guerrilleros para dar vuelta la página. Pero la página no se dio vuelta.
Los familiares de desaparecidos concentraron sus denuncias en el exterior y así comenzaron juicios penales contra los golpistas en España, Italia, Francia y Alemania por personas desaparecidas que tenían nacionalidad de esos países.
Luego con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, el Congreso en 2003 derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos fueron declarados inconstitucionales lo que permitió retomar las investigaciones judiciales.
Actualmente en Argentina se juzga al llamado Plan Cóndor que fue el nombre que se le dio a la coordinación que tuvieron las dictaduras de la región para realizar acciones conjuntas, detener personas y extraditarlas en forma express. Varios de esas personas están desaparecidas o muertas.
BRASIL
Lo que en Argentina se llamó “proceso” los militares golpistas de Brasil que en 1964 tomaron el poder lo definieron como “contrarrevolución”. En la noche del 31 de marzo de ese año caía el presidente Joao Goulart. Pocos años antes, Brasil aprobó una enmienda constitucional que convirtió al país en una democracia parlamentaria.
Así el presidente vio recortadas sus funciones, se creó la figura de un primer ministro y la falta de una coalición firme impedía la aprobación de leyes que impulsaba Goulart.
En 1963, la población apoyó en un plebiscito la vuelta al presidencialismo. Goulart impulsó una serie de reformas agrarias, expropió las refinerías petroleras, perdió apoyo en la izquierda, enfrentó una férrea oposición de la derecha y de militares sublevados. El 4 de abril, Goulart se vio forzado a pasar la frontera y se instaló en su estancia en Uruguay. La dictadura se extendió hasta 1985. EEUU, enfrentado a Cuba en estas latitudes, le preocupa la expansión del comunismo y movilizó su marina hacia el Atlántico Sur.
El actual gobierno ordenó desclasificar a miles de documentos de la dictadura, mientras la Comisión Nacional de la Verdad, creada por la presidente Dilma Rousseff -que fue una presa política que sufrió apremios físicos-, sigue investigando sobre torturas y muertes ocurridas entre 1964 y 1985. Esa Comisión informó en febrero sobre la detención de 50 mil personas en 1964 y 600 opositores fueron presos en estadios y barcos.
En Brasil una ley de amnistía de 1974 no permite que los acusados por crímenes cometidos por la dictadura militar sean enjuiciados. Así las masacres quedaron sepultadas y los responsables de la dictadura no conocieron la prisión. En 2012, se informó en base a archivos de las Naciones Unidas que Brasil deportó en dictadura a un millar de extranjeros que intentaban refugiarse.
PARAGUAY
Los paraguayos soportaron la larga dictadura de 35 años que encabezó Stroessner, un general que peleó en la guerra del Chaco contra Bolivia. En 1954 dio un golpe de Estado y permaneció en el poder hasta 1989 cuando se exilió en Brasil hasta su muerte. En su gobierno hubo desapariciones forzadas -estimadas en 340-, deportaciones, muertes –hubo entre 3.000 y 4.000 asesinatos políticos- comunidades indígenas arrasadas, trata de niños y torturas que fueron constatadas por la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación en agosto de 2008.
También se constató que siete millones de hectáreas fueron otorgadas al empresariado en forma irregular en un país con una profunda brecha social. La Comisión reclamó justicia para las víctimas de la represión y que se restituyan los “bienes mal habidos” durante la dictadura.
Apenas asumió, Stroessner suprimió las garantías constitucionales, prohibió los partidos políticos y realizó una purga en el gobernante Partido Colorado que le facilitó su control. La corrupción fue característica de su gestión así como su política anticomunista y alineada con EEUU, apoyo que perdió con Ronald Reagan al llegar el fin de la guerra fría. También dio asilo a nazis y a dictadores de derecha.
Entrado los años 80, con Argentina, Brasil y Uruguay habiendo recuperado la democracia, Paraguay vivió movilizaciones pacíficas en las calles que fueron reprimidas. El 3 de febrero de 1989, su consuegro y mano derecha, el general Andrés Rodríguez, lideró con éxito un golpe de Estado. Stroessner se exilió en Brasilia y falleció en 2006. Sus familiares intentaron repatriar su cuerpo pero siempre recibieron un no por respuesta.
Hasta hoy, sin mayor suerte, organizaciones de DDHH y víctimas sobrevivientes de la dictadura de Stroessner siguen reclamando que se castigue a los culpables. Según consultas de El Observador con ONG de Derechos Humanos de Asunción, tras la dictadura fueron procesados un general que era jefe de Policía que nunca estuvo en una cárcel sino con prisión domiciliaria. Además hay otros 15 policías condenados a 15 años de cárcel por delitos en la dictadura y que fueron alojados en una recinto especial.
CHILE
El 11 de setiembre de 1973, el comandante del Ejército de Chile, Augusto Pinochet traicionó al presidente socialista Salvador Allende y encabezó un golpe de Estado iniciando un período de 16 años que dejó tras de si muerte y represión. El régimen dejó unas 2.300 ejecuciones, 1.200 desaparecidos, y 28.300 víctimas de prisión y tortura.
Como en las demás dictaduras de la región se terminó con la libertad de expresión, se suprimieron los partidos y el parlamento fue disuelto. Comenzó también lo que se conoce hoy como “apagón cultural”, los empresarios se imponían con los asalariados, aumentó la desigualdad social y el Estado asumió un papel interventor. Del ataque aéreo al Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo en Santiago, se recuerda el suicidio de Allende.
La dictadura llegó a su fin en 1990, tras un plebiscito de 1988 que le negó a Pinochet un nuevo período de gobierno. El régimen se las arregló para permanecer y Pinochet se convirtió en senador vitalicio. Sin embargo, el juez español Baltasar Garzón, libró una orden de captura internacional y Pinochet fue detenido en Londres en 1988 donde había viajado para un tratamiento médico. Garzón lo responsabilizó de 94 casos de torturas a españoles y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
En marzo del 2000, Pinochet regresó a Chile. Poco después el Tribunal de Apelación levantó su inmunidad parlamentaria y en diciembre de ese año, un juez lo procesó por el secuestro de 75 opositores .
El juicio se suspendió debido al Estado de salud del dictador quien falleció en 2006, sin haber sido condenado por delito alguno. Con los años, en forma lenta, la Justicia de Chile siguió avanzando en las investigaciones y varios militares fueron enviados a prisión por crímenes de lesa humanidad, delitos económicos, y robo de bebés. En el exterior, países como Francia, realizó juicios en ausencia a militares chilenos por la muerte de franceses en el período Pinochet.