FA quiere limitar "extranjerización de la tierra" y en Cabildo hay "disposición" a apoyarlo

“La razón que nos moviliza a presentar este proyecto es el denominado problema de la extranjerización de la tierra. El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, con lo cual queremos decir que este es, en muchos casos, el ‘talón de Aquiles’ de las posibilidades de desarrollo de nuestro país”, indica la exposición de motivos del proyecto de ley, que está a estudio de la comisión de Ganadería de la Cámara. 

Legisladores de Cabildo Abierto señalaron que si bien deben analizar el contenido del proyecto, hay “disposición” a votarlo porque limitar la “extranjerización” de la tierra es uno de los propósitos del partido.

La iniciativa busca regular la adquisición de tierras en suelos rurales, cuando se trata del pleno dominio, la nuda propiedad (que carece de usufructo) y la posesión de las mismas. La propuesta no afecta los negocios jurídicos sobre desmembramientos del dominio (los derechos reales de usufructo, uso, habitación y servidumbre, que suponen una actividad productiva por parte del titular), ni los contratos personales como el arrendamiento, el pastoreo y las aparcerías. 

Los senadores de la coalición de izquierda aseguran que quieren “proteger el dominio nacional” frente a “la concentración ociosa y especulativa de tierras por avatares financieros y del capital”. En la exposición de motivos señalan que el territorio nacional es “objeto de compra de las leyes de mercado”, por lo que la “tierra termina siendo un bien de cambio” que puede caer en manos extranjeras, afectando la cadena productiva y “transformándonos en una colonia”. 

Además, plantean que la concentración de grandes superficies a cargo del capital trasnacional perjudica la oportunidad y la productividad real de amplios sectores de la ruralidad. A largo plazo, esto tiene como consecuencia la “expropiación” de la clase media rentista de los campos, según los legisladores.  

La categoría de “suelo rural” está definida en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008 y es competencia de los gobiernos departamentales catalogar como tal una tierra. La propuesta se centra en la definición de nuevos requisitos para la adquisición del pleno dominio, la nuda propiedad y la posesión de las mismas. 

Según la iniciativa, para las personas físicas de nacionalidad extranjera se exige al menos uno de cuatro requisitos: ciudadanía legal uruguaya; residencia en el país continua, permanente y comprobada por 10 años; hijos uruguayos y una residencia probada de cinco años; o unión en matrimonio o concubinato declarado judicialmente con un ciudadano natural o legal uruguayo. En este último caso, se debe probar que la alianza se concretó cinco años antes de la celebración del negocio jurídico, al igual que la residencia en Uruguay por el mismo período. 

Más adelante, el proyecto de ley establece las condiciones para que las personas jurídicas y ciertas sociedades o asociaciones de hecho puedan adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión de tierras rurales. Las disposiciones se suman a las ya vigentes sobre titularidad de los inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por las sociedades comerciales. 

Por ejemplo, las personas jurídicas constituidas en un país extranjero no podrán adquirir el pleno domino, la nuda propiedad o la posesión. A su vez, no lo podrán hacer las personas jurídicas cuyo capital esté mayoritariamente o en un 51% a título de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero.

Por otra parte, el proyecto de ley prevé que el Poder Ejecutivo pueda autorizar la celebración de estos negocios jurídicos con sujetos que no reúnan los requisitos dispuestos en el proyecto, siempre y cuando se dé “en el marco de un proyecto productivo de relevancia para el país, que esté orientado a las políticas y los objetivos de desarrollo nacional, genere empleo y contribuya a elevar la producción y la productividad del sector involucrado”. En tal caso, las autoridades deberán remitir a la Asamblea General el acto de autorización, el proyecto productivo y todos los antecedentes correspondientes.

Si se aprueba la norma, no se verán afectados los derechos adquiridos, y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente de la promulgación. La reglamentación determinará cómo se controlará el cumplimiento de la ley y qué órgano estará a cargo de hacerlo, según el proyecto de ley. 

Los negocios jurídicos que se realicen luego de promulgada la norma e incumplan con lo dispuesto, quedarán anulados de inmediato y las partes no tendrán derecho a una indemnización. Lo mismo sucederá si para infringir las previsiones de la ley se interpone una persona física o jurídica habilitada para cerrar este tipo de acuerdos. 

Leonardo Carreño

 "Lo vamos a estudiar, en algunos aspectos a primera vista los compartimos. En lo personal entiendo que la prohibición no debería comprender a las personas físicas nacidas en países del Mercosur o incluso Aladi. Participamos que se prohíba o limite la compra por sociedades con acciones al portador, que hasta pueden ser de estados extranjeros", dijo el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech. 

Fuentes del Partido Nacional y el Partido Colorado consultadas por El Observador aseguraron que todavía no habían estudiado el contenido del proyecto de ley, por lo que no podían pronunciarse sobre él.

En 2012, la FAO advirtió que en América Latina había “una nueva ola de extranjerización que provocó un tremendo proceso de concentración” y un “alza descontrolada en el precio de la tierra", que en Uruguay se había multiplicado por siete en los últimos 10 años.

El informe de este organismo internacional indicaba, a partir de datos del Instituto Nacional de Colonización, que el 83% de los campos vendidos en 2010 había sido comprado por extranjeros, incluyendo europeos, brasileños, argentinos, neozelandeses, coreanos y estadounidenses.