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Cabildo Abierto, el FA y Graciela Bianchi apuran una ley para tirarle un "salvavidas" a deudores
Cabildo Abierto y el Frente Amplio (FA) van camino a un acuerdo que posibilitará la aprobación de un proyecto de ley unificado que pretende posibilitar una reestructura de las deudas que decenas de miles de personas mantienen con el sistema crediticio. Un proyecto que genera una fuerte resistencia en el Poder Ejecutivo pero que cuenta con el visto bueno de una influyente senadora del partido de gobierno.
Los liderados por Guido Manini Ríos habían innovado al elevar, en noviembre de 2020 ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, la creación de un procedimiento para atender la situación de - según palabras del excomandante del Ejército- miles de deudores "expoliados" por los prestamistas. Su propuesta apunta a beneficiar a los "deudores inculpables de buena fe" cuyos activos no excedan una única vivienda y que sus ingresos anuales no superen las 120 mil unidades indexadas (UI). La eventual ley le permitiría entablar un procedimiento administrativo ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los seis meses de haber incurrido en mora. Si se hace en ese plazo, gozará de "presunción de inculpabilidad".
Los liderados por Manini Ríos hablan allí de la responsabilidad de empresas financieras o comerciales "al atraer a personas a tomar créditos a través de publicidad disuasiva y convincente".
En agosto de este año, por su parte, la bancada del Frente Amplio presentó otro proyecto en la misma línea que apunta a "proteger" a los deudores, enfocado en los intereses, multas y recargos, muchas veces "abusivos", que aplican las instituciones financieras y los comercios, sobre todo a la hora de aplicar mecanismos de cobro.
En la sesión de este martes de la comisión, el senador frenteamplista Charles Carrera sostuvo que el proyecto de su bancada va en la misma dirección e incluso establece algunas "herramientas complementarias", por lo que propuso la unificación de ambos textos. "Ambos se complementan" aseguró Carrera, dirigiéndose directamente al presidente de la comisión, el cabildante Guillermo Domenech, proponiéndole directamente que los asesores de ambas formaciones trabajen conjuntamente.
Según explicó, mientras Cabildo plantea una "especie de concurso" o junta de acreedores para analizar la situación de los deudores, el FA se propone la "protección" de las personas físicas ante el "abuso o acoso" por parte de las instituciones de intermediación financiera.
El Frente Amplio propone una serie de prohibiciones para las firmas de intermediación. Allí se apunta a la "violación de la intimidad" del deudor, el uso de información errónea, el abuso de la desinformación y las llamadas constantes a horarios inapropiados. También se propone que, a solicitud del deudor, se convoque una "audiencia de conciliación" en torno a la deuda a cargo del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Allí el acreedor debería presentar de manera cierta, clara y veraz toda la información referente a la deuda. Entre ellas monto y condiciones iniciales, renovaciones, amortizaciones y discriminación entre capital e intereses.
Carrera apuntó a una "práctica desleal" de los acreedores, que "muchas veces te dan un préstamo por un valor pero después resulta que no hay una información veraz que acredite ese monto". En su proyecto el Frente Amplio propone modificar el monto intangible de los salarios, hoy situado en 35%. Lo que se plantea es un cronograma de elevación progresiva, para llegar al 50% en el año 2054.
"Creemos que esta es una oportunidad" remarcó el senador frenteamplista, apelando a un acuerdo con los cabildantes en pos de un objetivo común: "proteger a muchas personas que hoy están desprotegidas".
Las últimas cifras disponibles indican que hay casi un millón de personas incluidas con adeudos atrasados en el Clearing de Informes, en un fenómeno que se acentúa en los sectores más pobres. A su vez, más de 633 mil personas están registradas ante el Banco Central como "deudores irrecuperables".
Por lo pronto ya hubo coincidencias antes de empezar. Para la elaboración de su proyecto el Frente Amplio hizo lo mismo que Cabildo Abierto: consultar a la exjueza Dora Szafir, profesora de Derecho Civil y Relaciones al Consumo, convocada varias veces en los últimos meses al Parlamento por las condiciones "usureras" de muchas empresas de créditos.
Domenech, por su parte, reivindicó la pertenencia de su partido a la coalición de gobierno y sostuvo que Cabildo Abierto intentó contemplar la opinión de sus socios. Blancos y colorados no mostraron mayor interés por la aprobación del proyecto. "Nos parece bueno que pueda tener también los votos de la oposición", remarcó Domenech. "Es un proyecto de sensibilidad social que nos comprende a todos". Cabildo Abierto y el Frente Amplio acordaron una semana de plazo para comenzar a trabajar en la unificación de sus proyectos.
Los que cayeron en la trampa
La senadora nacionalista Graciela Bianchi destacó el acuerdo que existe en los aspectos fundamentales de la iniciativa y propuso darle prioridad al texto de Cabildo Abierto, al contar con un mayor tiempo de análisis. "Me inclino por aprobarlo lo antes posible" dijo la legisladora, que optó por relatar una vivencia personal.
"Ayer me llamó una señora mayor, llorando", contó. "No sé quién es, pero la verdad es que llegó a movilizarme, porque era una señora que, en los últimos años de su vida, el Banco Central la colocó en la categoría 5 (deudor irrecuperable) por una deuda". Se trata, dijo, de situaciones que deben resolverse rápidamente. "Hay de todas las edades", apuntó. "Pero lo común es que se trate de gente mayor que cayó en mucho engaño por las jubilaciones o pensiones bajas, o gente joven que también cayó en esta trampa que no tiene solución si nosotros no tiramos un salvavidas", señaló.
Bianchi aprovechó para recordar la posición "bastante complicada" que esa entidad expresó en el Parlamento con respecto a este tipo de iniciativas. En junio de este año el presidente de esa entidad, Diego Labat, había llamado a los legisladores a ser "muy cuidadosos", ya que este tipo de idas implicaría un "cambio en las reglas de juego". Labat argumentó que "en los hechos es meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente van a llegar a los resultados que queremos o deseamos".
Sobre todo se expresó en cuanto a planes que plantean "mirar hacia atrás" y "se meten" en créditos ya otorgados lo que, a su juicio, podría generar una retracción del crédito, que lo único que lograría sería perjudicar a ciertos sectores de la población, tanto buenos como malos pagadores.
Bianchi dijo al respecto poder ser capaz de entender esos cuestionamientos desde el punto de vista de las normas bancocentralistas. "Pero nosotros no somos el Banco Central", concluyó.
