Cambiar la estructura de reclusión

Los sistemas de reclusión de delincuentes adultos y menores fracasan, desde el siglo pasado, en su meta legal de procurar rehabilitarlos mientras cumplen sus condenas en condiciones medianamente dignas. Al contrario, esta persistente claudicación oficial en ambas exigencias induce más reincidencia delictiva que reinserción social. La situación ha generado severas censuras de Naciones Unidas y de organismos defensores de los derechos humanos, como ha vuelto a ocurrir con la avalancha de denuncias de malos tratos a adolescentes a cargo del INAU. En el caso de los mayores, apunta a cierto progreso el reciente anuncio del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de la adjudicación a dos empresas privadas de la construcción y parte de la gestión de una cárcel más o menos modelo para presos de baja y mediana peligrosidad. Este centro albergará a 1.920 de los 10 mil presos adultos actuales cuando se complete su construcción en 2016.

La situación es menos promisoria para los adolescentes. Las denuncias ante la Justicia de malos tratos a los reclusos más peligrosos, por parte de funcionarios encargados de su custodia y presunta rehabilitación, han puesto en evidencia la incapacidad del INAU como custodio y educador de los transgresores menores de 18 años que tiene a su cargo. Las denuncias están centradas en golpizas a muchos de los 90 jóvenes internados en el sector de máxima seguridad de la Colonia Berro. Involucran incluso a directores de esa área y han conducido a reclamos de renuncia del director del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa), la dependencia del INAU responsable por los centros de internación de cerca de 400 delincuentes menores.

Tanto las autoridades del organismo como su gremio de funcionarios argumentan ingenuamente que todo es una campaña montada para desacreditarlos. Lo que en realidad ha sucedido es que ha estallado en forma pública una antigua carencia oficial, conocida de siempre pero soslayada durante largo tiempo. La crisis que se ha desatado es consecuencia directa del empecinamiento de sucesivos gobiernos de mantener al Instituto del Niño y el Adolescente en una función que no le corresponde y para la que no está capacitado. El INAU cumple en todo el país una valiosa actividad en diferentes formas de atención a decenas de miles de niños y adolescentes, remediando carencias en sectores de población de bajos recursos. Pero el manejo de los delincuentes menores debe estar a cargo de un organismo de alta capacitación y separado del INAU, requisitos que obviamente no llena el Sirpa. Puede ser una institución autónoma o funcionar en la órbita del Ministerio del Interior, aprovechando las experiencias valiosas que está ganando en materia de reclusión y rehabilitación de delincuentes.

Pero algo hay que hacer. La inacción no es excusa. Lo que se necesita es que este gobierno o el próximo asuman la responsabilidad de corregir el bochorno social de la estructura actual. l