Carniceros denuncian inspecciones ilegales de la Intendencia de Montevideo
Quejas por exigencias que no corresponden a la intendencia, pero además porque los funcionarios actúan sin respetar medidas preventivas por el covid-19
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25 de mayo de 2020 a las 14:27
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Autoridades del Instituto Nacional de Carnes (INAC) se reunirán esta semana con sus pares de la Intendencia de Montevideo, con el objetivo de consultarlos sobre una molestia que existe en la Unión de Vendedores de Carne (UVC) con relación a inspecciones que funcionarios de la intendencia han realizado a diversas carnicerías.
La UVC entiende que esas inspecciones no son procedentes, pero además denunció que en esas visitas los funcionarios de la intendencia no contemplan las medidas preventivas relacionadas con el estado de emergencia sanitaria por el covid-19 (enfermedad causada por el coronavirus), con el consecuente riesgo para los clientes y el personal de los locales comerciales.
La información fue confirmada este lunes a El Observador por Alfonso Fontenla, presidente de la UVC, quien dijo que el presidente del INAC –Fernando Mattos– fue quien le anunció que ya estaba gestionada la reunión del instituto cárnico con la intendencia capitalina, a los efectos de conocer por qué se comenzó a proceder con estas inspecciones sin los cuidados necesarios.
Doble preocupación
Fontenla dijo que en los últimos días muchos carniceros, de todo Montevideo e incluso algunos que no son socios de la UVC, trasladaron su preocupación por esas inspecciones: “No solo no se están tomando atribuciones que no les corresponde, sino que llegan sin tapabocas, tal como vienen pasan para atrás del mostrador, no hay ninguna desinfección en sus prendas de vestir, llegan de la calle y pasan a todos lados… todo se hace sin cumplir nada del protocolo de seguridad sanitaria por el coronavirus. Nosotros, con un gran esfuerzo, cumplimos con todo para poder tener abierta la carnicería y cuidar a nuestros clientes, así que eso nos preocupa”.
Mencionó, incluso, que hubo casos en los que la manera de dirigirse ha sido “agresiva”.
Los funcionarios municipales, explicó, plantean exigencias para lo cual “está claro que no tienen potestades; nosotros cumplimos con todo lo que nos exige el INAC y cada cinco años tenemos instancias de habilitación de la actividad”.
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