La fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione investiga la compra de una casa por parte del ex director del Comcar y ex jefe de inteligencia carcelaria, Carlos Taroco, justo una semana antes de caer detenido por el caso Penadés. Entre las medidas que dispuso pidió el levantamiento de secreto bancario para rastrear si recibió algún ingreso de dinero.
Según supo El Observador por fuentes del caso, la fiscal se apresta a citar la próxima semana a otros indagados en la causa y avanza en llegar a acuerdos con al menos dos colaboradores, a cambio de que le aporten información relevante sobre la trama que se montó para ayudar al exsenador a minimizar las consecuencias penales y que la fiscal Ghione ha llamado “estafa procesal”.
Esos imputados con los que llegará a un acuerdo son el policía Federico Rodríguez que trabajaba para Taroco y lo ayudó a armar el esquema que tenía a Jonathan Mastropierro en el centro y a Romina Celeste como los artífices de la trama para hacer caer a Penadés, así como con otras personas que colaboraron.
Rodríguez tuvo una activa participación dado que como ya conocía a Mastropierro de cuando había estado preso por estafa, se acercó a él para tratar de conquistarlo y sacarle información. Además examinaba las redes sociales de Mastropierro y cotejaba datos en sistemas de información internos de la Policía.
Pero la fiscal también pidió levantar el secreto bancario de Taroco para investigar como se realizó la compra de la casa de la que había informado en noviembre el periodista Eduardo Preve. La casa está ubicada en el barrio 19 de Abril, a pocas cuadras de la ruta 5 y Taroco pagó por ella US$ 40 mil, de los cuales le entregó US$ 30 mil al vendedor y financió los restantes US$ 10 mil en cuotas de $ 20 mil.
El exdirector del Comcar justo se había mudado a la nueva casa, que encontró por Facebook, el fin de semana previo a ser imputado. Antes alquilaba una casa en el barrio Peñarol. Si bien hizo la compraventa por escribana, adquirió los derechos posesorios porque la vivienda está en un predio municipal.
Entre los citados a los que pretende imputar el martes también está el funcionario del Parlasur, Diego Cuiñas, que fue el nexo entre Penadés y Taroco. Las fuentes señalaron que no creen que se llegue a acuerdo con él.
Cuiñas ya conocía a Penadés del Parlamento pero estrechó vínculo con el senador blanco cuando asumió la Presidencia del Parlasur para el período 2023. A su vez, conocía a Taroco de la masonería y le pidió ayuda para el senador.
A ese vínculo se refería la fiscal Ghione cuando le informó a Mastropierro, una de las víctimas del caso Penadés, que había “lío de la logia”, en relación a la masonería, en los chats entre la fiscal y Mastropierro, divulgados por Santo y Seña.
Otros indagados de la causa son la hermana de Penadés, Mariana, y los dos colaboradores de Penadés, Horacio Tejera y la funcionaria de la Corte Electoral Graciela Del Vecchio.
En el caso de la hermana, las fuentes señalaron que era quien coordinaba todo y articulaba con algunas de los otros indagados. De hecho, en un primer momento pensaron que era el nexo entre Penadés y Taroco porque participó de la mayoría de los encuentros que su hermano organizaba, incluído con Cuiñas. De todos modos, el parentesco exonera la pena del delito de encubrimiento (una de las posibles figuras a aplicar) por lo que la fiscalía deberá considerar si cabe aplicar otra figura.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno confirmó semanas atrás la imputación a Taroco por los delitos de cohecho calificado y revelaciones de secretos. Según consignó La Diaria que accedió a la sentencia, el tribunal señaló que se dieron todas las garantías del debido proceso pero advirtió desprolijidades en su tramitación.
“Asistimos a una tramitación desordenada, donde se intercalan, sin más solicitudes, decisiones, recursos, traslados y nuevas decisiones sobre ejes temáticos diferentes, con la consecuencia de una indebida dilación en elevar las actuaciones a la Sala”. Asimismo, sostiene que “debieron formarse piezas por cada una de las cuestiones promovidas, en lugar de mezclarlo todo”.
El tribunal rechazó el argumento de la defensa sobre que tiene que existir dinero a cambio para que se pueda tipificar cohecho y señaló que “puede no ser sólo dinerario, sino también favores, ascensos o empleos u otros de naturaleza similar. Contrariamente a lo sustentado por la defensa, se han reunido elementos objetivos suficientes para la iniciación del sumario”, dice la sentencia.
En defensa de la imputación Ghione aseguró que existieron varias reuniones, el uso de recursos estatales para la investigación, y la vigilancia y pesquisa contra varias personas, incluyendo el entorno del adolescente de 17 años que fue asesinado en Sayago en abril de este año, días antes de que se iniciara el caso, y el traslado de un preso de una cárcel a otra para tratar de sacarle información, todo con el objetivo de "ubicar a las víctimas" de Penadés.
Fiscalía de gobierno pidió ampliar investigación sobre Ghione
La investigación administrativa que inició la Fiscalía sobre la conducta de la fiscal Alicia Ghione concluyó y fue elevada a la Fiscalía de Gobierno para mayores garantías, dijeron a El Observador fuentes del organismo. La Fiscalía de Gobierno, que está bajo el mando del Ministerio de Educación y Cultura dentro del Poder Ejecutivo, pidió la ampliación de algunos de los testimonios recabados en la investigación que lleva adelante Jurídica de la Fiscalía de Corte. Esa investigación busca determinar si la fiscal es responsable por las filtraciones que existieron en la causa o si tuvo una conducta irregular al tener un trato de demasiada confianza con las víctimas.
