Comenzó la batalla

Salvo la reforma previsional de 1996, una verdadera revolución y una verdadera obra de arte de la política, que introdujo el sistema mixto jubilatorio con la incorporación de la AFAP para administrar profesionalmente los fondos previsionales y establecer un sistema de cuentas personales donde cada trabajador sabe cuánto dinero tiene ahorrado, todo lo demás fueron parches y remiendos. A veces, incluso, fueron marchas atrás, como la reforma de 2008 que otorgó beneficios generosos y que contribuyó notoriamente a desfinanciar un sistema que no se sostiene por si mismo sino con el aporte de de Rentas Generales.

Lo que ocurre en Uruguay no es algo exclusivo de nuestro país. La desfinanciación de los sistemas de seguridad social es un fenómeno mundial, haya habido buena o mala administración en las décadas previas, haya habido o no participación del sector privado en la administración de los fondos. 

En general, el problema es demográfico con la creciente expectativa de vida ante la que no se han adaptado sistemas y beneficios diseñados para otras épocas. A ello, cada país añade sus propios problemas como ser su pirámide demográfica, su historia de buenas o malas inversiones cuando se instauraron los sistemas de reparto y estos por definición eran financieramente positivos ya que eran más los activos que aportaban que los pasivos a quienes atender.

Por esa razón, la necesidad de reforma pasa en general por un aumento de la edad de retiro o alguna forma mixta que permita seguir trabajando y cobrando alguna jubilación. Y ahí está la gran batalla. Se convoca habitualmente a un comité de expertos, como hizo este gobierno al comienzo de su gestión para realizar un diagnóstico, y luego viene un proyecto de ley que en mayor o menor medida incluye un aumento de la edad jubilatoria. En general, la discusión pasa por cuándo comienza a aplicarse la nueva edad. 

El presidente Lacalle tuvo la deferencia, que no es poca cosa en momentos actuales, de ir personalmente a la sede del FA a entregar el anteproyecto de ley. Fue un gesto muy republicano y bien recibido por el presidente del FA, Fernando Pereira, que lo valoró positivamente. Quienes no tuvieron el mismo espíritu republicano y de diálogo fueron algunos sectores de la oposición como los socialistas y comunistas que enseguida mostraron un rechazo total. 

Más agresiva incluso fue la declaración del PIT-CNT. Primero le recordó al presidente Lacalle que en 2019 él promovía una reforma que no afectara la edad jubilatoria de quienes ya estaban en la vida laboral. Eso era cierto, y así lo reconoció el presidente, haciendo la salvedad de que ahora la Comisión de Expertos recomendaba subir la edad jubilatoria en forma gradual para quienes ya estuvieran en el mercado de trabajo pero sin afectar a los más cercanos a jubilarse. Y luego lanzaron una andanada de improperios y exabruptos sobre el proyecto que parecía ser la causa de todos los males de los uruguayos incluidos los generados por la pandemia y por administraciones anteriores. 

De hecho, el malestar comienza porque el proyecto se presentó primero al FA y no al PIT-CNT. A ello replicó Lacalle que no había razón, salvo que el PIT estaba acostumbrado a cogobernar. Y sigue porque mantiene las AFAP -algo que al propio FA no se le ocurrió derogar en 15 años de gobierno- y  aborda la Caja Militar -que será tema que dará que hablar,  incluso dentro de la Coalición Multicolor-. 

Pero que los ánimos de la central de trabajadores están caldeados y que se entonan los tambores de guerra se vio en el hecho de que se convocara a un paro general contra la reforma jubilatoria, porque al sindicato único  la reforma le parece  peor que el diablo encarnado. 

Afortunadamente para suavizar la batalla y llevarla, como corresponde, al camino del diálogo donde caben diversas opiniones sobre cómo solucionar los problemas de la seguridad social, se conoció esta semana una reciente encuesta de la firma Equipos Consultores, donde una amplia mayoría (un 72%) de los uruguayos entiende que es necesaria la reforma y que sobre el trascendental punto del cambio en la edad jubilatoria normal, un 37% dice estar de acuerdo y un 24% dice que aunque “no le gusta” el eventual cambio, “lo aceptaría”. Así, el nivel de aceptación con respecto al incremento de edad jubilatoria normal tiene 61% de aceptación.

Ahora es preciso realizar un fino trabajo político. Tan fino o más que el que se llevó a cabo en 1996.

Hay muchos temas candentes y si bien este gobierno podría dejar la papa caliente para el próximo, hace bien el presidente Lacalle en presentar el proyecto al Parlamento. Eso sí, tendrá que poner en juego toda su capacidad política para que el proyecto consiga un consenso amplio. Porque esta reforma debe ser una política de Estado y no conviene que sea aprobada solo por un partido.