La reforma de seguridad social para adecuar el financiamiento de los diversos sistemas a los cambios demográficos debe ser una de las tareas políticas más difíciles que existen. Quizá más difícil aún sea convencer de las bondades de un régimen de cuentas personales, reales como las que llevan nuestras AFAPS o nocionales como las que lleva el estado sueco con los aportes de cada trabajador.
Eso lo sabe de sobra Emmanuel Macron que ha llevado a cabo un reforma del sistema de pensiones más generoso de Europa, con un 14% de PIB destinado al gasto en seguridad social y edad de jubilación de 62 años que ahora subió a 64 y aún así sigue siendo la más baja de Europa. Aún así, a Macron le incendiaron la pradera y ni siquiera sus propios aliados en la Asamblea General le dieron los votos para la reforma. Tuvo que recurrir a un artículo especial de la Constitución (el 39, c) para obviar el voto de la Asamblea y convertir en ley el proyecto aprobado en el Senado.
Aquí en Uruguay, hemos tenido más suerte y mejor política. En 1996, en el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti se llevó a cabo una profunda reforma del sistema que evitó el caos total. Y fue una obra de arte política, teniendo en cuenta que introducía el sistema de cuenta personales administradas por empresas privadas. Esa reforma, que plasmó un régimen mixto con base del pilar de solidaridad gestionado por el BPS más el fondo generado por cada trabajador administrado por una empresa profesional en el tema ha funcionado muy bien. Algunos critican las ganancias de las administradoras de los fondos -la principal de las cuales es de propiedad estatal- pero olvidan que hoy por hoy el fondo de cada trabajador se compone dos tercios por las ganancias que han generado en la administración del mismo y un tercio por los aportes del trabajador.
Y hoy probablemente no habría problemas, o ellos serían de ajustes al sistema que la realidad ha demostrado como necesarios, si no se hubiera aprobado en 2008 una ley que flexibilizó las condiciones de acceso a la jubilación. Se disminuyó a 30 años la cantidad de años de servicios necesarios para configurar causal a los 60 años de edad y creó un esquema de causales a partir de los 65 años y 25 de trabajo. Y además la práctica de esa ley, con manga ancha para admitir casos dudosos, llevó a que el costo de esa reforma fuera 8 veces superior al proyectado.
Si vemos las edades de retiro en países desarrollados, la mayoría rondan por los 65 años y ya tienen programado un aumento a 67. Italia está en 67. Alemania va de 65 a 67. España de 66 a 67. El mencionado caso de Francia está en 62 y pasará a 64. Holanda está en 67 y se actualiza según la evolución de la expectativa de vida. Suecia tiene la edad 65 y el sistema de cuentas nocionales que protegen el aporte del trabajador. Esta en 65. Bélgica 65. Dinamarca 67, Suiza 65, Gran Bretaña 66 con suba programada a los 67 a partir de 2026.
Estados Unidos tiene 67 años y un régimen especial de 62 pero con un pensión reducida e inmodificable. Quizá alguno de los que se opone prefiera el régimen de China con 60 años para hombre y 55 para mujeres. Eso sí, expectativa de vida mucho más baja.
De modo que los países que pueden servir de paradigma tienen edad de retiro a los 65 años (algunos permiten retirarse antes con menor pensión). No parece nada alocado lo que está proponiendo el gobierno. Lo de “trabajar más” es un hecho de la vida. Y lo de “ganar menos” es algo que hoy no se sabe ni se puede predecir con certeza. Con los cambios tecnológicos que están afectando el mercado trabajo y ahora con la Inteligencia Artificial realizando tareas cada vez más sofisticadas, es difícil predecir cuáles serán los empleos, los salarios y las jubilaciones dentro de 15 años.
Como dijo acertadamente Federico Comesaña, especialista en economía y en Inteligencia Artificial, en un reciente tweet ante la crítica de un conductor de ómnibus de 58 años en el programa de TV “Esta boca es mía”: “Es muy difícil poder renovar una licencia profesional de manejo después de los 60, dice la UNOT. Una de las razones por las cuales el sindicato del transporte se opone a la reforma previsional. A mis 35, no tengo idea en qué condiciones ni a qué edad voy a poder jubilarme, pero sí estoy convencido que en los próximos 15 años el mercado del transporte va a haber cambiado tanto, que lo del permiso de conducir va a ser una anécdota menor”.
Este comentario es válido no solo para el mercado de transporte sino para muchos otros mercados de trabajo. Y debería ser útil para todos si pretendemos hacer una reforma de la seguridad social sustentable y no llena de eslóganes facilistas y mayoristamente falsos con los que se intenta convencer a la gente de oponerse a la reforma.
Eslóganes que muestran incluso odio y resentimiento como los que pronunció en el acto del paro general el directivo de Fucvam contra la periodista Victoria Rodríguez por preguntarle a un conductor de ómnibus de que iba a vivir si se jubilaba tan joven.
El problema de la reforma no es si al comenzar era 100% leche y ahora está aguada. Porque el FA se opuso siempre, a la original y a la aguada. El problema es que la reforma transmite a la población una noticia sabida pero de la que nadie se hacía cargo: que ahora se vive más y que, por tanto, para que la seguridad social sea sustentable habrá que jubilarse con más años de vida. La otra opción es poner más impuestos al capital y con ello conseguir que haya menos inversión y menos trabajo futuro. Tampoco llevará muy lejos la idea del FA de “llamar a un gran diálogo nacional”. Ya lo hizo este gobierno. Si lo hacen de nuevo, ¿qué otra cosa que subir impuestos van a proponer? No hay magia fiscal y las finanzas públicas son una sola cosa al final del día. A este gobierno le podrán achacar muchas cosas pero no que no es austero. Y solo con la reducción del riesgo país a niveles mínimos, ya sea ha ahorrado una buena carga de intereses.
La reforma no es la mejor. Pero es la viable. Tiempo habrá para mejorarla, En tiempos de cólera y grieta, es lo más que se puede hacer.