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La auditoría de gestión solicitada por UTE se conoció la semana pasada.

Economía y Empresas > Regasificadora

Cómo era el acuerdo por el que Gas Sayago pagó US$ 1,2 millones a 22 pescadores

La empresa propiedad de UTE y Ancap también destinó dinero a la compra de un ómnibus por el club Cerro, según el informe de la auditoría de gestión

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16 de junio de 2021 a las 05:01

El extenso informe de la consultora PwC sobre la gestión de Gas Sayago, incluye un capítulo dedicado a los pagos realizados por la empresa a un conjunto de pescadores artesanales que trabajaban en la zona de influencia donde se tenía pensado construir la planta regasificadora.

Tras implantarse una “zona de exclusión”, los pescadores que tenían actividad próximo al puerto de Santa Catalina no podían realizar captura, y si tenían que ir a otras zonas eso implicaba un aumento en los costos de combustible y la necesidad de contar con motores de mejor calidad en sus embarcaciones.

En ese contexto, Gas Sayago firmó en enero de 2014 un acuerdo con 22 pescadores que contaban con barcazas autorizadas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) al 31 de diciembre de 2012.

Ese acuerdo por eventuales perjuicios incluyó el pago de indemnizaciones que al cierre de 2020 implicaron un desembolso total de US$ 1.277.000, según el informe oficial. Esa cantidad de dinero está compuesta por tres rubros: indemnización (US$ 1.058.600), motores (US$ 123.700) y vales por combustible (US$ 94.700).

¿Cómo eran los pagos? A los pescadores se les entregaron motores cuatro tiempos de 40 caballos para las embarcaciones por valor de US$ 7.000 cada uno, y una partida inicial de US$ 16.000 por persona que se pagó en febrero de 2014.

También se incluyó desde enero de 2015 y hasta diciembre de 2018 una partida mensual de US$ 1.333 por persona. Esa cifra se redujo a US$ 96 en enero de 2019 por decisión unilateral de la empresa. Además, entre febrero de 2015 y diciembre de 2018 se entregaron vales de nafta por US$ 292 mensuales a cada pescador. En 2019 la cifra se redujo a US$ 21.

Los trabajos de construcción de la regasificadora se detuvieron en 2015 tras la ida de la constructora brasileña OAS en marzo de ese año, y la salida de la firma adjudicataria GNLS en setiembre. Aun así la zona de exclusión en aguas del Río de la Plata que dio origen al acuerdo con los pescadores se mantuvo.

Entre 2016 y 2018 el Poder Ejecutivo y Gas Sayago evaluaron distintas alternativas para una planta de menor porte que la original, pero eso tampoco se concretó. Una planta regasificadora no podía sostenerse únicamente con la demanda del mercado uruguayo. Si bien Argentina mostró en varias oportunidades interés de participar, eso nunca se confirmó oficialmente.

El informe de la auditoría de gestión explica que en diciembre de 2019 se resolvió que no se continuaría realizando la indemnización en los años siguientes, tras haber caducado el permiso que se tenía con la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama). De todas maneras, el documento aclara que no se tuvo acceso a una “notificación fehaciente” por parte de Gas Sayago respecto a la finalización de las obras ante la Dinama, para dar fin a la vigencia del acuerdo realizado.

Ómnibus y comisaría móvil

Dentro del capítulo de gastos de patrocinio y responsabilidad social empresarial de Gas Sayago se computan US$ 99.700, que se gastaron entre 2015 y 2017.
En la lista se identificaron gastos por aproximadamente $ 300 mil con Cutcsa, y que está relacionado a un acuerdo con el club Cerro por la compra de un vehículo para el transporte de juveniles de esa institución deportiva, según dice el informe.
Hay también en esta cuenta otros gastos por compra de alimentos para eventos, pasajes, bebidas alcohólicas y otros productos. También figura la contratación de un servicio de transporte de escolares por aproximadamente $ 1,2 millones, para trasladar niños que recorrían a pie las vías de acceso al obrador por donde había un gran flujo de tránsito pesado como consecuencia de las obras.

Las donaciones 

Y entre las donaciones realizadas se computaron US$ 85.770 entre 2013 y 2014. Casi la mitad de ese dinero se volcó a la construcción de una sub-comisaría móvil en el barrio de Santa Catalina. El resto corresponde a gastos de acondicionamiento de espacios públicos en ese barrio de Montevideo.

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