"La división Jurídica y Tránsito garantizaron esto y deben haber elaborado un protocolo de actuación. Después puede pasar que alguien se haya excedido y que en función de esa cuestión del exceso amerite la denuncia", dijo Brenta.
La Intendencia de Montevideo (IMM) constató más de 30 infracciones por brindar servicio de transporte a través de Uber, a partir del interrogatorio que aplica en los procedimientos desde la semana pasada.
El director de Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame, aseguró que el operativo que realizan los inspectores es "legal" y "han dado resultado".
"Nosotros entendemos que es un procedimiento legal. Nosotros lo estudiamos, no vulnera ningún derecho, la administración pública tiene determinados cometidos y para cumplir esos cometidos tiene facultades, siempre y cuando esas facultades no vulneren ningún derecho protegido constitucionalmente. Y aquí no hay ningún derecho vulnerado, créanmelo", dijo Beltrame en rueda de prensa.
"La persona no tiene por qué responder. No es un cuestionario coercitivo", agregó.
Por otra parte, Beltrame señaló que hasta el momento no hubo denuncias de los inspectores se hayan excedido en el operativo. "Si las hubiera las trataremos como tratamos todas las denuncias que llegan a la intendencia", expresó.
El director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta consideró de todas formas que pudo haber excesos en los procedimientos de los inspectores de tránsito contra Uber.
El País informó días atrás que los inspectores de la comuna estaban realizando interrogatorios no solo a los conductores, sino también a los acompañantes y que lo hacían por separado para constatar si sus versiones coincidían o no.
Algunos expertos en derecho consideraron que se trata de procedimientos ilegales y abusivos y que por tanto no correspondía que fueran aplicados. Uno caso fue el del abogado especializado en derecho administrativo, Adrián Gutiérrez, quien dijo a El Observador que los inspectores deben fiscalizar si comenten infracciones de tránsito. "No corresponde que hagan una pesquisa para saber si se trata o no de choferes de Uber", señaló.
Sin embargo, Beltrame señaló que la administración consultó al abogado constitucionalista Martín Risso, que les garantizó que el procedimiento estaba dentro de la normativa.
