El conflicto de UTE y vecinos en José Ignacio: "conversaciones" para evitar juicio y un complejo de golf sin construirse

Un grupo de vecinos de la zona, cuyos inmuebles fueron afectados, iniciaron un proceso judicial para declarar nulo un acuerdo que hizo la familia Busquet –que también tiene propiedades en el lugar– con UTE, por el que se convenía que la estatal cambie el recorrido de la línea a cambio de la donación de un terreno. Este lunes 8 fue la audiencia de conciliación en Montevideo, en la que no se llegó a un acuerdo entre las partes "como era previsible", informó a El Observador el abogado citante Gonzalo Ramírez. 

Pese a que no hubo acuerdo por la vía formal, el propietario Carlos Busquet aseguró que se "han iniciado conversaciones para solucionar el problema". Según detalló a El Observador, hubo reuniones con los vecinos y se espera que en un tiempo "razonable" se encuentre una alternativa favorable a todos. 

El empresario buscó poner "paños fríos" al tema y es optimista con que se va a encontrar un desenlace que deje conforme a las partes. 

En la audiencia estuvieron algunos de los propietarios afectados –por cuyos terrenos pasa la línea de tensión–, representantes de la familia Busquet y representantes de UTE. El grupo de vecinos demandante consideran que el contrato es "simulado" y, como no hubo acuerdo, están "en condiciones de empezar la demanda". 

Ramírez detalló que esperarán entre 15 y 20 días para presentar la demanda, en la que están trabajando. Si bien todavía no está definida la suma de la demanda, en la citación a conciliación –a la que accedió El Observador– se afirma que el monto será "no inferior" a US$ 10 millones. 

La empresa estatal está dispuesta a negociar para “buscar una solución”, informó una fuente de UTE. El dilema está, explicó, en si el cableado se hace por vía aérea –como se tiende la mayoría de las líneas de la compañía– o de forma subterránea. Y la diferencia de dinero “es sustancial”, dijo en diciembre el informante a El Observador. 

El acuerdo cuestionado 

Cuando en 2010 el gobierno hizo público el decreto que establecía esta construcción, la familia Busquet hizo un acuerdo con UTE para el cambio del recorrido. Busquet donó un predio de 1.500 metros cuadrados a la empresa estatal, un terreno que fue valuado en US$ 46 mil. La obligación que asumió UTE, en tanto, estaba valuada entre US$ 2 millones y US$ 2,5 millones, según los abogados de los damnificados.

Un argumento para llegar a este acuerdo es que la línea de alta tensión afectaría con un impacto visual negativo las tierras de la propiedad y alentaría costos contra "proyectos turísticos" que el empresario tenía pendientes, según consta en el acta de conciliación. 

Los proyectos turísticos que estaban pensando incluía un complejo de golf, canchas de polo, chacras marítimas y otros desarrollos sociales y deportivos; pero, sin embargo, nueve años después de presentado ese anuncio por parte de la familia, los planes no se concretaron.

Busquet explicó que la cancha de polo era una "posibilidad" en ese momento, que luego no se construyó. "Hubo 20 proyectos de golf en miles de lugares que, por un tema de costo, no se terminaron haciendo", dijo. 

Para los vecinos, con el acuerdo que alcanzaron UTE y el privado se viola el principio de igualdad, y sostienen que la negociación con Busquet fue irregular y que no hay motivo para que UTE firme un contrato “simulado”. Y por esto consideran que el acuerdo es nulo.

Este tipo de obras son habituales para la empresa estatal y suelen afectar inmuebles, pero en general de zonas rurales. La diferencia en esta ocasión es que la zona de las obras está ubicada en un lugar preciado para el mercado inmobiliario, con valores altos. Esta línea afecta a menos de 25 vecinos, dijo la fuente de UTE. 

Para los técnicos de la empresa este trazado es "imprescindible para brindar un buen servicio" en José Ignacio y en localidades cercanas, como Pueblo Garzón, apuntó la fuente. La obra consta de dos partes: la construcción de una estación de transmisión –que será igual a la que está frente al hotel Enjoy, en Punta del Este– y la línea de transmisión área.

Busquet es un argentino que está radicado en Uruguay hace 30 años, que tiene la residencia uruguaya y que, pese a haber nacido en Argentina, se considera un uruguayo más.

Entre el grupo de vecinos que se siente perjudicado está María Teresa Arida, una mujer que dijo tener "una historia de amor correspondida" con Uruguay, donde pasa buena parte del año, según había contado a El Observador en diciembre.

La mujer es productora de cine y ha trabajado en Hollywood, en el cine argentino y europeo, y ha participado en películas con actores como Viggo Mortensen y Paul Rudd. Además, tiene negocios familiares en Uruguay: un emprendimiento inmobiliario en Rocha y una panadería con tres sucursales en Maldonado que administra su hija, quien también vive en Europa, pero viaja para los meses de temporada alta. En 10 años, comentó la empresaria, han empleado a más de 2 mil personas.