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5 de diciembre 2020 - 5:00hs

Hace más de 50 años que María Teresa Arida –de padre argentino y madre libanesa– pasa sus vacaciones en Medellín, al norte de José Ignacio, Maldonado; y desde hace 30 años tiene su casa en esa zona de élite de la costa uruguaya. Arida viaja durante el año entre Europa, donde vive, y Uruguay, un país con el que dice tener un “historia de amor correspondida”. Pero un problema con el trazado de una vía eléctrica de UTE puso a esa historia de amor en una crisis.

Arida es una de las vecinas afectadas por un decreto de 2010, en el que el Poder Ejecutivo estableció la construcción una línea de conducción de energía eléctrica entre San Carlos y José Ignacio, y una estación de transformación de energía junto a la planta de Ancap de la zona.

En el campo de Arida en José Ignacio están asignadas dos torres a 200 metros de la casa para que pasen por allí los cables de alta tensión de la empresa estatal uruguaya. Y esto tiene consecuencias económicas: “La casa, de valer algo, pasa a valer cero”, apuntó.

Arida es productora de cine y ha trabajado en Hollywood, en el cine argentino y europeo, y ha participado en películas con actores como Viggo Mortensen y Paul Rudd. Además, tiene negocios familiares en Uruguay: un emprendimiento inmobiliario en Rocha y una panadería con tres sucursales en Maldonado que administra su hija, quien también vive en Europa, pero viaja para los meses de temporada alta. En 10 años, comentó la empresaria, han empleado a más de dos mil personas.

“Es interesante observar, frente a un problema que acerca a toda una comunidad de personas (porque son 3.500 hectáreas y por lo menos 30 vecinos afectados), cómo reacciona no solo UTE, sino también el gobierno”, dijo Arida a El Observador.

Lo jurídico

Una vez que el decreto se hizo público, la familia Busquet, propietaria de uno de los predios afectados, hizo un acuerdo con UTE para que las líneas de alta tensión cambiaran su recorrido original. Para esto, Busquet donó un predio de 1.500 metros cuadrados a la empresa estatal. Sin embargo, este terreno fue valuado en US$ 46 mil, mientras que la obligación que asumió UTE estaba valuada entre US$ 2 millones y US$ 2,5 millones, según los abogados de los damnificados.

Por esto, los vecinos citaron a una conciliación a UTE previo a iniciar una demanda de nulidad de la escritura pública de la donación de la familia Busquet y en subsidio, daños y perjuicios por un monto no menor a US$ 10 millones, informó a El Observador el abogado del grupo de vecinos, Gonzalo Ramírez.

Cuando UTE hace el trazado de las líneas de alta tensión y atraviesa tierras de particulares, asigna lugares para colocar torres y prohíbe, por seguridad, determinadas actividades debajo de la línea, y construcciones en un radio de 150 metros.

Este tipo de obras son habituales para la empresa estatal y suelen afectar inmuebles, pero en general de zonas rurales. La diferencia en esta ocasión es que la zona de las obras está ubicada en un lugar muy valioso para el mercado inmobiliario. Esta línea afecta a menos de 25 vecinos, dijo una fuente de UTE a El Observador.

Ramírez informó que son 17 los propietarios por los que la línea pasa por sus terrenos, pero que hay más de cuatro mil vecinos que se mostraron en contra del trazado de la línea y firmaron en la plataforma Change.org por una reubicación de la usina.

Desde UTE apuntaron que este trazado es considerado por los técnicos de la empresa como “imprescindible para brindar un buen servicio” en José Ignacio y en las localidades cercanas, como Pueblo Garzón.

La línea fue aprobada en su momento por el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la Intendencia de Maldonado, y también tuvo las habilitaciones ambientales, sostuvo el informante.

La obra consta de dos partes: la construcción de una estación de transmisión –que será igual a la que está frente al hotel Enjoy, en Punta del Este– y la línea de transmisión área.

De acuerdo con el relato de Ramírez, a fines de 2019 UTE publicó, en el diario oficial, un edicto con los nombres de los propietarios de los predios afectados. Estos vecinos recurrieron a esta resolución y acceden al expediente con el decreto del Ejecutivo de 2010 y los trabajos técnicos de los ingenieros de UTE para resolver los lugares de las torres.

Había un trazado original que iba hasta la boya petrolera, que luego se modificó “a instancias” de uno de los vecinos afectados, Busquet, quien se enteró de este proyecto de UTE “antes que el resto de los vecinos”.

Desde UTE dijeron que la obra fue pública desde 2011 y que las citaciones se hicieron en forma. De hecho, el decreto del Poder Ejecutivo de estas líneas de construcción eléctrica se publicó en octubre de 2010. Sin embargo, los ingenieros de UTE y la familia Busquet negociaron para llegar a un acuerdo que “acortó el número de personas afectadas”, pero que es cuestionado por el grupo de vecinos. En ese momento, Busquet le presentó a UTE una carta con todos los “daños y perjuicios” ecológicos y paisajísticos que ocasionaría, contó Ramírez.

El acuerdo entre UTE y Busquet que cuestionan los vecinos establece que la empresa estatal no atravesará sus tierras con líneas aéreas de transmisión eléctrica.

“Después que un vecino se presenta y dice que no quiere que le causen un daño paisajístico, el daño paisajístico se lo causan a todos. Si te pongo una torre de alta tensión en tu predio es igual el daño para cualquiera de los vecinos de la zona. Y lo mismo con la subestación”, dijo el abogado.

Ramírez explicó que con el trazado que pasa por el terreno donado por Busquet, el cable de alta tensión pasará por algunos predios que no iban a estar afectados según el trazado original.

Los vecinos sostienen que se viola el principio de igualdad, que la negociación con Busquet fue irregular y que no hay motivo para que UTE firme un contrato “simulado”. Y por esto consideran que el acuerdo es nulo.

Una solución

El Directorio actual de UTE, al igual que el de la administración anterior, no dio lugar a los recursos presentados por este grupo de vecinos y antes de fin de mes presentarán la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), informó Ramírez.

 A su vez, como este grupo de vecinos considera que la donación es “simulada”, pedirán, ante la justicia civil, que el contrato de donación sea nulo. El 14 de marzo es la audiencia de conciliación. Ramírez explicó que en caso de que no sea anule la escritura, el grupo reclamará por daños y perjuicios por una cifra no menor a US$ 10 millones, que es solo una estimación primaria. El monto final dependerá de la “desvalorización” de la zona.

En el predio que Busquet donó a la UTE –donde se construirá la subestación– ya se hizo el cierre perimetral, el obrador y se empezó con el movimiento de tierras. “Fue ahí que los vecinos vieron el cartel, se dieron cuenta y se enteraron de que venía una subestación transformadora ahí”, comentó el abogado. La aspiración de los vecinos es que UTE haga una investigación “profunda” y “revea la posición”.

La empresa estatal está dispuesta a negociar para “buscar una solución”, informó la fuente de UTE. El dilema está, explicó, en si el cableado se hace por vía aérea –como se tiende la mayoría de las líneas de la compañía– o de forma subterránea. Y la diferencia de dinero “es sustancial”.

Arida piensa en positivo: encuentra en el nuevo gobierno “una gran voluntad para construir una nueva realidad” y cree que harán lo correcto. La productora de cine está segura de que encontrarán una solución; que no se van a quedar en el problema.

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