Conocé la tendencia mundial de inversión que llega a Uruguay

La empresa tiene base en Londres, sede en Argentina y próximamente abrirá una tercera oficina en Uruguay. “Acrux es una consultora que tiene como fin estructurar instrumentos de inversión de impacto”, explica Federica Abella, gerenta de Nuevos Proyectos para Uruguay. “Hay inversores extranjeros que nos están mirando con muy buenos ojos. Se habla de Uruguay como un lugar para probar cosas, somos como un conejillo de indias para probar innovaciones y si sirven, se escalan”.

En 2016 Acrux lanzó, junto con el BID Fomin, un llamado a convocatoria para la creación de un Fondo de Inversión de Impacto para Argentina, Paraguay y Uruguay, y acompañó el desarrollo y la puesta en marcha de la estrategia de inversión de impacto hasta el 2019. En 2020 amplió su operación a Bolivia, con la creación del primer bono sostenible en el país junto al PNUD y al Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia alineado a estándares ICMA y ODS.

Licenciada en Administración de Empresas y con un posgrado en Psicología Transpersonal, Abella se sumó al equipo de Acrux en setiembre de este año, pero hace cinco años que forma parte del grupo de trabajo Inversión de Impacto, en el que vienen “preparando las condiciones para que esto despegue en Uruguay”.

La idea detrás de este modelo es alinear la inversión de capital con un propósito para catalizar un cambio económico y social duradero. Es decir, transformar lo que los inversores usualmente ven como donaciones o filantropía en negocio.

En este sentido, la consultora Acrux ofrece dos modelos: por contratos de pago por resultados y por inversión a Pymes. La herramienta de pago por resultados combina diferentes fuentes de financiamiento (público y privado) y trabaja “con gobiernos, instituciones financieras de desarrollo, inversores privados e institucionales y expertos en materia financiera, social y ambiental, para diseñar e implementar servicios y soluciones más ágiles y eficientes”, según explican en su web.

Por ejemplo, si un inversor quiere ayudar a fomentar el empleo, puede invertir en alguna fundación de la sociedad civil que trabaje con esta temática, se plantea un plan concreto a desarrollarse en un tiempo determinado y si al terminar el plazo se cumplen con los objetivos, el gobierno paga a los inversores una prima de mercado previamente acordada. “El gobierno paga solamente si se cumplen los resultados. Hay eficiencia de los dineros del Estado, al inversor le sirve porque son inversores cuasi filántropos que hoy ya están haciendo donaciones a estas organizaciones y esto es un instrumento que le permite, además de estar ayudando socialmente, tener un retorno luego del período de inversión y es una lógica que sobre todo ayuda a la organización de la sociedad civil, que se olvida del tema del fundraising y solo se encarga de hacer lo que sabe hacer. Eso es un ejemplo de lo que son los bonos sociales o contratos de pago por resultado”, explica Abella.

El otro modelo de inversión en Pymes es similar al de venture capital, con la diferencia de que las empresas elegidas tienen un perfil que tienden al triple impacto.

Abella se encarga de buscar estos proyectos de impacto social a medida de los intereses de cada inversor. “Hay tres preguntas básicas: cuál es el vector de su interés, qué riesgo quiere asumir y qué montos maneja, y, en base a eso, yo les acerco propuestas que cumplen con su perfil”, explica. Los temas sociales, de seguridad, cárceles, medioambiente y empleo son los más abordados.

Para el año que viene, el objetivo de Acrux es “concretar la estructuración de una batería de contratos de pago por resultado para mostrar el modelo en funcionamiento y seguir avanzando con el trabajo con los inversores, acercándolos a oportunidades de inversión tangibles”, dice Abella.

“Todo esto que estamos viviendo, esta crisis sanitaria y económica, nos lleva a todos a repensar la economía. No podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos pensando, este es uno de los caminos y seguramente en este proceso aparezcan más, pero tenemos que estar abiertos a hackear el sistema, a pensar que no solamente el gobierno tiene la responsabilidad de resolver los temas sociales y ambientales, sino que el privado también tiene que ser parte de la solución”.