Custodiar al victimario

Uno de los mayores dramas que vive el país hoy es el sostenido asesinato de mujeres en varios casos tras padecer situaciones de violencia doméstica por tiempos prolongados. Es tan grande la desazón que genera escuchar una nueva noticia de la muerte violenta de una mujer por mano de un hombre que da vergüenza pertenecer a una sociedad que no puede detener estos crímenes brutales, premeditados y evitables. 

No alcanzan las marchas multitudinarias, los reclamos de las Mujeres de Negro y otras oenegés contra la violencia de género, tampoco la constante indignación de los medios de comunicación y sus comunicadores ante este drama. Tampoco parecen servir las campañas de sensibilización, la difusión del teléfono 0800 4141 que atiende a personas desesperadas y temerosas padeciendo el dolor adentro de sus propias casas. Nada alcanza. 

Estamos ante un monstruo insano que nadie logra detener. Cuando todo parece calmarse una nueva y terrible noticia se encarga de recordarle a la sociedad y a sus instituciones que el tema está lejos de ser solucionado. 

Pasan las hojas del almanaque y se perpetúa la alerta roja ante el problema. No se conocen cifras comparativas –antes se mal llamaban crímenes pasionales– pero la mayor visibilidad de los asesinatos y la consecuente toma de conciencia parecen no surtir efecto. El monstruo se las ingenia en volver a atacar. Algo hay que hacer. 

El problema es de tal magnitud que es evidente que haciendo lo que se viene haciendo siempre no se van a lograr resultados diferentes. A los hechos hay que remitirse: en lo que va del año se registraron 13 femicidios y 3 homicidios domésticos a mujeres. Desde varias organizaciones se reclama que el femicidio se declare “emergencia nacional”.

En medio de la desazón, la conmoción generalizada y el dolor de los familiares de las víctimas ocurrió algo que merece ser tomado en cuenta. El juez letrado suplente del Juzgado de Artigas de 2º Turno, Jorge De Grossi, dispuso como medida cautelar la custodia policial para un hombre denunciado por violencia doméstica, tras no contar con dispositivos electrónicos y no querer ordenar la medida para la víctima.

Es la segunda vez que De Grossi aplica la custodia al agresor en vez de imponérsela a la víctima. Argumentó que “la propia ley menciona la no revictimización” y que “dentro de tal concepto se encuentra lo que se denomina revictimización institucional, a la cual se vería sujeta la víctima al tener que soportar guardia policial en caso de no existir los dispositivos”.

Es de esperar que la decisión del juez letrado sea el inicio de un cambio de leyes y re enfoque el drama social que vive el Uruguay. Es claro que haciendo lo mismo nunca no se lograrán resultados diferentes. Urge explorar nuevos caminos como el planteado en Artigas y que sean los victimarios los que asuman su miserable responsabilidad ante la Justicia y la sociedad y no las víctimas que tienen el derecho consagrado por nuestra Constitución de vivir libres y en paz. l