De las empresas públicas a la LUC: dos referéndums con más diferencias que similitudes

Pero lo que en la superficie marcan destellos de un déja vù electoral donde la recolección de miles de firmas frenó la agenda de la gestión encabezada por el Partido Nacional son apenas meras semejanzas para el oficialismo, donde fuentes políticas dijeron a El Observador que la Ley de Urgente Consideración (LUC) nació con “otro respaldo” y que el escenario político respecto a 1992 es sumamente distinto.

Tres décadas atrás estaba en juego la Ley de Empresas Públicas que habilitaba la desmonopolización y privatización de las empresas del Estado, algo que para el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera era considerado como un paso clave en el proceso de reforma estatal que la administración herrerista se proponía iniciar.

La norma necesitó de meses de discusión que se prolongaron por más de un año y medio. La aprobación, fiel al proceso, vio la luz luego de varias sesiones donde los legisladores expusieron a favor y en contra de la ley que, en la previa, había sido tildada por el oficialismo como uno de los proyectos “más trascendentes” que el Parlamento trataría en esa legislatura, según consta en la versión taquigráfica. Los votos los dio la mayoría de los legisladores del Partido Nacional y varios sectores colorados.

Sin embargo, el referéndum contra alguno de los principales artículos obtuvo un resultado categórico: el 66% votó por derogar la ley y el 25% lo hizo por la papeleta del No, es decir, por mantener la ley cuestionada. El resultado, por sus proporciones y por lo que significó políticamente, fue un golpe duro para el gobierno de Lacalle Herrera.

Y fue fundamental en ese resultado, el rechazo a la Ley de Empresas Públicas expresado por el entonces líder del Foro Batllista, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, quien ayudó con los votos de sus simpatizantes a tumbar la norma.

“Refrendamiento popular”

Desde el oficialismo, sin embargo, creen que la LUC tiene un sustento distinto a la Ley de Empresas Públicas y que por tanto está mejor posicionada para obtener un resultado favorable el 27 de marzo.

En primer lugar, porque creen que hay un “contexto previo diferente” en donde la ley clave de la gestión de Luis Lacalle Pou tiene un “refrendamiento popular” y esta vez, Sanguinetti está del lado de los blancos.

El vocero de la comisión de defensa de la LUC del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez, expresó a El Observador que los 135 artículos que serán puestos a consideración de la ciudadanía son “hijos legítimos” de la elección de 2019. En el mismo sentido, el colorado Ope Pasquet aseguró que la LUC es “un acto de cumplimiento con los compromisos asumidos” durante la campaña electoral que llevó a Lacalle Pou a la Torre Ejecutiva.

Otras de las diferencias que subrayan es la matriz política detrás de la ley de urgencia en comparación con los débiles apoyos que recibió la de las Empresas Públicas en su momento. Porque buena parte del articulado de la LUC está ratificado en el Compromiso por el país que fue firmado por los cinco socios del gobierno, en la previa del balotaje de 2019, y eso la robustece de mayores consensos.

El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, dijo a El Observador que durante el proceso de negociación interna de la LUC se decidió incluir solamente los artículos en los que hubo acuerdo entre los socios multicolores. “Lo que no, se sacó para afuera sin complejos”, explicó el dirigente que aseguró que, en la previa, para la ley de urgencia se dieron pasos “muy medidos” en contraposición con la Ley de Empresas Públicas que, según el dirigente, tuvo un trámite “muy dificultoso y con debilidades en el origen”, donde varios sectores apoyaron “a regañadientes” algunos artículos.

En ese sentido, el dirigente dijo que hace 30 años “ni siquiera se sentía que era un gobierno de todo el Partido Nacional” y que eso no tiene nada que ver con el presente donde los multicolores sienten que “el gobierno es de todos”.

El régimen electoral

Ese cambio de percepción viene de la mano con otro punto clave que, según la mirada del oficialismo, marca una gran diferencia histórica: la reforma del sistema electoral introducida en 1996. Allí se estableció la necesidad de la segunda vuelta en las elecciones nacionales cuyos candidatos no alcanzaran la mayoría absoluta de los votos.

Según Iturralde, Lacalle Pou llegó a la presidencia de la República con otra espalda debido al balotaje de noviembre de 2019 en comparación con la elección de 1989 donde Lacalle Herrera fue elegido mandatario con un magro 21%, gracias a la ley de lemas. Los votos a los candidatos blancos Carlos Julio Pereyra y Alberto Zumarán fueron la clave, en ese entonces, para la victoria del padre del ahora primer mandatario.

Para Iturralde, aquel sistema obligaba “a hacer acuerdos más agarrados de los pelos”, mientras que ahora “el balotaje le da otra solidez al sistema político”. La lectura es que Lacalle Pou reúne entonces una mayor validez luego de su triunfo en segunda vuelta, en comparación con el gobierno de Lacalle Herrera donde “la fragilidad política era mucho más fuerte”. 

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, integrante de la nueva generación de dirigentes nacionalistas que eran niños o adolescentes 30 años atrás, afirma que esa madurez del sistema electoral también se refleja en la madurez de los partidos que integran la coalición, y que, conscientes o no, tanto el presidente Lacalle Pou como el Partido Nacional aprendieron de algunos de los errores del pasado.

Hace tres décadas, el entonces presidente no había podido conformar una coalición política fuerte porque la “Coincidencia Nacional”, como se le había llamado a la coalición blanquicolorada, duró poco y no logró la coordinación suficiente. Durante su gestión, Lacalle padre debió realizar acuerdos uno a uno para gobernar y proponer leyes –más allá del de Ajuste Fiscal, al comienzo del período–, y no logró la cintura suficiente respecto a la que sí obtuvo Lacalle Pou con su triunfo, junto a otros partidos, frente a Daniel Martínez. 

"Un tema nada menor es que ahora venimos de 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Y hay un convencimiento, por parte de los cinco partidos de la coalición, de que más allá de las diferencias y matices hay un bien mayor a preservar", afirmó Rodríguez a El Observador.

El rol de la oposición

Lo que sí creen en el oficialismo es que el referéndum que se realizará en siete semanas se parecerá al de 1992 en la “obstaculización” que le infringe a la gestión encabezada, ahora como hace 30 años, por el Partido Nacional. Umpiérrez consideró que nuevamente se intenta “desoír” un pronunciamiento popular previo, en alusión a la elección presidencial, y consideró que hay semejanzas por “la máquina de impedir (el transcurrir de la administración) que monta el FA cuando no gobierna”.

Además, Pasquet agregó que la oposición y varias organizaciones sociales apelaron “muchas veces” a los mecanismos de democracia directa “para trancar el accionar de los gobiernos a los que estaban enfrentados”. En este sentido, el diputado colorado aludió al referéndum de 1992 y también al de 2003 por la Ley de Ancap, que según el legislador hubiera evitado “la desastrosa gestión de Raúl Sendic y quienes lo acompañaron”.

Sin embargo, desde la Comisión del Sí aseguraron que la idea de que el 27 de marzo se plebiscitará al gobierno “es un invento del oficialismo” que demuestra “la poca argumentación” de los socios multicolores y que la similitud respecto al referéndum de hace 30 años es “el repliegue del Estado”.

El dirigente socialista José Nunes expresó a El Observador que la LUC “es una norma privatizadora”, al igual que la Ley de Empresas Públicas que se aprobó en el gobierno de Lacalle Herrera. “Lo que tienen en común es la idea de retirar el Estado de algunas funciones muy importantes, con la idea de que el mercado va a defender los problemas de crecimiento”, subrayó. Sin embargo, remató: “El problema es que así se concentra la riqueza y se extiende la pobreza”.