El Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Víctor Rodolfo Trionfetti, declaró a la plataforma de transporte Uber ilegal en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires. En su fallo, el magistrado argumentó que Uber no cumple con las normativas locales reguladoras del servicio público de transporte de pasajeros, así como con las normas de protección a usuarios, consumidores, seguridad vial y protección de peatones, además de las normas tributarias locales.
El juez manifestó que la actividad de Uber es considerada insegura debido a la irregularidad con la que presta sus servicios en CABA. Esta irregularidad impide cumplir con los estándares de seguridad y control requeridos para el transporte de pasajeros en la ciudad.
En cuanto a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, el magistrado eximió de culpa a dicha entidad, considerando que se tomaron medidas razonables para poner fin a las operaciones de Uber en la jurisdicción, incluyendo controles de tránsito vehicular y acciones para clausurar los locales de Uber.
El juez analizó detalladamente el funcionamiento del denominado "sistema Uber" y concluyó que la empresa realiza la actividad de transporte de pasajeros, interfiriendo con lo que se considera un servicio público impropio, aun cuando tenga implicaciones en el ámbito del derecho privado. Además, dijo que esta actividad se lleva a cabo en el marco de una relación de consumo que también es vulnerada.
El fallo resalta la necesidad de sectores regulares que ya no pueden simplemente requerir "emergentes", sino también disruptivos, los cuales ponen en crisis la noción de poder de policía y el concepto de soberanía.
La sentencia fue emitida en el contexto de un proceso colectivo que involucra demandas relacionadas pero opuestas. En este marco, el magistrado identificó dos grupos de actores que compartían al Gobierno de la Ciudad como demandado común.
Por un lado, se encontraron los representantes de trabajadores y propietarios de taxis que buscaron que el Gobierno de la Ciudad tome las medidas necesarias para evitar que Uber y sus conductores continúen prestando el servicio de transporte. Por otro lado, otro grupo de actores solicitó que se declare permitido el servicio de transporte privado que los usuarios contratan a través de aplicaciones móviles y que el Gobierno local se abstenga de prohibir o impedir dicho transporte realizado por los socios-conductores de Uber.
Finalmente, el juez rechazó ambas pretensiones contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y limitó que la actividad de Uber en CABA es ilegal, según los argumentos expuestos en la resolución.
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