El fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia es uno de los pilares del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida presentado por el gobierno.
Según la presentación oficial, la estrategia para reducir precios se apoya en tres frentes: eliminar barreras a la entrada de nuevos competidores, brindar más información a los consumidores y reforzar las capacidades de control e investigación del organismo encargado de supervisar los mercados.
La iniciativa transforma a la actual Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que hoy funciona como un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un servicio descentralizado.
Uno de los cambios centrales previstos en el proyecto es la separación de las funciones de investigación y de decisión. De acuerdo con el nuevo esquema, una Dirección de Investigación será la encargada de llevar adelante las actuaciones investigativas, mientras que los comisionados tendrán a su cargo la valoración de la prueba y la adopción de resoluciones.
El proyecto también fortalece las capacidades de actuación del organismo mediante nuevas reglas de acceso a la información, mayores facultades de investigación, la posibilidad de realizar inspecciones y solicitar medidas cautelares, junto con garantías procesales para los investigados. Asimismo, refuerza el control de las concentraciones económicas.
Según explicó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el objetivo es que la actuación del organismo no dependa únicamente de denuncias presentadas por terceros, sino que también pueda impulsar investigaciones por iniciativa propia cuando detecte situaciones que puedan afectar el funcionamiento competitivo de los mercados.
“Entendemos que esto no solamente debe derivar de prácticas reactivas ante denuncias de terceros, sino también de iniciativas propias de la comisión para indagar que algunas concentraciones que tienen lugar en la actividad económica no puedan provocar alteraciones del sistema de precios”, señaló el jerarca días atrás.
El ministro agregó que el fortalecimiento de las capacidades investigativas permitirá que los comisionados cuenten con más respaldo técnico para concentrarse en sus pronunciamientos, al tiempo que el organismo tendrá mayores facultades para requerir información a las empresas.
Además de la reforma institucional, el proyecto incorpora otras medidas orientadas a promover una mayor competencia, entre ellas la reglamentación del segundo registrante y la introducción de mecanismos competitivos en las compras públicas.
Semanas atrás, durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Oddone había adelantado la intención del gobierno de fortalecer la institucionalidad de defensa de la competencia.
“Vamos a convertir a la Comisión de Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado. Hoy es un órgano desconcentrado del MEF que depende del MEF; el tribunal de alzada soy yo, algo que no tiene sentido para el estado de desarrollo que tiene la economía. Vamos a darle más competencias, más atribuciones y más recursos a la comisión para precisamente velar por temas de competencia”, afirmó en esa oportunidad.
Con esa referencia, el ministro aludió a que la Comisión actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y que las decisiones del organismo pueden ser revisadas en la vía administrativa por el propio jerarca de la cartera. La reforma busca otorgarle una mayor independencia institucional.
Todavía no se conoce el articulado del proyecto que ingresará al Parlamento a través del Senado en el correr de estos días.