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Defensa de Álvarez solicitó que material incautado en Azul FM no pueda ser utilizado en un eventual juicio
De acuerdo a las declaraciones de los responsables, la solicitud de acceder al celular del periodista Ignacio Álvarez y allanar su casa –en el marco de la investigación por la difusión de audios con contenido sexual relacionados al caso de denuncia de violación en Cordón– quedó por el camino.
Este lunes, el fiscal de Corte, Juan Gómez, comunicó que la fiscal actuante, Mariana Alfaro, dio marcha atrás en su decisión y no realizará los procedimientos avalados por la jueza Patricia Rodríguez.
Sin embargo, el acto judicial sigue en pie y por eso el abogado defensor de Álvarez, Andrés Ojeda, presentó en las últimas horas un recurso para impugnar la sentencia ante Rodríguez, jueza de 32º Turno, y si ella se negara, tendrá que elevarlo al Tribunal de Apelaciones.
En ese recurso, el abogado solicita que se revierta la decisión y se decrete su nulidad. Es decir, que la información incautada en el allanamiento a Azul FM no pueda ser utilizada en un eventual juicio ya que se verían vulnerados "derechos civiles supraconstitucionales".
En un escrito que también firmaron los socios de Ojeda, Fernando Posada y Federico Ravera, la defensa afirma que "resulta obvio que lo único que pretende la Fiscalía con estos allanamientos e incautaciones es identificar y ubicar a quien envió originalmente los videos a Álvarez". De hecho, la orden judicial a la que accedió El Observador expone que los fines del “allanamiento” eran “obtener evidencias útiles para la investigación y verificar el origen y contenido cabal de las grabaciones reproducidas”.
Atentar contra el secreto de la fuente, manifestó Ojeda, "es contrario a la ley, la Constitución y los instrumentos internacionales" y citó el Pacto San José de Costa Rica, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución nacional y la ley de prensa (16.099).
Ojeda criticó que la orden judicial "carecía de todo tipo de fundamento y mérito", puesto que en la solicitud la fiscal describía la situación pero "no justificaba el pedido nutridamente". El abogado señaló también que hubo otros periodistas que declararon haber accedido al audio y aún así no se los allanó ni investigó para saber si lo cedieron a otras personas o si hubo otra fuente que se los hizo llegar.
Según Ojeda, "la Fiscalía está tras todas las fuentes del programa". Consultada el viernes por El Observador respecto a por qué procuraba indagar el "origen" de los audios –entre otras cosas–, la fiscal Alfaro dijo que no era de su interés "revelar fuentes ni dar cuenta de otra información que no concierna a esta investigación”.
Ojeda, por su parte, recalcó que de acuerdo al artículo 197 del Código del Proceso Penal se dispone el allanamiento "cuando el propietario o poseedor a cualquier título se niegue a entregar o exhibir un bien que constituye el cuerpo del delito o que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados, el fiscal solicitará al juez que ordene su incautación o exihibición forzosa". Según su defensa, Álvarez nunca se negó a entregar ningún material —previo al allanamiento— ni tampoco ocurrió la otra excepción: la presencia de una fundada "existencia de un riesgo o peligro de frustración o situación de flagrancia que ameritara la intempestiva actuación de la fuerza pública".
Presidente de la Asociación de Fiscales: derecho a no revelar fuentes se "pondera" en la investigación
De acuerdo a la defensa del periodista, la Fiscalía "se aventuró a impulsar una suerte de cacería con fines que exceden los de su función pública".
Lo contrario opina Willian Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, institución de la que Alfaro es vicepresidenta. Rosa dijo a El Observador que si bien todas las decisiones son opinables, Alfaro actuó ajustada a derecho.
Si bien por ahora la fiscal no pidió la intervención del gremio, Rosa sostuvo que en todo momento, cuando la Fiscalía solicita diligencias, se tensionan derechos individuales de las personas sobre las que se piden las diligencias. Para explicarlo, citó determinados ejemplos: los allanamientos de domicilio (que atenta contra la inviolabilidad del domicilio, derecho fundamental consagrado en la Constitución), el hisopado de ADN (que viola la integridad física), el registro del vehículo, el registro corporal, el registro del equipaje que lleva una persona consigo o la pericia a un celular. "Esos derechos tienen excepciones previstos en la ley", remarcó.
Rosa dijo que veía de la misma forma la revelación de una fuente por parte de un periodista. "La legislación está establecida claramente tanto nacional como internacional e ingresa a la hora de hacer la ponderación (...) En todo momento los fiscales estamos decidiendo si debemos solicitar al juez una orden para obtener evidencias que a veces afectan esos derechos. En ese cotejo, en el sopesar, uno tiene en cuenta la investigación que está llevando adelante". Enfatizó que es el juez el que tiene la última palabra.
El abogado especialista en derecho a la información Pablo Schiavi acompañó esta postura. "Son los operadores jurídicos los que tienen que balancear qué derecho prima", señaló a El Observador. Schiavi dijo que "la responsabilidad siempre terminará cayendo en la Justicia competente".
Consultado sobre si desde el punto de vista legal existen excepciones para hacer que un periodista revele la fuente —como Rosa señaló que existen para restringir otros derechos—, Schiavi expuso: "Es algo que es la esencia misma de la profesión, hay tratados internacionales, pero es un secreto y los secretos, ante una orden del juez, se levantan. El decreto de las telecomunicaciones, si se está investigando una causa, el juez autoriza y te pueden intervenir las comunicaciones. Los secretos ceden ante la orden judicial, que obviamente tiene que ser fundada y el juez tiene la responsabilidad en hacer lugar o no a las solicitudes".
Respecto del caso puntual manifestó que no se debe ser tajante al opinar porque "nadie tuvo acceso a la carpeta investigativa" y recordó que "si los funcionarios se equivocan, están los instrumentos institucionales para corregirlo", como son los recursos de apelaciones.
Además, expresó que la falta de actualización de la ley de prensa deja vulnerables a los periodistas en este sentido. La ley no contempla que hoy la gran mayoría de las investigaciones y fuentes de los periodistas están en sus teléfonos y computadoras, dispositivos que no están protegidos en esta redacción.
Los abogados Ruben Correa Freitas, Martín Risso y Juan Fagúndez coincidieron en que el pedido de la fiscal Mariana Alfaro y el aval de la jueza Rodríguez fueron contra las "garantías" que Uruguay, como estado de derecho, debe garantizarle a cualquier periodista que ejerza su trabajo. Los profesionales coincidieron, consultados por El Observador, que en este caso la actuación de la Justicia fue desacertada y la calificaron como un "exceso absoluto".
"Me parece que fue un exceso absoluto, que no se debió haber hecho un allanamiento, que viola pautas y criterios internacionales importantes. Le erró la fiscal y le erró la jueza", opinó el constitucionalista Martín Risso. "Los periodistas tienen el derecho a preservar el anonimato de sus fuentes. Ahí le erraron la fiscal y la jueza. No caben dudas de que le erraron", insistió.
En tanto, el catedrático de derecho constitucional Ruben Correa Freitas explicó que, por ley, "siempre se debe proteger la independencia de los periodistas", cosa que, a su entender, no sucedió en esta situación. "Yo reivindico el derecho sagrado de la más irrestricta libertad de expresión del pensamiento, que es clave para el Estado democrático y para el estado de derecho, que lleva de la mano a la libertad de prensa. Hay libertad para expresar el pensamiento, pero el límite es la moral, las costumbres y el derecho de los demás".
Correa Freitas hizo mención al artículo 29 de la constitución uruguaya, que refiere a la "más amplia libertad de prensa", para subrayar que el derecho de Álvarez se vio vulnerado a partir de la intervención policial. "Me preocupa mucho el problema del allanamiento en Azul FM y en el domicilio particular del periodista. Creo que estamos en el límite con relación a la libertad de prensa. Me genera una enorme preocupación porque en un estado de derecho y en un país democrático como Uruguay la libertad de prensa y de los medios de comunicación –radio, televisión, diarios– tiene que ser amparada y protegida. Además, hay un derecho que tienen todos los periodistas que es mantener en secreto a sus fuentes que les dan la información", indicó.
El abogado sostuvo que si bien es "respetuoso" y "cuidadoso" con la Justicia, la medida le resultó "inconveniente". En su lugar, considera que hubiese sido preferible citarlo a declarar. "Creo que el allanamiento no es posible, salvo que la Justicia estuviera buscando otro tipo de delito", matizó.
La situación retrotrajo al abogado Juan Fagúndez a los tiempos de la dictadura y en su cuenta de Twitter escribió: "Orden de allanamiento a una radio buscando material de una crónica periodística. No solo me retrotrae a los 70 sino que es delito".
Así lo ejemplificó, por su parte, Risso, quien comparó el episodio con otros hechos sucedidos en Venezuela y Nicaragua: "Fue un exceso absoluto lo que se hizo. Esas cosas pasan en la Nicaragua de (Daniel) Ortega, no en Uruguay. Fue horrible y no se puede justificar".
Los especialistas recordaron que los periodistas tienen el "derecho a preservar el anonimato de sus fuentes" e insistieron en que la decisión de la jueza intentó romper con esa norma. "Esa orden de allanamiento para mí puede hasta llegar a ser un delito. Es ilegal que uno dé un allanamiento (en esas condiciones). Ahora todo el mundo está mirando a la fiscal. Ella puede pedir una canasta de huevos negros si quiere. El tema es el juez que se lo da. Esto no puede volver a pasar. Es gravísimo", concluyó Fagúndez.
