Delicada situación fiscal llevará a subir tarifas públicas en 2020, según expertos

Antes del encuentro entre los mandatarios, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, declaró que el gobierno se había comprometido en julio de este año a “que no iba a haber aumento de tarifas” en enero. “Vamos a cumplir con lo que se había anunciado y no va a haber aumento de tarifas hasta el final del período”, afirmó. 

Esto produjo además de la reacción de los que serán los nuevos jerarcas del próximo gobierno, la de economistas  que analizaron la situación a raíz del delicado estado que tienen las cuentas públicas. A esto se sumó un informe presentado por la calificadora Fitch Ratings este lunes, en el que se sugirió un ajuste fiscal de 2,5 % del PIB para que la deuda pública uruguaya sea sostenible a largo plazo.

En esta línea, el director de Vixion Consultores, Aldo Lema, manifestó que la situación fiscal es mucho más delicada de lo que se pensaba hace unos meses atrás, cuando se dijo que las tarifas no iban ajustarse.

Según explicó el especialista, tanto el tipo de cambio como el petróleo tuvieron una suba del 10% desde julio a esta parte, por lo que considera que al menos un alza en línea con la inflación parecería “inexorable”. Como agregado a este punto, en lo que va de 2019 el tipo de cambio en Uruguay ha aumentado un 16,5% en relación al peso uruguayo, número que duplica la inflación anual, y variable que tiene una preponderancia mayor en empresas como Ancap y UTE. 

En el caso de la segunda, la resignación de ingresos sería de unos US$ 115 millones, contemplando el impacto que tiene el ajuste de salarios que tendrán los trabajadores del ente en enero y la suba prevista del tipo de cambio para 2020, explicó una fuente de la empresa a El Observador. El ente energético paga anualmente unos US$ 400 millones a sus proveedores privados de energía eólica. 

Para el economista, en esta coyuntura es “muy difícil evitar un alza de tarifas en marzo”, dado también el “duro” informe de Fitch Ratings de este lunes que le da “un ultimátum al gobierno en los tiempos”.

A esta situación, se agrega la inercia del propio gasto público de forma directa e indirecta. Si un ahorro de US$ 900 millones parecía bastante “utópico”, uno de US$ 1.300 millones para evitar una suba en las tarifas parece aún más difícil, señaló Lema.

“Lo que debió hacerse para reflejar una transición ejemplar y la diferenciación de Uruguay, fue lograr un acuerdo en las variaciones de tarifas públicas entre equipo de gobiernos salientes y entrantes, posiblemente con una conferencia en conjunto para justificarla a la ciudadanía. Se debió mostrar capacidad de actuar como estadistas”, comentó.

No ajustar las tarifas (al menos por inflación) implicará agregar una tensión extra sobre un variable clave de la economía como el déficit fiscal y donde las calificadoras de riesgos tienen la lupa hace un buen tiempo, fue la línea que siguieron los economistas consultados.

Los números crudos

El economista Javier de Haedo dijo a El Observador que en su experiencia –fue subsecretario de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle – al asumir el 1° de marzo casi todo el gasto ya está dado para el año, en referencia al aumento de las jubilaciones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, de los salarios, los pagos de intereses y el Fonasa, que ya están definidos.

“El grueso de los gastos no los puedes tocar ¿Entonces, de dónde vas a cortar US$ 900 millones? Es muy difícil, muy difícil”, aseguró.

El economista realizó cálculos sobre los ingresos de las empresas públicas Ancap, UTE, Antel y OSE, que sumaron en 12 meses ingresos por US$ 6.012 millones.  A partir de esta cifra, de Haedo partió del supuesto de que si se realizará una ajuste a partir de enero de las tarifas públicas de forma lineal de un 7% (algo por debajo de la inflación), significaría US$ 412 millones menos de ingresos para esas empresas estatales.

Para de Haedo, esto implicaría un deterioro fiscal adicional de 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), coincidiendo con la línea planteada por el gobierno electo (por los US$ 400 millones). De Haedo dijo que en caso que se ajuste en marzo por ese 7%, que citó como ejemplo, implicaría una resignación de ingresos de unos US$ 120 millones para el primer año del nuevo gobierno en razón de los dos meses que los precios se mantendrían. 

Por su parte, el analista Marcos Soto, de Cibils-Soto Consultores, opinó que "es claro que el gobierno debió ajustar tarifas públicas. Tan claro como que debía hacerlo cada enero como se hizo. No existen fundamentos económicos (conocidos) para no actualizarlas ahora, así como tampoco existían fundamentos hace un año que indicaban una rebaja". 

El peso de la inflación 

En la misma línea, el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, manifestó en su cuenta de Twitter que “no hay razón alguna para que el Poder Ejecutivo no ajuste las tarifas públicas en reflejo del aumento de costos propio de un país con inflación de más del 8% anual”.

“Desde la perspectiva fiscal, bajar la rentabilidad de las empresas públicas en 2020 sería una mala decisión. El déficit fiscal se encuentra en un nivel insosteniblemente alto y en su mayor nivel en más de 25 años. La discusión política sobre ese no ajuste de tarifas nos permitirá ver como cada quién ‘salta’ al ‘otro lado del mostrador”, expresó Rosselli, en la misma línea en que se había manifestado en enero de este año.  

En ese entonces, Rosselli sostuvo que si no fuera por la caída fuerte del precio del petróleo en el último tramo de 2018 (25% desde octubre), “los números de Ancap no hubiesen resistido porque se venían deteriorando hasta que el crudo descendió”. 

Para el profesional, hay que diferenciar entre lo que implica subir o ajustar las tarifas cada año, a si son o no caras. En ese sentido, plantea que habría que discutir si en realidad habría que bajarlas por una única vez para que tengan un valor razonable, “pero otra discusión es como se actualizan en un país que tiene una inflación relativamente alta”. 

Rosselli apuntó que desde 2010 en términos reales Antel bajó 40% –aunque es una tendencia global en las telecomunicaciones–, el gasoil bajó 30%, la nafta 5% y la electricidad 15%. La excepción fue OSE con un aumento del 10%.

En el caso de la importación de combustible, la Ursea calculó asumiendo costos e impuestos después de Ancap, que el precio del gasoil estuvo por encima 14% (en años anteriores fue de 45%) y la nafta 11% más cara. Ese sobrecosto al no importar combustible fue de US$ 290 millones durante 2018. 

En esa línea, Lema dijo que el problema que subyace es con las tarifas en algunos rubros o servicios, como por ejemplo el caso de los combustibles, que “claramente tiene un nivel desfasado al que se registra en países de ingreso per cápita parecidas”. También aclaró que algo similar ocurre con la tarifa eléctrica residencial.

“Uruguay debería aspirar en un plazo determinado –no inmediatamente- a lo que se conoce como tarifas de eficiencia, para que reflejen los costos y margen adecuados de rentabilidad para las empresas. Si Uruguay mantiene una inflación de 8% esas tarifas de eficiencia pueden seguir aumentando, dado que el país se da ese porcentaje de suba de precios prácticamente en todos los rubros y servicios. En algunos casos será por debajo, en otros por encima”, apuntó Lema.  

En el caso de la energía eléctrica, Rosselli explicó que la generación no es la mayor parte de los costos, sino que es la transmisión y distribución.

 A su vez, una baja en las tarifas de la energía implicaría también un descenso en el aporte de las empresas públicas a Rentas Generales, perjudicando así la compleja situación fiscal que va a heredar el próximo gobierno, apuntó.

En tanto, Lacalle Pou había sostenido durante la campaña electoral que además de políticas de “shock en austeridad” para reducir el déficit fiscal, las rebajas de tarifas no se darían al principio de su posible gobierno –reconociendo las limitantes económicas–, aunque explicó que mediante la liberalización de la importación de combustibles sí se podría bajar el precio del gasoil y también consideró que se debía reducir el precio de la energía eléctrica porque se tratan de los “grandes dinamizadores de la economía nacional”.