Denuncian fallas deliberadas de la Justicia en Ecuador

Hasta octubre de 2014, la legislación ecuatoriana definía los delitos de "terrorismo" y "sabotaje" de una manera tan amplia que permitió que se juzgara por estos a los manifestantes que se oponen al gobierno.

Así, por ejemplo, fue condenada María Alejandra Cevallos, estudiante universitaria que durante el motín policial que hubo en setiembre de 2010 fue a un canal de televisión. En ese momento todos los medios de comunicación emitían la señal oficial y la joven fue invitada por el conductor del programa para hablar al aire. La estudiante de Derecho pidió al presidente Rafael Correa "tomar en cuenta" a los ciudadanos disconformes con el gobierno y señaló que la revuelta policial era un ejemplo de las diferencias que algunos ciudadanos tenían con las autoridades.

El gobierno lo consideró un intento de golpe de Estado y la condenó a cuatro años de cárcel. En este incidente hubo otros seis condenados, entre los que se incluye un estudiante que fue hallado cómplice porque "con su aplauso... exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social".

En junio de 2014 Ceballos apeló su condena y el cambio normativo de octubre la favoreció. Fue indultada un año más tarde, después de que reconociera públicamente su responsabilidad en un delito que ella asegura que no cometió. HRW insiste en que el indulto debió haberse dado al mes de la apelación. Este es uno de los cuatro casos documentados, uno de los cuales implica a diez personas.

"No hay dudas de que si alguien comete un delito durante una protesta, debería ser investigado", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Pero es inadmisible que no se concedan audiencias para revocar condenas por terrorismo o sabotaje impuestas a críticos del gobierno y a manifestantes pacíficos incluso cuando el derecho ecuatoriano ha sido reformado para evitar este tipo de abusos del sistema judicial".

Durante su investigación, HRW identificó que los juristas ecuatorianos coinciden en que las nuevas disposiciones deben aplicarse retroactivamente a los que fueron condenados por actos que, según la nueva definición, ya no se consideran terrorismo o sabotaje.

En febrero Correa indicó que 1.757 personas fueron liberadas por estas nuevas disposiciones. Sin embargo, HRW constató que en otros casos los tribunales ni siquiera fijaron fecha de audiencia para los que apelaron.

La organización considera, a partir de las entrevistas que mantuvo con víctimas, sus abogados, y juristas, que las demoras en las audiencias "se deben en buena medida a presiones políticas".

"Estas condenas por terrorismo y sabotaje, que no tienen ninguna base, son un ejemplo claro de cómo el gobierno utiliza leyes represivas contra sus críticos", observó Vivanco. "Estos cargos nunca deberían haber sido planteados, y ahora no existe ninguna justificación legal para no conceder a los acusados una fecha de audiencia para que se reviertan estas condenas injustas", abundó el experto.