La auditoría llevada a cabo por el Ministerio de Capital Humano en relación al escándalo revelado en las contrataciones de seguros en el ámbito estatal durante la administración del expresidente Alberto Fernández logró identificar más contratos sospechosos, con un valor estimado en torno a los $30.000.000.
En esta ocasión, se puso bajo la lupa a las nueve pólizas de seguros contratadas por el antiguo Ministerio de las Mujeres. Entre los involucrados figura Carlos Soria, quien aparece como apoderado y es señalado como parte de la trama aseguradora. Toda la documentación pertinente ya fue entregada al juez Julián Ercolini, responsable de la causa iniciada a raíz de las denuncias presentadas por la dependencia en cuestión, la Anses y Nación Seguros S.A, en la cual se investiga al exmandatario.
La nueva información surgió a raíz del análisis de un "convenio interadministrativo" firmado en junio de 2022 entre el ministerio dirigido por Elizabeth Gómez Alcorta y la empresa estatal Nación Seguros. En dicho acuerdo, la representación de la compañía estuvo a cargo de Soria, quien ya está siendo investigado en la causa que lleva adelante el juez Ercolini.
Las pólizas contratadas incluyen cobertura contra incendios para el edificio ubicado en Paseo Colón al 275, así como cobertura para cristales y responsabilidad civil integral. Además, se ofreció cobertura para equipos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras portátiles, teclados, cámaras, entre otros.
No es la primera vez que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presenta una denuncia. Anteriormente, se presentó para informar sobre el descubrimiento de una póliza contratada por el Instituto Nacional del Teatro y Nación Seguros, en la que se detectó la participación de la empresa Castello Mercuri S.A., principal contribuyente a la campaña de Alberto Fernández en 2019.
El origen de esta causa se remonta a la auditoría liderada por el entonces titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, quien descubrió la existencia de un contrato pendiente de pago por parte del Estado a Nación Seguros, por un monto de 1.700 millones de pesos, destinado a seguros de vida para jubilados que habían obtenido créditos. En este proceso, también se descubrió la intervención de terceros que recibían comisiones por las coberturas proporcionadas por el Estado.
Alberto Fernández negó cualquier implicación en las acusaciones y reiteró su inocencia. En una entrevista concedida a un medio extranjero, afirmó: "Estoy dispuesto a explicar todo lo necesario, porque tengo la certeza de que no cometó ninguna irregularidad".
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