BPS: el absurdo de las elecciones obligatorias y el exceso de democracia

Pero sí: votar en las elecciones del BPS del 28 de noviembre es obligatorio, según lo establece la ley 16.241 de 1992. No votar acarrea una sanción de $ 1.200, o $ 2.400  si el que no vota es funcionario público. Aunque no tengamos idea de cuáles son los candidatos a representarnos, y, en última instancia, qué nos cambia en nuestra vida.

Uruguay tiene un fetiche con las elecciones. Faro de democracia en la región, y con cifras que se despegan de los vecinos en cuanto a confianza en el sistema democrático (aunque con algún sobresalto en los últimos años), ha transformado casi en dogma la obligatoriedad de las elecciones nacionales, algo que causa asombro en otras democracias prestigiosas y de referencia mundial, con las de Estados Unidos, donde un porcentaje de 50% de participación en elecciones presidenciales es considerado como alta participación.

La obligatoriedad de las elecciones nacionales es casi un dogma en Uruguay, y no hay muchos referentes políticos dispuestos a debatirla. Está impregnado en la opinión pública que es la parte de las obligaciones electorales que vienen asociadas a los derechos.

Sin embargo, lo llamativo es que ese dogma se traslada a un montón de otros comicios, en los que la trascendencia es mucho menor. No solo las del BPS, también las elecciones universitarias para aquellos que pasaron por la Udelar, o las de la Caja de Profesionales para quienes aportan a ella. 

Hace ya cinco años el entonces senador Pablo Mieres proponía discutir la obligatoriedad de esas elecciones, aunque su intención no tuvo mucho andamiento, porque tras la elección volvió a quedar tapada por los asuntos de agenda. También ocurrirá con está, en la medida que los días pasen y la molestia por haber tenido que trasladarse a un centro de votación, o pagar la multa, se diluya.

Son, además, eventos costosos. Las últimas dos elecciones del BPS costaron alrededor de 10 millones de pesos, incluido un pago a los candidatos en el entorno de $1 por voto. Es notoriamente menos que las nacionales, en la que los candidatos reciben US$ 7 por voto, pero sigue siendo plata. De todos modos, los candidatos no han podido sacar tanto rédito de esa obligatoriedad: en las últimas elecciones el porcentaje de votos en blanco nunca bajó demasiado del 40%.

Toda esta discusión sobre el sentido de la obligatoriedad agregó otro elemento este año: como aplican las mismas disposiciones que para las elecciones generales, la ley prohíbe la venta de alcohol en las 24 horas previas al cierre de los comicios, rémora de una época en la que algunos dirigentes armaban grandes asados y luego llevaban a potenciales votantes, bajo los efectos del alcohol, a los circuitos. Con alrededor de 60 mil hinchas brasileños ese fin de semana en Uruguay debido a la disputa el sábado de la final de la Copa Libertadores, la regulación es el súmmum del contrasentido, y perjuicio directo a todo un sector de la economía por el cual el gobierno hizo la gestión para traer las finales a Montevideo.

Pero seguramente los dos problemas terminarán en letra muerta. En 2016 la Corte dejó de pedir la constancia del voto tres meses después de los comicios, como prevé la ley, y solo el 0,22% (716 personas) de los que tenían que pagar multa lo hicieron. Los únicos que pagaron, y seguramente eso ocurra esta vez también, son los que en esa ventana de tres meses tuvieron que hacer algún trámite en el Estado que exigía el voto o de lo contrario la multa.

La veda de alcohol también será letra muerta: la propia Corte ya aclaró que no tiene funcionarios para fiscalizarla, por lo que quien la viola no tendrá ninguna consecuencia.

El problema es que los uruguayos, y nuestros representantes, damos tan por segura la democracia que en algún momento decidimos agregarle esa obligatoriedad al voto a casi cualquier elección, sin percatarnos de que es una forma de quitarle prestigio al propio voto. Aún peor: armamos el tinglado de la obligatoriedad, y luego no lo controlamos. Hay, aunque suene polémico, un exceso de democracia, que, en definitiva, solo le quita solemnidad y prestigio a las elecciones donde se juega el futuro del país.