El Pit-Cnt, la Confederación Empresarial del Uruguay (Cedu), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Cámara Uruguaya de Turismo y la Fundación Desem, entre otros actores privados y organismos públicos, usan inmuebles que son propiedad del Banco de Previsión Social de forma gratuita.
En total son 48 los inmuebles que el BPS cedió en comodato, es decir, que prestó para que otros hagan un uso de ellos, según datos a los que accedió El Observador.
En el caso del Pit-Cnt el comodato data del año 2008, cuando Ernesto Murro era presidente del organismo, y tiene una duración de 30 años, según consta en la resolución del directorio de la época.
En dicho documento se establece que el otorgamiento en comodato del local situado en la calle Juan Jackson 1283 (en donde está ubicada la Casa Sindical José Pepe D'Elía) resultaba de una solicitud cursada por el Pit-Cnt.
Para hacer el préstamo el BPS tomó en consideración “los fines de la entidad solicitante”, la política de esa administración de “fomentar el diálogo social y promover la participación, fortalecimiento y formación de las organizaciones sociales” y la “política actual respecto a la racionalización en el uso de los bienes del Estado”.
La resolución también tomó como antecedente que se hubiera dado en comodato el local de la calle Mario Cassinoni 1573 a Onajpu y adelantaba, además, acciones similares con el sector empresarial.
Eso se materializó en abril de 2011, también bajo la presidencia de Murro en el organismo, cuando el BPS dio en comodato un local con frente a Bulevar España 2183 y que también tiene salida por José Requena 1069 y 1071.
Por un plazo de 20 años pueden hacer uso de ese espacio de forma gratuita la Asociación de Empresas Fúnebres del Interior (Aefi), la Cámara de Turismo, la Confederación Empresarial del Uruguay, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype) y la Fundación Desem.
En este caso se reitera que la decisión se adoptó en virtud de “la política actual de racionalización de los bienes del Estado” y del “apoyo al fortalecimiento de la gestión de las organizaciones sociales con representación en el Directorio del BPS”.
También se argumentó que las partes se comprometían a “realizar actividades de cooperación técnica en información, investigación y difusión de la Seguridad Social”.
El director del BPS por los empresarios, José Pereira, criticó esta forma de gestionar los recursos del estado.
“Eso es ineficiencia del BPS. Tenemos que poner fin a éstas prácticas”, dijo a El Observador.
“Contamos con 11 locales sin uso de los cuales uno de ellos es el de Tacuarembó que se adquirió por varios cientos de miles de dólares y nunca se utilizó ya que la intendencia prohibió estacionar allí”, agregó.
Pereira entiende que los 48 locales en uso por parte de otros organismos se podrían vender o alquilar y reutilizar esos fondos para “brindar apoyo económico a madres adolescentes en situación precaria”, “dar un complemento a hogares habilitados para la tercera edad que cuenten con cupo cama y no solventan la totalidad de sus gastos” y “realizar mejoras edilicias en sucursales del interior”.
“¿Cuántos tratamientos de enfermedades raras o pensiones que hoy se rechazan se podrían financiar si esos locales se alquilaran en vez de cederse de forma gratuita?”, preguntó Pereira.
“El BPS debe generar ingresos con estos inmuebles y volcarlos en quienes verdaderamente lo necesitan. Que la participación en el Directorio de representantes sociales termine con beneficios para las organizaciones que los respaldan electoralmente, es una práctica inmoral”, se contestó.
El Banco de Previsión Social tiene 86 inmuebles en uso en todo el país y 11 sin uso.
