Opinión > OPINIÓN
El brexit en busca de un acuerdo
Hace tres años, el temor a la inmigración, el nacionalismo, el rechazo a la burocracia de Bruselas, el descontento de los sectores postergados por la globalización y algunas otras causas, conformaron una frágil y sorpresiva mayoría a favor de la salida de la Unión Europea (UE) en el referéndum convocado para decidir la cuestión.
Desde entonces, la división tanto dentro de los conservadores como de los laboristas dejó que ese pronunciamiento se volviera irreversible, hasta que el acceso de Boris Jonson al poder lo convirtió en una realidad. Atrás quedó el deseo de algo menos de la mitad de los británicos que estaba a favor de permanecer en la comunidad abierta y democrática de países europeos que, con avances y retrocesos, ha venido consolidando a la unidad del continente después de la segunda guerra mundial.
Comienza ahora un período de transición hasta fin de año, en el que no habrá cambios en la relación entre ambas partes con respecto al pasado, mientras se negocia un nuevo acuerdo de futuro. Por ahora, y presumiblemente hacia delante, los europeos que viven en la isla podrán mantener sus derechos adquiridos y lo mismo habrá de ocurrir con los británicos que viven en los países de la UE. En particular, en este año el comercio entre ambas partes seguirá siendo libre.
El período de transición pudo encontrar la salida para la frontera comercial entre las dos Irlandas que una y otra vez se le negó a la Sra. May. Entonces, para respetar los términos básicos del acuerdo de paz vigente entre ellas, Irlanda del Norte formará parte de la unión aduanera del Reino Unido, pero deberá cumplir con las reglas del mercado único europeo. Esto significa que la frontera en la que se realizarán los controles estará en el mar de Irlanda y no en la frontera física que separa a Irlanda del Norte de la República de Irlanda.
Hacia delante, en un primer intento para marcar el rumbo de la negociación, el primer ministro Boris Johnson avisó que no aceptará ningún acuerdo que obligue a Londres a un alineamiento estricto con las normas comunitarias en asuntos tales como empresas públicas, normas de calidad, legislación laboral, reglas sobre el medio ambiente y el sometimiento a los tribunales de la UE. En caso contrario, Johnson propuso como opción la firma de un acuerdo comercial con la UE, al estilo de los que ésta tiene firmados con Canadá o Australia, que no incluyen estos otros asuntos.
Por su parte, el negociador jefe europeo, Michel Barnier se declaró listo para ofrecer un “ambicioso acuerdo de libre comercio sin aranceles ni cuotas para todos los bienes” que entren en el mercado común y otro “para todo tipo de servicios”. Barnier subrayó que la oferta está sujeta a dos condiciones: un acuerdo que garantice que no habrá competencia desleal desde el otro lado del Canal de la Mancha, para lo cual es necesario aprobar las normas antes referidas, y un acuerdo sobre el acceso de las flotas europeas a las aguas británicas, que interesa al sector de la pesca.
La colaboración entre ambas partes se suspenderá “de manera automática” si Londres abandona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o aprueba una ley que deje sin efecto los fallos de esa corte. La UE desea también que el Tribunal de Justicia europeo tenga la última palabra en los eventuales conflictos sobre la aplicación del derecho comunitario, excluyendo la posibilidad de un panel de arbitraje independiente de ambas partes.
Barnier también advirtió que será necesario negociar al pleno acceso del sector financiero británico al mercado europeo, además de otros asuntos tales como la protección de la información, los programas nucleares, la propiedad intelectual, la migración, el transporte aéreo y terrestre y tantos otros.
Estas primeras declaraciones de ambas partes auguran una negociación nada sencilla. Porque además, no parecen realistas las posibles salidas conciliatorias propuestas por Johnson en caso de la falta de un acuerdo global con la UE.
Desde que el Reino Unido es un socio mucho más importante de la UE que Canadá, es seguro que a diferencia de lo que ocurre en el acuerdo entre estos dos últimos, los europeos habrán de extremar sus exigencias para asegurar que un acuerdo de libre comercio con los británicos se cumpla en el marco de una competencia justa. Ello inevitablemente habrá de requerir la aprobación por parte de los británicos de las varias normas comunitarias que la aseguren, las mismas que Johnson rechazó de entrada.
En cuanto a la relación entre la UE y Australia, ella no se canaliza a través de un acuerdo de libre comercio sino de las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
Entonces, cuando el próximo 31 de diciembre finalice el periodo de transición, si Londres y Bruselas no lograron cerrar un nuevo acuerdo comercial, la única salida será la de un brexit duro, sin acuerdo, que es los que los euroescépticos quisieron desde un principio. Aunque ello signifique nada menos que la pérdida del acceso preferencial británico al mercado europeo.
Todo indica que ésta sería la salida más costosa para la evolución de futuro de la isla, pero ya se sabe que a veces la política tiene razones que la economía no entiende.
