El cambio que el FA hará a su estatuto tras polémica por el caso de Gerardo Núñez

Pese a que desde enero había quedado archivada la causa por la que al legislador le habían determinado medidas cautelares ante una denuncia por violencia de género, el tema quedó zanjado políticamente en marzo, con la resolución final del Comité Central. Ante esa confirmación, el Tribunal de Conducta Política que venía estudiando el caso desde el año pasado dispuso el archivo de todas sus actuaciones. 

Pero antes de saberlo, cuatro de sus integrantes aseguraban que "en su vida privada el compañero denunciado no" había tenido "el manejo más adecuado", lo que hacía corresponder "su alejamiento del cargo". Los cuatro restantes entendían por el contrario que no había "una falta en la actividad política ni hechos en la vida privada del denunciado" que terminaran ameritando "sanción" de su fuerza política, según consta en las actuaciones divulgadas por Montevideo Portal. 

El episodio puntual –como varios otros que el tribunal de ética frentista ha tomado en su historia, aclaran desde el Frente– plantó el debate por la falta de una redacción en los estatutos del Frente Amplio que explicitara los efectos políticos de la "violencia en el ámbito privado".

El Tribunal había alertado de hecho en un inicio que no se trataba de un caso comprendido en el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia Política basada en Género, dado que "la presunta víctima" no revestía "militancia política específica que pudiera ser dañada por las actitudes privadas ejercidas por el compañero", a lo que se sumaba que los hechos habían ocurrido "fuera" de la actividad partidaria. 

La Comisión de Género del Frente se había puesto al hombro el año pasado una readecuación de los estatutos, al tiempo que su titular, Patricia González, tomaba el caso Núñez como "una oportunidad" para cambiar el marco normativo actual en el que "la violencia de género en el marco privado no es un asunto central", tal como dijo en mayo del año pasado a El Observador. 

El camino elegido fue introducir dos modificaciones centrales al estatuto del Frente Amplio –a cuyo borrador accedió El Observador–, que serán votadas este sábado en el Plenario de la fuerza política para derivarlo así al Congreso de diciembre, con vistas a su sanción final. De esta manera, el artículo 1° del estatuto especificará que la coalición de izquierdas es –además de "progresista, democrática, popular, antioligárquica, antiimperialista"– "antipatriarcal y antirracista". 

El otro cambio incluye añadir en el literal C del artículo 123 que el "Protocolo de Actuación del Frente Amplio sobre responsabilidad política ante situaciones de violencia política hacia las mujeres basada en género" aprobado en 2020 sea considerado dentro de las "normas vigentes" que rigen la ética frentista. 

¿Qué quiere decir? Que en los hechos podrá considerarse un "desarreglo en la conducta política o ética" del dirigente su apartamiento del principio de "antipatriarcal", por lo que un episodio de violencia de género en la vida privada puede considerarse un apartamiento del estatuto. Esto hace que el dirigente sea pasible de sanciones y hasta de una expulsión si 9 de 10 integrantes del Tribunal de Conducta Política lo determinan. 

El borrador fue analizado el lunes por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y llegará al Plenario del sábado con el consenso de todos los sectores, según confirmó El Observador. 

Un caso similar y que también la dirigencia emplea de ejemplo es el del exalcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone, quien en 2018 debió renunciar al cargo cuando la Justicia le impuso medidas cautelares por una situación de violencia de género. Tres años después, el dirigente integró una lista del sector que entonces encabezaba el exvicepresidente Raúl Sendic para las elecciones internas del Frente.