El cuidado del medioambiente

La agencia proyecta que en el 2050 el consumo de energía será similar al de la actualidad debido al mejoramiento de la eficiencia, pese a que la economía será entonces un 40% mayor que en la actualidad. La mayoría de la energía habrá de provenir de recursos  renovables, con un aumento de veinte veces en la energía solar y de once veces en la energía eólica. El consumo de energía eléctrica, que es ahora de un 20% del total, será de un 50%. 

Los combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas tendrán una incidencia muy limitada. La demanda de petróleo habrá de disminuir en un 75% y la de gas en un 55%. Por tanto, no serán necesarias nuevas exploraciones de estos recursos.  

En simultáneo con estas recomendaciones, la reciente reunión del G7 concluyó en un compromiso para detener antes de fin de año todo nuevo proyecto de carbón. Una excepción transitoria quedó establecida para el desarrollo del gas natural. 

El grupo reiteró la meta de invertir U$S 100.000 millones anuales en el futuro para contribuir al cuidado del medio ambiente, aunque no concretó ninguna forma de ayuda a los países en desarrollo.    

Por su parte, y con el mismo propósito, el Fondo Monetario Internacional propuso incrementar el costo de las energías más contaminantes, ya sea a través de una suba de los impuestos o la aplicación de un precio mínimo internacional del carbón. El organismo consideró que de este modo se daría forma a la herramienta política más importante para lograr los drásticos recortes de la emisión de dióxido de carbón necesarios para limitar el calentamiento global.

Actualmente cuatro quintas partes de dichas emisiones siguen sin estar gravadas, por lo que el precio promedio mundial del carbón es de solo U$S 3 por tonelada, muy por debajo del nivel necesario para incentivar la eficiencia energética y la innovación hacia tecnologías verdes. En este marco, el FMI considera que un acuerdo internacional debería fijar un precio para el carbón entre un mínimo de U$S 25 y un máximo de U$S 75 en función del grado de desarrollo de cada país. Ello permitiría una reducción del 23% en las emisiones para el 2030. 

Además de estos pronunciamientos de carácter multilateral, un mayor cuidado del medio ambiente también avanza por otras vías.   

A vía de ejemplo, en los Países Bajos una sentencia judicial condenó nada menos que a la petrolera Royal Dutch Shell a aumentar el corte de sus emisiones de carbono en un 45% en el 2030 en comparación con el 2019, debido a que se entendió que su política actual no era suficientemente concreta. 

Aunque Shell anunció que habrá de apelar esta sentencia, ella  puede sentar un precedente histórico contra otras grandes empresas contaminantes, que podrían afrontar en adelante juicios similares. 

Hay otras formas de cuestionamiento a todos estos pronunciamientos.  

Por ejemplo, países muy dependientes del uso del carbón como Japón y Australia ya han anunciado que no habrán de seguir las recomendaciones de la AIG y que por ahora continuarán con sus inversiones en combustibles fósiles. 

Japón intenta llegar a la emisión cero para el 2050 pero aún no tiene un plan para cumplir con esta meta. La energía nuclear ya no es una opción viable después de Fukushima y el suelo montañoso vuelve muy cara a la energía renovable. 

Por su parte, Australia reclamó una mayor atención al progreso tecnológico en el uso de carbón. También Noruega ha expresado un cierto escepticismo sobre las recomendaciones de la agencia

En Estados Unidos, el presidente Biden está bajo presión para instrumentar un mayor control de la industria petrolera, en particular la construcción de oleoductos.  

Desde el inicio de su gestión, Estados Unidos volvió al Acuerdo de París, impulsa un apoyo sin precedentes para la generación de energía limpia y ha deteniendo nuevas exploraciones de yacimientos en tierras federales. 

Más aún, en su primer día de gobierno, Biden canceló el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL, un proyecto de U$S 8.000 millones que habría permitido transportar el crudo desde Canadá a la Costa del Golfo. 

Pese a estas acciones, los grupos ambientalistas consideran que falta una acción pública más decidida para impedir la construcción de nuevos oleoductos.

Del otro lado del Atlántico, los grupos verdes están pidiendo a la Unión Europea diversas acciones de protección del medio ambiente, entre ellas una reforma de los subsidios a la agricultura.El sector agropecuario produce un 15% de las emisiones de gas. Ya hay acuerdo entre los ministros del ramo para la política entre el 2023 y 2027, con un costo de 38.700 millones de euros,  entre otras acciones para recompensar a los productores que apliquen métodos amigables con el medio ambiente. Pero los verdes promueven un mayor incentivo para la reconversión del sector hacia energías limpias. 

En resumen, aunque en forma muy fragmentaria, todos estos apuntes muestran la fuerza que está tomando el cambio en curso a favor de una mayor protección del medioambiente.