La relación osciló entre el conflicto y los entendimientos
En el último cuarto de siglo, la relación entre Argentina y el FMI ha sido muy variada, puesto que osciló entre los extremos más pronunciados del entendimiento y el conflicto.
Así, en los noventa el organismo apoyó el plan de convertibilidad de Domingo Cavallo pero quedó luego atrapado en la debacle del 2001. Un lustro después Néstor Kirchner canceló en forma anticipada las deudas con el organismo. Doce años más tarde, en el 2018, el organismo financió un nuevo programa de ayuda, esta vez por US$ 57.000 millones, el mayor de su historia, lo que no impidió que también terminara en un fracaso. Y dos años después, en el 2020, el gobierno en funciones está negociando un acuerdo de reestructura de la deuda que viene de entonces, entre un contrapunto de críticas y pedidos de contemplación.
En este marco, a fines del año pasado el FMI publicó un informe de evaluación del acuerdo del 2018. Es un estudio que las jerarquías técnicas presentaron para cumplir con el trámite previsto cuando un país accede a un crédito por más del 400% de su cuota. En este caso, Argentina había logrado un acuerdo por el 1.300 % de su cuota.
El informe acusa a las jerarquías responsables del programa del 2018 de haber aceptado sin mayores cuestionamientos a las proyecciones demasiado optimistas del gobierno de la época, en especial en materia fiscal, y a un programa de reformas más bien superficial. Empero, la falla principal fue la de no advertir en toda su dimensión la falta de confianza de los inversores en la sostenibilidad fiscal y de las cuentas externas, por lo que se debió haber sido más conservador en la proyección macroeconómica.
Así, el estudio considera que “la estrategia y la condicionalidad del programa no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un mercado local de capitales pequeño y una base de exportaciones estrecha”.
Más aún, el informe sostiene que avanzada su ejecución, cuando el programa enfrentaba el riesgo de incumplimiento, las autoridades debieron haber recurrido a medidas extremas, como un control de capitales y una reestructura de la deuda financiera con el sector privado.
No obstante, esta conclusión no fue compartida por algunos directores del organismo, que cuestionaron a la viabilidad de estas medidas dado que un objetivo clave del programa era el de restaurar la confianza de los mercados.
El programa se salió de control a poco más de un año de aplicación, con una crisis cambiaria y un empuje inflacionario, después de haber recibido un desembolso del FMI de US$ 44.000 millones. Finalmente, el plan fue cancelado a mediados del 2020 por el entrante gobierno peronista, que había iniciado su mandato en diciembre del 2019. En esa ocasión, las actuales autoridades afirmaron que el programa fue aprobado por razones políticas, gracias a la influencia de Estados Unidos, para ayudar al intento de reelección de Macri. De aquí, arguyen, el monto tan alto del crédito y la tolerancia ante las debilidades técnicas del programa. Y por ello, acusan, el plan sólo sirvió para financiar una importante fuga de capitales y el repago a la inversión especulativa en valores públicos en los años previos.
De un modo u otro, lo cierto es que el gobierno en funciones enfrenta ahora una situación muy comprometida, con el riesgo de quedar como un deudor incobrable del FMI y sin acceso al Banco Mundial y el BID.
En los últimos meses del año pasado, Argentina pagó al FMI unos US$ 2.600 millones, gracias al ingreso extraordinario de los derechos especiales de giro que el organismo puso a disposición de los países para aliviar sus problemas por la pandemia. En el primer trimestre de este año, vencen unos U$$ 4.000 millones con el organismo multilateral y otros U$ 2.000 millones con el Club de París.
Para el resto del año los vencimientos con el FMI son de US$ 15.000 millones. Por ello, el gobierno pretende acordar un programa de Facilidades Extendidas para aplazar el inicio de los pagos hasta el 2026.
Es muy improbable que la admisión de culpas por parte del FMI en la aprobación del programa del 2018 aporte algún margen de contemplación a favor de Argentina en la negociación en curso. En un organismo como el FMI, las consecuencias de las malas decisiones recaen sobre los funcionarios involucrados, como pasó en el 2001, pero nunca abren una rendija para cambios de rumbo en la política de futuro.
Sin perjuicio de ello, parece cierto que en aras de una decisión de corte político, el FMI cometió gruesos errores de diseño en el programa del 2018, en el monto del préstamo, la ligereza técnica del programa y más que nada, en la subestimación de los malos antecedentes de un país como Argentina para aplicar un programa consistente a lo largo del tiempo. Ello sin desconocer que la debacle del programa, en especial en la crisis cambiaria, también se debió a la expectativa desfavorable de los mercados financieros ante a medida que se volvía más probable el triunfo peronista en las elecciones del 2019, temiendo un retorno al intervencionismo del pasado.
En la negociación de la reestructura de la deuda con el FMI, Argentina no califica para recibir fondos frescos.
A su vez, para postergar los pagos de la deuda, la contrapartida debería ser la aplicación de algunas medidas mínimas de ajuste, que el gobierno pretende poner a consideración del Congreso, pese a las resistencias que ya se insinúan al interior del oficialismo.
Más que otras veces, es un final abierto.