El partido de “hombres libres” que dice ser el Partido Nacional está sopesando por estas horas los límites de esa libertad. Pero, por lo pronto, la decisión del directorio blanco de enviar a los ediles Nicolás Hernández y Joaquín Campos al comité de ética partidaria tras haber votado en la Junta Departamental una serie de préstamos para obras en Montevideo, luce desproporcionada y choca de frente con ese ADN que dicen tener los blancos.
Los ediles cuestionados pertenecen a la lista 22 y se mandaron a contramano de lo aconsejado por la departamental nacionalista al votar una inyección de dinero de préstamos internacionales para que la administración del frenteamplista Mario Bergara repare calles (US$ 40 millones), veredas (US$ 40 millones), implemente un plan de limpieza (US$ 50 millones) y amplíe la red de saneamiento (US$ 130 millones).
El préstamo necesitaba mayorías especiales que los 17 ediles de la izquierda consiguieron con el apoyo de Hernández, Campos, el colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse.
Es cierto que en los últimos años la gestión de la izquierda de la Intendencia de Montevideo ha sido, por decir lo menos, ineficaz. Y los más de 35 años de persistencia en el gobierno departamental son una muestra de que el frenteamplista vota frenteamplista aunque lo tenga que hacer frunciendo la nariz, y no solo por el olor de basura de algunas calles.
Y es verdad que, como dijo el senador nacionalista y excandidato a la IMM, Martín Lema, que ”cuando un auto pierde aceite, la solución no es echar más aceite, sino solucionar la pérdida” en alusión a que los prestamos extrapresupuestales, es decir, el endeudamiento para realizar nuevas obras, deberían salir de la caja comunal y no de un salvataje externo.
Además, estos préstamos trascienden el período de gobierno y representan una deuda de la que tendrán que hacerse cargo futuras administraciones, y sin certezas de que los problemas que se pretenden atacar sean resueltos.
Pero la ciudad necesita obras sea como sea. Además, según supo El Observador, a cambio de los votos, la IMM accedió a varios pedidos de los ediles de la lista 22, como la realización de obras de mitigación de inundaciones en la calle La Paz, la construcción de un puente en Camino Santos Dumont (Villa Don Bosco), la reducción del monto del préstamo de limpieza y varias modificaciones puntuales en el plan de calles. Además, se incluyó -a pedido del colorado Paganini- US$ 1,5 millones para la iluminación de la franja costera.
Sí, el clásico toma y daca de la política. Así funciona muchas veces la cosa. Y no siempre es repudiable. Una cosa es votar obras a cambio de otras obras y una cosa distinta es, por ejemplo, ofrecerse a votar una investigadora parlamentaria sobre ASSE a cambio de que liberen a los militares presos en Domingo Arena, como intentó Cabildo Abierto en el Parlamento.
Además una consulta realizada por Opción en febrero de este año, señaló que un 61% de los simpatizantes de la Coalición Republicana (CR) opinó que sus ediles debían votar el incremento de gasto para obra pública, mientras que 32% señaló que no y 7% no contestó.
Es decir, a los vecinos, sean del partido que sean, no parecen importarle costos políticos ni disciplinas partidarias. Además, como fue dicho, en este caso no se trata asuntos vinculados con la ética. Al activar el tribunal de disciplina, el Partido Nacional corre el riesgo de ir a contracorriente de lo que quieren sus votantes. Y, como efecto menor, puede terminar arrojando a los ediles “rebeldes” a los brazos del Frente Amplio.
La historia política uruguaya está llena de heridos que, tras ser marginados o sancionados por sus propias filas, terminan encontrando cobijo —y votos— en la vereda de enfrente.
El Partido Nacional, que históricamente ha lucido con orgullo su perfil de caudillos indómitos y de rechazo a las imposiciones de los aparatos montevideanos, está a tiempo de frenar este intento de castigo.
Para ganar Montevideo, la oposición necesita mostrar capacidad de gestión y flexibilidad para negociar mejoras en la vida de los ciudadanos, y amenazar con sancionar a quienes logran arrancar obras para sus barrios en un tablero adverso. El “partido de los hombres libres” corre el riesgo de perder un tiempo precioso que debería ser utilizado para cultivar una propuesta creíble para Montevideo en lugar de andar ejerciendo el rol de policía con los propios compañeros.
