Por el plazo de refinanciación, la laxitud de las metas y la falta de compromiso sobre reformas de fondo, el texto es muy favorable al gobierno argentino
Argentina aprobó el jueves un acuerdo con el FMI para refinanciar su deuda del orden de U$S 45.000 millones, que hubiera vencido entre este año y 2024, a cambio del cumplimiento de ciertas metas de orden fiscal durante los próximos dos años y medio.
En este período habrá diez revisiones trimestrales para comprobar el cumplimiento de las metas acordadas, en cuyo caso quedará habilitada la entrega por el organismo de los fondos equivalentes a cada uno de los vencimientos que estaban previstos en el acuerdo del 2018, los que serán devueltos en el mismo acto al FMI. Entonces, a partir del 2026 y hasta el 2034 Argentina tendrá que pagar la totalidad de la deuda con sus propios recursos.
En contrapartida, el programa establece que el déficit fiscal primario deberá reducirse de 3.1% del PIB en el 2021 (excluyendo los DEG recibidos por la ampliación del capital del FMI) a 2.5% este año, con reducciones adicionales en cada año, hasta alcanzar el equilibrio en 2025 y un superávit en los años siguientes. Sin embargo, el esfuerzo fiscal del primer año será mayor al que sugieren estas cifras, porque no estarán los ingresos extraordinarios del año pasado por el “aporte solidario” (0,5% del PIB) y un aumento importante del gasto con fines electorales, básicamente por el subsidio a la energía, cuyo precio aumentó sólo un 10 % contra una inflación del 50 %. Es posible, entonces, que la reducción prevista del déficit primario deba ser del orden de 2% del PIB y no del 0,6%.
En este marco, el gobierno ha destacado que el entendimiento contempla mantener un piso del gasto social y que el gasto de capital será un pilar del programa, previendo un crecimiento desde 1,4% del PIB en 2021 a 2% en 2022.
El aumento del precio del gas importado como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania seguramente obligará a moderar la reducción prevista de los subsidios a la energía. En contrapartida, habrá alguna compensación en la recaudación por el aumento de los precio de los granos y oleaginosas.
Precisamente, el único rubro de gasto para el que está cuantificada la reducción es el de los subsidios a la energía, del 0.6 % del PBI. Con este propósito, el gobierno anunció una segmentación y una nueva fórmula de actualización de las tarifas. La segmentación contempla que el 10% de los consumidores con mayor capacidad de pago dejen de recibir subsidios al gas y a la energía eléctrica.
En cuanto a la fórmula de actualización, para los usuarios residenciales la tarifa se actualizará en función de la evolución del salario privado. Para los beneficiarios de la tarifa social aumentaría 40% de la suba del coeficiente de variación salarial y para el resto de los usuarios el porcentaje de incremento sería equivalente al 80% de la dicha variación.
Otra meta del acuerdo establece que la emisión del Banco Central para financiar al fisco se reduciría desde el 1 % del PBI del año en curso al 0.6 % en el año que viene y a cero en el 2024. La combinación de ambas metas, la fiscal y la emisión del Banco Central, obligará a la colocar deuda por algo más de 2% del PIB en 2022 y 2023. Para ello se prevé algún aporte de otros organismos internacional y colocación neta en el mercado local.
El acuerdo también prevé aumentar las reservas del Banco Central en US$ 15.000 millones en tres años. Es un objetivo razonable aunque ambicioso. Con este fin, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022 invariable con respecto a los niveles de 2021.
Tras la firma del acuerdo, el FMI desembolsaría inmediatamente U$S 24.335 millones, que volverán de inmediato a las arcas del organismo, con un neto de unos U$S 5.500 millones a favor de Argentina, que darían respiro a las reservas del Banco Central, que se estiman negativas en unos U$S 500 millones.
También se acordó tender hacia una estructura de tasas de interés reales positivas, de modo de fortalecer la demanda de activos en moneda nacional y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera.
El crecimiento económico previsto para este año es del orden del 4% influido por un efecto arrastre importante, pero luego sería de alrededor de 2% por año. A diferencia de otros acuerdos con el FMI, en este caso se espera que la inflación de este año esté entre 38% y 48% y luego reducirla en 5 puntos porcentuales por año.
Esta columna de opinión ya se ha expresado en cuanto a que el acuerdo es en extremo favorable para los intereses de Argentina, por el plazo de refinanciación, la laxitud de las metas y la falta de compromiso sobre las reformas de fondo que necesita una economía con trabas tan importantes para crecer. Es el resultado del reconocimiento de la responsabilidad del FMI en la aprobación del préstamo del 2018 y la incapacidad del gobierno argentino para comprometer políticas de fondo que puedan ser aceptadas por una parte del oficialismo.
Con abstracción de estas consideraciones, será difícil el cumplimiento del acuerdo en estos dos años y medio. De nuevo hay dudas sobre la disposición del gobierno para aprobar las pocas medidas restrictivas previstas en el acuerdo. Además, los primeros efectos la guerra entre Rusia y Ucrania habrán de exigir precios más altos de la energía y seguramente una mayor inflación que la prevista.
Habrá que ver entonces hasta qué punto estos eventuales desvíos llevarán al FMI a interrumpir el flujo previsto de fondos para refinanciar la deuda original, poniendo a este gobierno de nuevo al borde de una situación crítica. Ello sin contar con la nueva negociación con el FMI que casi seguramente deberá afrentar el gobierno que resulte de la elección del 2023.