El enigma de nuestro desarrollo

Cuatro preguntas que retumban

Cuatro preguntas retumban en medio del barullo de la pandemia, por gente que no logra entender lo que pasó en Diputados esta semana, con la votación en carácter de urgente de la ley anti-forestal, con una peculiar mayoría de un partido oficialista y otro opositor.

Dos preguntas políticas:
1. ¿Por qué hace esto la gente de Cabildo? 
2. ¿Por qué el Frente Amplio vota algo que no votó durante tres períodos cuando gobernaba y tenía mayoría propia?

Dos preguntas económicas:
3. ¿A quién favorecen?
4. ¿A quién perjudican?

Vayamos a las respuestas:
1. El autor del proyecto es un diputado de Tacuarembó, vinculado al movimiento de “autoconvocados” del campo, que arrastran angustias por malos resultados económicos en sus emprendimientos agropecuarios y que en la búsqueda de culpables pusieron la mira en un gobierno que lo sentían ajeno y lejano, y en los que sentían que privilegiaban con exoneraciones impuestos que a ellos no les llegaban. ¿Por qué limitar la forestación? Porque creen que es malo eso, no importa que no tengan estudios que avalen sus creencias; creen eso. Y cuando se les quiere dar argumentos para mostrar que no es así, porque toda la evidencia económica y ambiental así lo indica, sienten que los tratan de ignorantes, que no los reconocen como serios, y se atrincheran en sus creencias.
Dentro de Cabildo, hay otros legisladores que no están convencidos, pero le “creen” a su correligionario, y algún otro está “caliente” con los blancos por otro caso, y se desquita ahora. Y hay otro que quiere evitar la segunda planta de UPM y todo lo que pueda contribuir a eso, le sirve.

2. En el Frente, simplificando, hay dos categorías. Unos comparten esa “creencia” de que hay que parar la forestación, y si no hicieron nada antes fue porque Danilo Astori fue un freno contundente a medidas que perjudicaran la inversión. Vázquez también, pero Astori lo fue en los tres gobiernos.
Y otros, no están en esa categoría anterior pero no quisieron desperdiciar un “penal sin golero”. El razonamiento fue simple: “todo el año perdiendo votaciones y ante la chance de dar un golpe duro a la coalición, no se puede desperdiciar”. El objetivo es el de siempre: divide y reinarás.

3. A nadie.

4. A muchos, a productores grandes, y fundamentalmente a productores chicos que arriendan campos en los que comparten diversa producción; a las industrias y servicios vinculados, a la imagen de país que respeta a los inversores que convoca para que hagan negocios en el país. A todos.
Es justo decir que no se proponen perjudicar a todos, pero lo hacen por defecto.

El quiebre de una política de Estado

Por encima de todas las consideraciones, si el proyecto anti-forestal sancionado en Representantes, fuera aprobado en el Senado y se convirtiera en ley, lo que parece poco probable, implicaría un quiebre de una política de Estado que no tiene precedentes y que ha dado un resultado extraordinario.

El primer gobierno de la democracia, con Julio María Sanguinetti como presidente, votó el plan de incentivo forestal (Ley Nº 15.939 de 28 dic. 1987) y la de creación de zonas francas (Ley Nº 15.921 de 17 dic. 1987).

Un año después, en la adecuación presupuestal anual se votó el subsidio forestal (Ley Nº 16.002 del 25 nov. 1988), que sería clave para el desarrollo del sector.

Con esa base legal se abría el camino al impulso del sector, y además se generaba el instrumento para radicación de mega inversiones con beneficios tributarios siempre y cuando se para colocar su producto en el exterior. Pero eso no sería suficiente, porque el país tenía asignaturas pendientes para modernizar su economía.

El segundo gobierno de la democracia, con el presidente Luis Lacalle de Herrera, votó la reforma portuaria (Ley Nº 16.246 del 8 abr. 1992), que permitió transformar el sistema logístico, fundamental para el comercio exterior.

El tercer gobierno, segundo de Sanguinetti, aprobó la reforma de la seguridad social (Ley Nº 16.713 del 3 de setiembre de 1995) que permitió canalizar ahorro local para invertir en largo plazo (y las AFAP colocan ahorros de los trabajadores en fideicomisos forestales). Eso implica que la gente del Uruguay, trabajadores, luego jubilados, tengan dinero colocado en este sector que da renta a largo plazo.

Los árboles crecían y eso permitía el desarrollo del sector y todos los servicios conexos, pero era necesario dar el paso a la industrialización de ese producto primario.

El gobierno de Batlle impulsó en 2002 el tratado de protección de inversiones con Finlandia (Ley Nº 17.759 de 12 may. 2004) que daría certezas jurídicas a los inversores interesados en montar una mega planta, como nunca había existido en el país. Y antes de terminar su mandato, Batlle aprobó la primera propuesta para una gran fábrica, la de la finlandesa Metsa-Botnia (febrero 2005). Luego ese proyecto sería comprado por la empresa UPM-Kymmene, también finlandesa.

El quinto gobierno de la democracia, primero del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez enfrentaría una campaña severa de Argentina para rechazar “las papeleras”, pero el líder socialista se impuso y autorizó el inicio de operaciones de UPM (8 nov. 2007). Y además apoyó la de Ence; que luego fue comprada por otro grupo; sueco-fines-chileno (Montes del Plata por sociedad de Arauco Internacional S.A. y Stora Enso OYJ).

El gobierno de Mujica autorizó el incremento de producción de la planta de UPM, ex Botnia (agosto 2013) e inauguró la de Montes del Plata en Colonia (junio 2014).

El séptimo gobierno de la democracia, segundo gobierno de Vázquez, avaló el inicio de trámites para la tercera planta, segunda de UPM (julio 2016) y obtuvo el anuncio formal de la inversión (julio 2019).

El presidente, Luis Lacalle Pou acordó con UPM ajustes al acuerdo en materia de infraestructura vial, energía y de inversiones (15 may. 2020).

Aflojar antes de llegar a la meta

Ocho gobiernos, colorados, blancos y frenteamplistas, socialdemócratas y liberales, socialistas y tupamaros, nacionalistas e internacionalistas. Una continuidad de política de Estado con aval de tantos gobiernos y de tan variado espectro ideológico, que no tiene precedentes.

¿Ahora quebrar eso? Si hubiera un fundamento real, comprobado, de que se trata de evitar un daño grave, podría entenderse, pero sin eso, solo por temores infundados o por rechazo visceral al inversor extranjero, otra vez el Uruguay caería en esa rara costumbre de frenarse ante la cercanía del éxito.

La forestación tiene potencial de crecimiento sin que ello comprometa la producción de otros rubros, y hay chance de aumentar el parque industrial, incluso para productos finales que hoy no se hacen en el país.

Pero todo eso se pone en riesgo, y de alguna forma el Uruguay muestra su peor reflejo, aquel que hace al subdesarrollo, el que está vinculado a falta de persistencia en la búsqueda del progreso, de conformarse con un medio-tanque en lugar de una buena barbacoa, de resignarse a jugar en Segunda sin aspiración a llegar a Primera. Conformarse con un “bueno” y no jugarse por un “sote”.

Hablando de otro tema, de la dificultad del país de mantener una prudencia fiscal hasta llegar a la meta buscada de estabilidad económica, hace muchos años Ramón Díaz dijo que creía haber entendido cuál era el motivo por el cual Uruguay no se desarrollaba, y mencionó “algo profundamente enraizado en el ser nacional”. Fue entonces cuando dijo: “Si hubiera que seleccionar un rasgo de nuestra conformación colectiva, para explicar el enigma de nuestro subdesarrollo, pienso que un buen candidato sería esa frugalidad, esa frivolidad, esa inconsecuencia, que nos hace a los uruguayos aflojar en el esfuerzo, antes de llegar a la meta”.

Duele, pero es así.