El Estado regulador

Para ejemplificar sobre los problemas de gestión detectados, Aramendía dijo a El Observador que al 1º de junio había más de 1.000 expedientes demorados en el Departamento Jurídico y otros 450 en poder de la Secretaría General. 

La preocupación de la funcionaria por la deficiente gestión de la Ursec en la última administración del Frente Amplio, sumada a una investigación judicial y administrativa en curso por el presunto robo y destrucción de documentos públicos en la sede de dicha oficina, son vestigios de males que en parte se explican por la falta de independencia de las agencias reguladoras de los servicios de comunicaciones y de energía y agua.

Es necesario que la Ursec y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) adquieran un estatus de independencia funcional con relación al Poder Ejecutivo, como se propone en la LUC a estudio de la Cámara de Representantes. 

En la comisión especial senatorial para estudio de la LUC, el pasado 11 de mayo, autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, explicaron que el criterio general del gobierno es dotar a las agencias regulatorias del estatus de servicio descentralizado con el objetivo de hacerlas más fuertes. Ello supone conferirles autonomía técnica, funcional y presupuestal, sin las cuales es inviable cumplir con rigor las tareas de control.

Como bien dijo en la discusión el senador frenteamplista Mario Bergara, las políticas, la regulación y la prestación de servicios públicos,son funciones que deben desenvolverse con independencia unas de otras y sin predominio de ninguna de ellas. 

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que un organismo regulador independiente contribuiría a solucionar “fallas de mercado”, por la escasez de oferentes y consumidores, que terminan provocando “lógicas oligopólicas o de concentración”. 

Las agencias reguladoras con independencia técnica y funcional del poder político son la mejor valla protectora para un funcionamiento sano de la economía de mercado e incluso de la democracia. Tiene una importancia similar al Poder Judicial.

No solamente por las fallas del mercado que perjudican el funcionamiento de la economía, sino también para el cumplimiento del ordenamiento jurídico que cuida el interés general de la sociedad en áreas sensibles, como el agua, la energía y las comunicaciones.

La autonomía entonces es para evitar la discrecionalidad del poder político y, al mismo tiempo, vigilar con el mismo rigor al sector privado como al Estado, cuando interviene en la producción de bienes y servicios, particularmente en negocios en posición monopólica o dominante.

Entes regulatorios potentes son unos de los aspectos relevantes y claves de la regulación e incentivos para la competencia y que nos hablan de la verdadera capacidad de un Estado.