El FMI, Estados Unidos y la economía internacional

En el afán de atender a los costos económicos y sociales de la pandemia, los países han incurrido en un incremento importante del gasto público y de la deuda. El año pasado las economías avanzadas tuvieron un déficit fiscal promedio de 11,7% del PIB, en las economías emergentes fue de 9,8% y en los países de menores ingresos, de 5,5%. En particular, el FMI indicó que el costo ha sido proporcionalmente mayor en los países en vías de desarrollo, dado que los gastos sanitarios y la baja de la producción han agravado su ya pesada carga de endeudamiento.

Por ello, con buen criterio, el organismo entendió necesario adoptar una medida de excepción para aliviar ese problema. En marzo pasado, el FMI inició la consideración de una asignación de US$ 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) en beneficio de sus países miembros, con el fin de respaldar la recuperación mundial.

El DEG es una unidad de cuenta del FMI creada en 1969 para complementar los activos de reserva de sus países miembros, en proporción a su cuota en el capital del organismo. Los DEG pueden ser comprados o vendidos en efectivo entre los países, sobre bases voluntarias y bajo la supervisión del FMI. Ello permite a aquellos que están necesitados de liquidez hacerse de fondos con un costo muy conveniente, mediante su venta a los países que están en mejor posición.

La nueva asignación habrá de aportar entonces un refuerzo de liquidez sin incrementar la carga de la deuda. Por tanto, será de especial interés para los países más endeudados. A vía de ejemplo, Argentina habrá de recibir una asignación que podrá mantener como refuerzo de sus reservas o utilizar para el pago parcial de los intereses de su deuda con el FMI.

La creación de los DEG debe ser aprobada por al menos 85% de los votos de la junta de gobernadores, por lo que depende básicamente del voto de Estados Unidos, que tiene el 16,5% del total. En esta ocasión, el gobierno de Biden ha dado su aprobación, reviendo la negativa de Trump, que buscaba impedir una facilidad que también va a alcanzar a los gobiernos de China e Irán. Por tanto, poco o mucho, que es un tema de discusión, la emisión de US$ 650.000 millones es el máximo posible por razones políticas, puesto que es el límite que el gobierno estadounidense puede votar sin recurrir a la aprobación del Congreso, que sería difícil de lograr. Una vez cumplidos los procedimientos de rigor, se espera que la nueva asignación de DEG esté disponible en tres o cuatro meses.

Por separado, el FMI recomendó a las economías más avanzadas que las empresas y personas que han “prosperado” en la crisis de la pandemia paguen un impuesto adicional para mostrar solidaridad con quienes han sido más afectados por ella, aun cuando no fuese necesario por razones de recaudación. Es una recomendación difícil de entender. En esta crisis sanitaria, las empresas cuyas ventas aumentaron son, salvo excepciones, aquellas que permitieron curar, mitigar o sobrellevar lo peor de sus efectos. En algunos casos, como el de las instituciones médicas y su personal, ya están recibiendo diversas formas de reconocimiento. Pero todas las otras empresas solo cumplieron con el negocio para el que fueron creadas o mejoradas y sería un contrasentido que justo ahora, en lo mejor de su aporte social, fueran objeto de un impuesto de excepción. Porque, además, si hay un sistema tributario bien estructurado, seguramente habrán de pagar más impuestos sobre sus ganancias, sin necesidad de una medida “solidaria”.

En simultáneo con estos anuncios del FMI, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió a los otros países establecer un impuesto mínimo de 21% sobre las ganancias globales de las empresas para nivelar la base de esta imposición, en especial sobre las multinacionales. De este modo, se buscaría evitar que ellas desplacen sus negocios a través del mundo trasladando sus ganancias hacia los países de baja tributación o los paraísos fiscales.

La iniciativa estadounidense enfrenta una primera dificultad de importancia, en tanto requiere el apoyo de todos los países más avanzados para lograr una efectiva nivelación de los impuestos sobre las multinacionales. Si bien ella tuvo el inmediato apoyo de los países más importantes del viejo continente, resta conocer la posición de otros como Irlanda, que ha logrado la radicación de un buen número de empresas multinacionales gracias a la tasa de 12,5% del impuesto sobre ganancias.

Además, por ahora hay países como Francia que están en vías de aplicar un impuesto transitorio del 3% sobre los servicios de publicidad en línea y la venta de datos de las empresas tecnológicas cuya facturación anual en el mundo sea mayor a € 750 millones y a € 25 millones en Francia, al menos hasta que se alcance un acuerdo global sobre el tema en la OCDE. Otros países europeos anunciaron una posición similar.

En su momento, y en represalia, el gobierno de Trump amenazó con aprobar un arancel sobre las importaciones provenientes de Europa por considerar que ese impuesto era discriminatorio contra las empresas norteamericanas. Será pues otro tema a dilucidar entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y los países europeos, con resultados que obviamente serán de interés para el resto del mundo.