Fiscal general de Venezuela, Tarek Saab

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El gobierno de Maduro manda a prisión a 42 funcionarios de empresas públicas acusados de corrupción

El fiscal general informó de las detenciones y afirma que se trata de personas que “buscaron desfalcar la economía nacional”. Las cifras estimadas son de unos U$S 3.000 millones. Muchos de los acusados son de PDVSA, la petrolera estatal
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03 de abril de 2023 a las 10:14

Nicolás Maduro no logró el consenso que esperaba de Washington para desbloquear los fondos congelados que tienen ahogada la economía venezolana. O, al menos, no lo logró en los tiempos que esperaba.

Joe Biden estableció una cantidad de puentes con el gobierno chavista, especialmente a través del asesor para América latina Juan González, pero solo extendió una licencia a la petrolera Chevron para operar en territorio venezolano.

No hay noticias de los entre U$S 3.500 y U$S 5.000 millones de dinero estatal venezolano congelado en el extranjero. La Casa Blanca hizo guiños entre mediados y fines de 2022 de que daría confianza a los bancos, fondos de inversión y entidades de crédito donde tienen esos fondos.

Un dato adicional es que la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición establecida en Ciudad de México está tan congelada como esos fondos. Tanto oficialistas como opositores venezolanos pidieron el desbloqueo y plantearon que una parte de ese capital vaya a las arcas del Estado y con otra parte se conformara un fondo de ayuda humanitaria manejado por la ONU. 

Washington, para avanzar en esto, pidió varias veces a Caracas, que hiciera “gestos”. En esa clave debe verse la noticia que se conoció este domingo que muchos ya titularon como una "cruzada anticorrupción”, especialmente en la empresa más grande del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA) pero también en otras entidades públicas que tuvo como blanco a altos funcionarios y empresarios.

La Fiscalía General de Estado, a cargo de Tarek William Saab, informó: "A la fecha, el Ministerio Público logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (...) a la economía nacional".

Saab lo publicó en su cuenta personal de Twitter. Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que "podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos", consigna un despacho de la agencia AFP.

Saab confirmó este domingo que Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), figura entre los nuevos detenidos, así como Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

También fueron arrestados Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la CVG; Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero; Lino Mora, vicepresidente ejecutivo; Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas; y Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación encargada de explotar hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales "estratégicos".

Fuentes judiciales indicaron a la AFP que Maldonado, que también fue director del Banco Central de Venezuela (BCV), formaba parte de una “trama de corrupción” conducida por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante años fue un importante dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que es el partido de gobierno. Roa ahora está detenido.

Entre los delitos imputados a quienes ahora purgan prisión preventiva, están el blanqueo de capitales, la asociación para delinquir y también el de “traición a la Patria”. En medio de estas investigaciones, el pasado 21 de marzo renunció Tareck El Aissami, quien hasta entonces era ministro de Petróleo. Cabe destacar que El Aissami está sancionado por Estados Unidos. Esto confirma que la mirada de Washington sobre esto puede ser tomada como “un guiño” al acercamiento entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca.

Si bien no ha sido revelado el monto del desfalco, ya que la investigación se encuentra en secreto de sumario, los reportes de la prensa venezolana lo cifran en alrededor de U$S 3.000 millones.

El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de “hasta 23.000 millones”, aunque más tarde negó dicha versión. Los acusados se enfrentan a condenas de entre 25 a 30 años, dijo el fiscal Tarek William Saab a la AFP.

La pena máxima en Venezuela es de 30 años. Además, "los bienes incautados provenientes del delito pasan a manos del Estado", añadió Saab, que no descartó más detenciones conforme avancen las investigaciones.

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