Política > Primer bimestre 2024
El Gobierno de Milei recortó la ayuda a mujeres que sufren violencia de género
El gasto en las políticas públicas que apuntan a ayudar a las mujeres que viven situaciones de violencia de género, que deben buscar refugio de hombres que intentaron matarlas o que ejercieron violencia contra ellas y sus hijos, o que buscan ayuda económica para no caer en la indigencia junto a sus niños, fue un 33% más bajo en los dos primeros meses de 2024 que en igual periodo de 2023. Y no es que la cantidad de beneficiarias haya bajado.
“Este ajuste es peor que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%. En el caso del programa Acompañar, en enero y febrero fue de un 69% con respecto a enero y febrero de 2023″, explica Malena Vivanco, economista de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de un informe que elaboró la organización sobre el análisis de las partidas presupuestarias ejecutadas por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello y el gobierno de Javier Milei en los primeros dos meses de este año.
El estudio de la ACIJ analizó el listado de partidas señaladas por el Gobierno en el Presupuesto Abierto como Presupuesto con Perspectiva de Género. Para ser exactos en el análisis, se realizó el ajuste por inflación a partir de datos de IPC-INDEC y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para febrero de 2024.
En total se redujo un 65% la ejecución del presupuesto para los programas que buscan asistir a las mujeres que sufren violencia de género, que incluyen el programa Acompañar y la línea 144, que dependen del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.
El programa Acompañar fue creado por decreto y está dirigido a mujeres y personas del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Les brinda durante seis meses consecutivos un apoyo económico (un Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy en $202.800) y soporte psicológico y social. El objetivo es apoyar a víctimas de violencia que quieran dejar atrás esa situación y puedan independizarse económicamente, ya que en la mayoría de los casos el agresor es quien suele ser el que trabaja mientras ellas cuidan de los hijos. Al irse de esos hogares violentos, se quedan sin techo y sin dinero.
Según informó el diario La Nación, entre los agentes estatales y las ONG que trabajan en estos temas reina la incertidumbre. “Hay mucha incertidumbre. Esta es una nueva gestión, se redefinen planes, pero eso es lo que se ve, incertidumbre”, dijo Marina Salmain, que es abogada de la Defensoría Pública N°3 de la Nación y trabaja con mujeres que sufren violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires. Con la ayuda de trabajadoras sociales, la Defensoría asiste a las afectadas para tramitar medidas cautelares para proteger su integridad física, como órdenes de restricción de acercamiento. También, a gestionar las herramientas que da el Estado en procesos no penales como el acceso a alimentos, al régimen comunicacional y divorcios.
“Podemos seguir derivando casos en riesgo alto y riesgo medio, pero no obtuvimos respuesta concreta de que se otorgaran nuevos pagos del Plan Acompañar. Las trabajadoras sociales dicen que sí hay constancia de que se han pagado cuotas el año pasado y que se dan nuevos ingresos, pero no nuevos pagos”, explica Salmain.
Por otra parte, indica que Acompañar es un plan que funcionó bastante bien, pero que tiene una duración de seis meses. “El Estado ayuda, pero la situación de las mujeres que pasan por violencia de género continúa”, se lamenta.
Qué pasa si se recorta la ayuda
Desde su inicio en 2021, accedieron al programa Acompañar 352.000 mujeres de todo el país. Según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), estas mujeres invirtieron los modestos recursos del programa en medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes, acceder a vivienda segura, retomar sus estudios, empezar capacitaciones técnicas e invertir en emprendimientos para su sostenimiento económico.
Vivanco señala que también el programa Potenciar Trabajo, del cual dos tercios de sus beneficiarios son mujeres, se redujo, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de los primeros dos meses, el 71% en comparación con el primer bimestre de 2023. Los informes del Indec ponderan la importancia de esas ayudas a las mujeres: dos de cada tres personas del grupo de menores ingresos son mujeres.
Además, el programa Registradas, que busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y fomentar su acceso y permanencia en el empleo registrado, si bien sigue teniendo presupuesto asignado, fue eliminado. “El contexto social influye fuertemente en la capacidad de las mujeres sometidas a violencia de género a romper la relación, en sus estrategias de supervivencia y en las posibilidades de mantenerse a salvo. Salir de la relación requiere de recursos materiales, apoyo social y respuestas institucionales, que dejarán de garantizarse con el recorte en la ejecución de partidas”, advirtió la defensora Salmain, quien asegura que es “el Estado el que debe garantizar el derecho de toda persona a vivir sin violencia y sin discriminación”.
Vivanco sintetiza: “Desfinanciar estos programas pondría aún más en riesgo a las personas que recurren a esas políticas públicas. Además, en este contexto de inflación y crisis económica, es clave fortalecer lo que promueve la justicia de género”.
