El kirchnerismo contraataca: Cristina avanza contra la justicia y acusa a Macri de corrupción

Primero, con el discurso de Alberto Fernández al inaugurar las sesiones del Congreso, en el que planteó la necesidad no solamente de reformar la justicia para asegurar un funcionamiento más eficaz, sino que propuso que se instaure un control cruzado desde el Congreso, de manera de poder investigar la actuación de los jueces y eventualmente tomar medidas en los casos de mal desempeño.

La oposición reaccionó con fuerza y se escucharon expresiones como “caza de brujas”, “pelotón de fusilamiento” y hasta “dictadura”.

Desde el punto de vista del kirchnerismo, lo que se intenta es una defensa contra el “lawfare”, que siempre ha denunciado Cristina Kirchner. Se trata de una teoría según la cual se utiliza al poder judicial para perseguir a líderes populares, y de la cual ella misma es víctima, como en su momento lo fue el ex presidente Lula en Brasil.

Pero la estrategia, además de defensa, tuvo su contraataque. Porque mientras avanzan las causas judiciales contra Cristina y su entorno, y cuando el gobierno sufre críticas por temas como el “vacunatorio VIP del covid” que le costó el cargo al ministro de salud, Fernández y Cristina adoptaron la estrategia de acusar al macrismo.

Concretamente, Fernández adelantó que haría una querella contra el ex presidente Mauricio Macri por haber tomado deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Y la pregunta que quedó instalada en la City porteña y en todo el ámbito político qué tan lejos está dispuesto a llegar el gobierno con su iniciativa para castigar a quienes endeudaron al país.

En otras palabras: ¿hay intención de empujar el tema hasta que el punto que se considere que el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios puedan ser condenados por haber tomado una decisión de política económica?

Por lo pronto, lo que los analistas ven claro es que, al acusar al macrismo, se logra el efecto político de suavizar las denuncias contra el propio gobierno.

No por casualidad, el presidente utilizó las expresiones “administración fraudulenta” y “malversación de fondos” para referirse a la actuación de los ex funcionarios macristas. Es decir, no se limitó a calificar la política de endeudamiento como un error técnico pasible de ser cometido por quien maneja la política económica sino directamente como una acción con dolo, en perjuicio directo del Estado.

Cristina y un alegato que causó revuelo

Pero ese clima enrarecido, por la presunción de que el gobierno quería limitar el accionar de la justicia, llegó a su clímax con el potente alegato de Cristina Kirchner, quien habló en una audiencia judicial por una de las causas de corrupción por las que está procesada.

La causa, conocida como “dólar futuro”, acusa al gobierno kirchnerista de haber provocado un perjuicio económico al vender en el mercado de futuros financieros contratos de dólar a 10 pesos, cuando en el mercado paralelo cotizaba a 15 pesos. 

Cristina mantuvo esa estrategia en 2015 para ayudar a sostener el tipo de cambio sin devaluar y dejar que fuera su sucesor quien tuviera que pagar eventualmente el costo político de la medida.

Macri devaluó y, además del costo político, tuvo un costo financiero, porque la diferencia entre el nuevo dólar de mercado y el de los contratos futuros del Central implicó una deuda que hubo que pagar.

En realidad, muchos jueces y casi todos los economistas argumentan que esas medidas económicas pueden ser criticadas desde el punto de vista ético, pero que no constituyen un delito. Y que sería imposible gobernar si cada decisión técnica fuera pasible de ser judicializable.

Pero lo cierto es que el juicio siguió su curso y, después de cinco años, Cristina pudo hacer su alegato, que tuvo amplia repercusión en medios de comunicación. 

Cristina se basó en un informe de peritos contables que establecen que no hubo delito en esa causa de dólar futuro para argumentar que toda la causa fue un intento de desestabilizar el final de su gobierno y ayudar a Macri a ganar la elección de 2015.

Pero fue mucho más allá, porque acusó a jueces y fiscales de interferir en el debate político y de ser responsables de medidas que perjudican a la población.

Tuvo frases muy duras. Por ejemplo, dijo que la justicia argnetina era “un sistema que está podrido y perverso” porque protege a jueces y fiscales corruptos.

Además, al criticar a Macri por el endeudamiento, dijo “yo estoy acá sentada como acusada mientras él está mirando fútbol en Quatar”. Y les dijo a los jueces:

“Ahora los argentinos deben 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables.  No miren para otro lado, porque ustedes causan climas en la República Argentina, que impactan en agentes económicos y así estamos”.

Ayuda involuntaria a Macri

En ese clima de hostilidades y en pleno año electoral, la oposición se prepara para lo que considera “un ataque a la justicia” y una estrategia de persecución política.

Sin embargo, hubo también quienes percibieron una paradoja: el alegato de Cristina podría implicar una involuntaria ayuda a Macri. Porque al basar su defensa en el argumento de que las medidas de política económica no pueden ser cuestión judiciable, de alguna manera extiende ese concepto a los funcionarios macristas que tomaron deuda para evitar un ajuste fiscal y que luego recurrieron al FMI para refinanciar a una tasa más baja. De hecho, la propia Cristina captó que su argumento defensivo implicaba un arma de doble filo, cuando hizo referencia a que ahora en los medios de comunicación notaba una mayor cantidad de opiniones favorables a su inocencia en la causa “dólar futuro”.

“Sospecho que están diciendo esto a partir de que el Presidente decidió iniciar querella criminal por el endeudamiento que se tomó en 2018”, dijo Cristina.

Es por eso que, en adelante, su estrategia consistirá en demostrar que ambos casos no son comparables, dado que en el caso de “dólar futuro” no hubo perjuicio económico mientras que Macri incurrió en violación de normas y además perjudicó las finanzas del país.

Pero a Cristina no le resultará fácil sostener ese argumento, porque el acuerdo con el FMI no incrementó la deuda, sino que implicó cancelar deuda anterior por deuda nueva, a una tasa más baja.

De hecho, cuando Macri acudió al préstamo del FMI, Argentina tenía una deuda total de 320.000 millones de dólares, mientras que cuando dejó el gobierno, había ascendido a 323.000 millones. 

Es decir, una variación mínima.  En cambio, lo que sí varió fue la composición de esa deuda- los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo, que eran acreedores por 29.000 millones de dólares, ahora tienen exigencias por u$s73.000 millones.

Para completar, los ex funcionarios macristas están cuestionando uno de los argumentos principales del gobierno: el de que ahora se esté en un proceso de desendeudamiento.

Según el ex ministro Hernán Lacunza, el año pasado la deuda aumentó más que en el promedio de la era macrista, porque la suba fue de 21.000 millones contra 17.800 millones que tuvo cada año del cuatrienio de Macri como promedio. Lo calificó como “lógico” por la vuelta del déficit fiscal. Y comparó el rojo fiscal de 0,4% de 2019 contra el 6,5% del año pasado. Afirmó que incluso descontando el gasto extraordinario por el covid, el déficit aumentó a un 2,5%. Y advirtió que el actual proceso “tiene inercia”, que se traducirá en una deuda futura. Pero hay más polémica todavía. Porque muchos economistas señalan como falaz el argumento oficial de que es más grave endeudarse en el exterior que hacerlo en el mercado interno.

Y muchos ironizaron respecto de los efectos involuntarios de la estrategia del gobierno. No solamente la autodefensa de Cristina aporta argumentos que se pueden aplicar a los ex funcionarios de Macri, sino que además puede poner en apuros al actual equipo económico. Después de todo, el ministro Martín Guzmán está emitiendo deuda en pesos indexados y bonos ajustables por dólar, mientras el riesgo país está en su nivel récord de los últimos seis meses y el mercado anticipa una devaluación inevitable.