El laborismo británico: una propuesta radical

En tres años, el brexit ya se llevó a dos primeros ministros. En el pasado mes de julio, Boris Johnson llegó al poder prometiendo la retirada de la Unión Europea, con o sin acuerdo, a más tardar el 31 de octubre. Pero en ese intento, acaba de perder tres votaciones sucesivas en el Parlamento. Ahora está obligado a pedir una prórroga si al 19 de octubre no llega  a un acuerdo con la UE. Además, dos veces le fue negado su pedido de una convocatoria anticipada de elecciones. En este proceso, perdió además su mayoría en el Parlamento porque decidió expulsar a veintiún diputados conservadores por votar con la oposición.  

Así que en este año o a más tardar en el próximo, podrían celebrarse  elecciones generales, con un posible triunfo del opositor Partido Laborista. Por ello su programa de gobierno es un tema de alto interés para la isla. No en vano desde hace tres semanas es seguido con detalle por el prestigioso “Financial Times”. Pero no es sólo un asunto de atención para los británicos. Desde hace tiempo, el laborismo inglés es una de las referencias obligadas en la historia de las democracias occidentales.  

Un ejemplo de ello es el gobierno de Clement Attlee inmediatamente posterior a la victoria aliada en la segunda guerra mundial. En su período, fueron nacionalizados el Banco de Inglaterra y las industrias del carbón, el gas, la electricidad, los ferrocarriles, la aviación civil, la siderurgia y fue creado el Servicio Nacional de Salud. Fue un modelo básicamente desmantelado en la década del ochenta, durante el gobierno de Margaret Thatcher, entre otras vías mediante la privatización de las empresas públicas.   

En 1997 el laborista Tony Blair presidió una transformación moderada, basada en el abandono de las ideas socialistas, el respeto a las reformas de la Sra. Thatcher y el aumento del gasto público con fines sociales.  

Ahora, ante la inminencia de una próxima elección, el laborismo está terminando de dar forma a las principales bases de su programa de gobierno, con un retorno a las ideas de Attlee más otras reformas de fondo. 

Así, lo primero es el anuncio de la nacionalización de los ferrocarriles, el agua, el correo y la distribución de la electricidad, una expropiación que presumiblemente habrá de ser financiada con deuda pública. Esta en discusión si este mayor endeudamiento será en detrimento del patrimonio público, puesto que sería en contrapartida de activos productivos, eventualmente pasibles de una re privatización, con un precio que en definitiva dependerá de la gestión empresarial.   

En adición, se creará un Banco Nacional de Inversiones con el fin de apoyar al proceso de capitalización de las empresas mediante la emisión de deuda por £ 250.000 millones. Hay planes para construir un millón de viviendas sociales e impulsar un fuerte impulso a la inversión pública.  

En el sector tributario, habrá un aumento del impuesto sobre las personas que ganan más de £ 80.000 anuales y de la tasa del impuesto sobre las empresas del 19% al 26%. Se creará un impuesto sobre las transacciones financieras. Serán eliminadas las excepciones sobre el impuesto a las ganancias de capital. Los 2,6 millones de propietarios de tierra estarán sujetos a mayores impuestos y habrá de favorecerse el derecho de compra de la tierra por parte de los arrendatarios.  

La legislación laboral será radicalmente reformada, para aumentar “el poder en manos de los trabajadores”, derogando las regulaciones vigentes sobre la acción sindical. Habrá un aumento del salario mínimo y un tope de 20 a 1 en la relación máxima entre la paga de un ejecutivo y el sueldo mínimo de un empleado. Los trabajadores serán nombrados en un tercio de los cargos de los directorios de las empresas. Habrá un retorno a ciertas formas de negociación colectiva.

Es en la redistribución de la propiedad de las empresas privadas donde se plantea la propuesta más avanzada. Ella consiste en la transferencia obligatoria en diez años a favor de los trabajadores del 10% de las acciones de las empresas con más de 250 dependientes. Ellos no podrán venderlas pero serán elegibles para cobrar dividendos por hasta £ 500 al año, mientras que el resto de las ganancias de la empresa será destinado a rentas generales.  El FT estima que este reparto de la propiedad será del orden de £ 300.000 millones a lo largo de diez años.

Aún no está claro si esta redistribución será con una compensación a favor de los propietarios originales. En caso negativo, y sin perjuicio de las diferencias que puedan suscitarse sobre la valuación de las empresas, se abriría una sucesión de reclamos legales que durante años podrían llegar a diversos tribunales europeos e internacionales. 

En estas épocas de cambio, que en un extremo dieron vida a Trump y al brexit, el laborismo camina en una dirección contraria, con una propuesta radical. No son sólo cambios muy avanzados en la tributación y en la legislación laboral. Se trata de instituir una economía muy próxima al socialismo, con importantes sectores de la producción nacionalizados y la   redistribución de una parte de la propiedad de las grandes empresas del sector privado a favor de los trabajadores.