El otro contagio: empresas se empiezan a quedar sin liquidez y toda la cadena se afecta

Descuentos por pago contado 

Ese corte o restricción del crédito ya se vive en la diaria de muchas empresas. Esta semana un almacenero del barrio dejó de reponer un producto de una marca muy conocida. El motivo: el distribuidor le comunicó que solo le podía dejar la mercadería si hacía el pago al contado y no a los 30 días de plazo como venía trabajando hasta ahora. Y no fue un caso aislado. El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) dice que son varios los proveedores que están comunicando cambios en las condiciones de entrega de sus pedidos. Por ejemplo, un frigorífico del abasto -que solía dar no más de tres o cuatro días de plazo- ahora ofrece un precio menor por pago contado. "Ahí tenés un poco la dimensión de la falta de plata. Es un frigorífico grande", me graficó un empresario.  

El comerciante precisó que muchas veces no es el distribuidor el que corta el crédito, sino los propios industriales. Es habitual en el rubro que el fabricante le dé al distribuidor 10 días par el pago de la mercadería, mientras que el distribuidor pone otros 20 días para completar los 30 del comerciante. Sin embargo, ahora algunos proveedores cortaron esa línea de 10 días y los distribuidores no tienen cómo financiar la mercadería que venden al comercio minorista. Según Cambadu, los primeros en ajustar -por una cuestión de escala y  conveniencia- son los pequeños comercios, y aquellos que trabajan "boleta contra boleta" y no tienen cheques.  Algunos distribuidores estaban buscando por estas horas que los fabricantes aceptarán cheques de sus comercios como una forma de pago, pero no era sencillo. Los restaurantes y bares -que quedaron con stocks de productos y hace prácticamente un mes no venden- fueron los primeros que no pudieron hacer frente al pago de sus obligaciones con los distribuidores. "Hay un problema de la liquidez de las empresas porque no están vendiendo y no se están haciendo de fondos", dijo el socio de la consultora CPA Ferrere Bruno Gili. 

Por otro lado, para acceder al crédito pueden existir barreras porque el mercado financiero no estaba esperando un shock de esta magnitud y las necesidades de crédito (liquidez) crecen más rápido de lo habitual y ni la regulación (BCU), la logística, o el menú de financiamiento que ofrecen hoy los bancos son suficientes. 

Gili consideró que la primera medida que tuvo el gobierno de elevar a US$ 500 millones el fondeo del Sistema Nacional de Garantía (SIGA) para las pymes fue correcta, pero hoy ese instrumento no tiene la potencia ni la penetración adecuada en todos los bancos, y  su instrumentación está a cargo de un organismo relativamente joven como la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). El SIGA es una garantía destinada a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que encuentran ciertos obstáculos para poder respaldar su crédito ante una institución financiera. "Capaz que hay que pensar en instrumentos más potentes de garantía para sostener a empresas claves", dijo Gili. 

"Si uno quiere preservar las fuentes de financiamiento con sus características, el elemento esencial es el crédito inter-empresarial", insistió De Brun en su charla. 

¿Quién paga el almuerzo?

Como reza el refrán que varios economistas utilizan como latiguillo "no hay almuerzo gratis" y cualquier medida que se puede diseñar o promover desde el Poder Ejecutivo tendrá su costo. Pero también juegan otras variables como la velocidad de reacción para actuar (timing), el riesgo de que el plan no sea el adecuado o se suban al carro aquellos que no lo necesitan. Son parte de los riesgos a los que está expuesta la política pública cuando la urgencia apremia. 

Sin embargo, hay un patrón que se está repitiendo en las medidas que han tomado prácticamente la mayoría de los países para hacer frente a esta pandemia: un fuerte protagonismo del Estado a la hora dar soluciones. Los países desarrollados y de billetera gorda -como EEUU o los europeos- han descargado un arsenal de liquidez para los motores de sus economías, y para que sus ciudadanos tengan el menor impacto posible con la pandemia y estén listos para el rebote y la vuelta a la normalidad. 

Distinta es la posición de América Latina (incluido Uruguay) donde las restricciones fiscales para instrumentar medidas de estímulos ya eran de frazada corta antes que apareciera este destructivo virus. El gobierno actual asumió con un (preocupante) déficit del 5% del PIB.

"Al final del día tenés un problema de solvencia para ver quién asume ese riesgo de crédito si alguien no paga a futuro. Hay que poner todas las etapas de la película", plantea Gili. Añadió que también está presente un "riesgo moral" porque si se actúa rápido algunos pueden "subirse al carro" de algo que no necesitan. No obstante, indicó que hay "toda una inteligencia" para aplicar por parte del Estado, con "mucha información" que hoy ya tienen organismos públicos como BPS, DGI, e incluso los propios agentes privados.

"Seguramente acá vamos a tener muchas empresas a las que esta crisis se las va llevar puestas y vamos a tener problemas de créditos que no se van a cobrar", aventuró Gili. 

Rama, del Banco Mundial, por ejemplo, dice que esa limitante llevará a los gobiernos a tomar decisiones difíciles y complejas. Por ejemplo, si la coyuntura se agrava se deberá recurrir a la recapitalización de bancos como un escenario posible. "Si eso eso ocurre: ¿cómo se van a socializar esas pérdidas?", se preguntó. Dijo que este tipo de medidas son complejas y extraordinarias porque no se puede apoyar a todos, por lo que se necesitan criterios que cuenten con el mayor consenso político.

De Brun va un poco más allá y dice que hoy el Estado debe hacer los máximos esfuerzos para mantener la máquina en pie sin mirar sectores y empresas para no perder capacidades productivas y humanas en el corto plazo. A su juicio, esa es una de las claves para para que el retorno a la normalidad se parezca más a un formato V (recuperación rápida) -como ocurrió tras la debacle de 2002- y no a otra del estilo U (más lenta y gradual) como se dio tras la "tablita" de 1982.

Este invierno comenzó antes de lo previsto y se extenderá más allá de la primavera. Por ello, habrá que apelar a la imaginación, a la innovación con medidas heterodoxas, y a una capacidad ágil de respuesta desde la política pública. Porque si bien un plan equivocado o presuroso puede tener sus costos, una llegada tardía también puede dejar los mismos efectos o incluso secuelas más dolorosas. Para corregir sobre la marcha siempre hay tiempo.